Una minoría de Estados miembros, entre los que figura España, consiguió bloquear ayer la propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez manifestó desde Bruselas que nuestro país mantiene una ?reserva general? frente esta directiva, ya que, en su opinión, ?hay bastante discusión y desencuentro en torno a la misma, no estando madura todavía para alcanzar el acuerdo?
Madrid, 2 de diciembre 2009 (medicosypacientes.com/Europa Press)
Una minoría de Estados miembros de la UE, entre ellos, Portugal, Polonia, Grecia, Rumanía, Lituania, Eslovaquia y España impidió ayer en Bruselas que la propuesta de directiva europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza prosperase, tal como pretendía la presidencia sueca de la UE, a punto de finalizar.
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, asistió a la correspondiente reunión de Ministros de Sanidad de la UE, en cuyo orden del día figuraba llegar a un acuerdo político sobre el texto. Jiménez explicó que ?España mantiene una ?reserva general? contra esta directiva?, ya que, en su opinión, ?hay bastante discusión y desencuentro en torno a la misma y todavía no está madura para alcanzar el acuerdo?. De ahí que le toque a España, durante su presidencia en los próximos seis meses avanzar sobre dicha normativa.
La presidencia sueca, que aspiraba a la aprobación de la normativa, había presentado dos nuevas propuestas de compromiso, la inclusión de que el ciudadano pudiera acudir a cualquier tipo de servicio sanitario no sólo a los públicos, y que el Estado miembro de afiliación fuese el mismo que el de residencia. En cambio, la pretensión de las autoridades sanitarias españolas es que el país que se haga cargo del servicio sanitario prestado sea el de la nacionalidad del paciente y en el que haya cotizado a la Seguridad Social, y no aquél en el que reside.
La propuesta de directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza, presentada por la Comisión Europea en julio de 2008, persigue el establecimiento de un marco general para la libre circulación de pacientes y de servicios sanitarios entre los Estados miembros de la Unión Europea. Posteriormente, se hizo una primera lectura en el Parlamento Europeo el pasado 23 de abril.
