El objeto básico de esta Ley se centra en atender al requerimiento contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y, en consecuencia, tratar de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud posible de la población, así como dotar al sistema sanitario público de mecanismos para ofrecer una prevención de la salud de calidad. La nueva normativa permite la culminación de la universalización de la asistencia sanitaria pública a los que hasta ahora no tenían acceso a la misma, y establece los cauces para que la salud y la equidad sean consideradas en todas las políticas públicas
Madrid, 23 de septiembre 2011 (medicosypacientes.com)
La nueva Ley de Salud Pública fue aprobada ayer jueves en el Congreso de los Diputados con amplio consenso y con novedades para el sistema sanitario como la culminación de universalización de la asistencia sanitaria pública a fin de extender este derecho, a partir del 1 de de enero de 2012, a todos los españoles residentes en territorio nacional y a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Actualmente, en España hay unas 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la Sanidad pública en España, tanto parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo como determinados colectivos de profesionales colegiados que han estado obligados, hasta ahora, a contratar sus pólizas médicas con mutualidades privadas e seguros.
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha celebrado el desarrollo y aprobación de la nueva normativa, valorando la extensión de la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública. “Supone una nueva concepción del Sistema Nacional de Salud (SNS)”, según ha afirmado.
El objeto básico de esta Ley se centra en atender al requerimiento contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y, en consecuencia, tratar de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud posible de la población, así como dotar al sistema sanitario público de mecanismos para ofrecer una prevención de la salud de calidad. Así, a la respuesta que el sistema sanitario ha dado a lo largo de estos años al requerimiento constitucional de protección de la salud desde la vertiente del cuidado de las personas enfermas, se va acomplementar ahora con la vertiente preventiva y de protección y promoción de la salud.
La normativa, además, establece las bases legales que sustentan las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas en materia de salud pública
Estrategia de Salud Pública
Tras la aprobación de la Ley se pondrá en marcha una Estrategia de Salud Pública que deberá ser aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que propiciará que la salud y la equidad se consideren en todas las políticas públicas, y que definirá las áreas de actuación sobre los factores condicionantes de la salud. Tendrá una duración quinquenal y será evaluada cada dos años.
Por otra parte, se da paso a la creación del Consejo Asesor de Salud Pública en el que estarán representados los Ministerios cuyas políticas inciden en la salud, las CCAA y otros organismos y organizaciones relacionados con la materia.
Asimismo, se establece una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de actuaciones y programas. Esta cartera incluye un calendario vacunal único, “que las comunidades autónomas solo podrán modificar por razones epidemiológicas”.
Algunas de las nuevas garantías que ofrece la normativa pasan, además, por el derecho de los ciudadanos a ser informados en materia de salud pública. Cuando el riesgo sea inmediato la información se proporcionará con carácter urgente.
Está prevista, asimismo, la creación de la Red de Vigilancia en Salud Pública, que incluirá un sistema de alerta precoz y respuesta rápida para la evaluación de incidentes, riesgos, síndromes, enfermedades y otra situaciones que sean una amenaza para la salud de la población. Funcionará las 24 horas del día.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad elaborará una encuesta periódica de salud pública en coordinación con las comunidades autónomas.
Además, se garantiza la prevención y detección precoz de las enfermedades raras, así como el apoyo de las personas que las padezcan y a sus familias.
Otra de las novedades pasa por la consideración de profesión sanitaria titulada y regulada con la denominación de Psicólogo General Sanitario para aquellos licenciados/graduados en Psicología cuando desarrollen su actividad profesional por cuenta propia o ajena en el sector sanitario.
