El doctor Antonio Arrollo ofrece a través de este artículo sus impresiones a cerca del Real Decreto-Ley 16/2012, centrado, sobre todo en lo establecido en el capítulo V dedicado a medidas sobre la prestación farmacéutica, partiendo de que dicha prestación es la que origina uno de los gastos más importantes de la Sanidad pública
Alicante, 7 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)
Conocemos desde hace muchos meses la precaria situación por la que atraviesa la Sanidad Española desde las perspectivas estatal y autonómica. La cuestión está en continuo debate y los diagnósticos bien sindrómicos o patológicos están hechos: endeudamiento, bancarrota, financiación insuficiente, gestión de recursos politizada con derroche de medios, estructuras ineficientes, gran variabilidad entre autonomías en recursos humanos y cartera de servicios (auténticos reinos taifas) compitiendo bajo el principio “yo más que tú”, y como conclusión la necesidad de un PACTO POR LA SANIDAD liderado por el Ministerio de Sanidad, insistentemente reclamado desde la Organización Médica Colegial y desde el Foro de la Profesión, entre otros.
Con el fin de superar estos problemas, ha sido alumbrado el Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el que tras un prolijo preámbulo de justificaciones, haciendo referencia a las situaciones de descoordinación entre los servicios de salud autonómicos con diferencias en las prestaciones que atentan contra la cohesión territorial y equidad, la existencia de un incremento del gasto sanitario, la necesidad de optimizar los modelos asistenciales y farmacéuticos más concretamente como objetivo fundamental la necesidad de afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud que lo dote de solvencia, viabilidad y cohesión.
El Real decreto va desgranando a lo largo de cinco densos capítulos, en los que se legisla sobre la asistencia sanitaria en España, la cartera común de servicios, medidas de cohesión (Fondo de Garantía Asistencial), medidas sobre prestación farmacéutica (IV), medidas en materia de recursos humanos (V).
Pretender hacer un análisis crítico de las medidas que surgirán de su puesta en marcha, algunas de ellas modificarán, derechos consolidados para muchos profesionales del colectivo médico, exigiría extensos debates y escritos más allá de mi limitada capacidad como médico asistencial, pero haciéndole desde la experiencia de mi larga dedicación la asistencia sanitaria, fundamentalmente a la Pública, que comenzó allá por el año 1961, me centraré a lo publicado en el capítulo V dedicado a Medidas sobre la prestación farmacéutica.
La prestación farmacéutica es la que origina uno de los gastos más importantes de la Sanidad Pública y el que la evolución cronológica de la población por su envejecimiento y propensión a las enfermedades crónicas tenderá a aumentar, y por otra parte es la que está planteando conflictos en su realización. Tras su lectura me ha llamado la atención que dicho capítulo ocupa once densas páginas, que suponen casi la mitad de la totalidad de las dedicadas a los restantes capítulos.
Es fácil deducir que pretende hacer frente, prolijamente desarrollado, a las numerosas situaciones que impone el mercado farmacéutico, en cuanto a genéricos y marcas. Los médicos y los Colegios Profesionales hemos comprobado que surgen conflictos relacionados con la “Sagrada” libre prescripción del profesional, el dirigismo administrativo sobre el producto más conveniente, los programas de intercambio terapéutico (sirva de ejemplo la Guía Farmacéutica de Centros Penitenciarios), medicamentos clínicamente equivalentes, dispensación preferente de los llamados “genéricos”, la controvertida intervención de los Farmacéuticos con su potestad para sustituir medicamentos, etc.
A ello hay que añadir el concepto de la bioapariencia que tanto valora hoy por hoy el ciudadano, el cual relaciona forma y color de la presentación con efectividad curativa.
Por todo lo expuesto creemos que habría que innovar hacia la creación de una herramienta de prescripción sencilla, uniforme, practica, equitativa y solidaria, y según mi modesta y tal vez simplista opinión, se lograría con la creación de un “Vademecum”, o catalogo del Sistema Nacional de Salud de financiación pública a modo de aquel PETITORIO del Seguro Obligatorio de Enfermedad, que fue derogado en 1964. Aunque sea obvio resaltar debe contener todos los medicamentos necesarios para curar, aliviar y prevenir cualquier enfermedad o patología que pudieran padecer los ciudadanos. Como es lógico, dicho catálogo estaría permanentemente abierto para retirar productos ineficaces e incorporar las nuevas formulas que aconseje la evidencia clínica.
Aprovechemos la ocasión que nos ofrece la crisis para centrarnos en REALIZAR LO ESENCIAL Y ALIGERARSE DE LO SUPERFLUO y así llevar a efecto unos cambios absolutamente necesarios, que ya debieron hacerse mucho antes en un clima de sosiego y que hoy se tienen que hacer con prisas y nerviosismo, para de esta manera hacer sostenible nuestra Sanidad Universal, gratuita y de calidad.
Dr. Antonio Arroyo,
presidente del Colegio de Médicos de Alicante
