La resolución favorable de 30 303 homologaciones de títulos de Medicina en España en 2025 se ha presentado como un éxito de gestión. La cifra es oficial, inédita y muy superior a la de años anteriores. Por ejemplo, en 2023 y 2024 se homologaron 8845 y 8865 títulos respectivamente, más que egresados en España en ese mismo periodo aunque con ratios de 1.4. Con esta reciente medida, la ratio entre homologaciones y egresados se sitúa en 4.46 homologaciones por cada médico formado en nuestro país, se ha cuatriplicado.
La pregunta es, ¿esta mejora administrativa conduce hacia una política sanitaria definida y responsable?
Desbloquear expedientes atrasados podría ser necesario. Nadie puede defender la parálisis burocrática en una materia tan sensible. Lo que resulta mucho más difícil de defender es que una entrada de esta magnitud en el mercado profesional médico se produzca sin una explicación pública suficiente sobre su encaje en la planificación real de necesidades del sistema sanitario. Porque una política seria no se mide solo por lo que agiliza, sino por lo que ordena.
Y ahí está el verdadero problema. España no necesita simplemente “más médicos” en abstracto. España necesita una planificación rigurosa de profesionales por especialidad, territorio, nivel asistencial y horizonte temporal. El propio Ministerio de Sanidad mantiene estudios específicos de oferta y necesidad de médicos especialistas hasta 2035, precisamente porque el problema nunca ha sido solo cuantitativo, sino cualitativo y distributivo.
Por eso, convertir una homologación masiva en una supuesta respuesta estructural a las carencias del sistema es, como mínimo, intelectualmente impropio. La homologación del título de Medicina no equivale al reconocimiento de una especialidad, que sigue un procedimiento distinto. Por tanto, presentar estas cifras como si resolvieran por sí mismas los déficits asistenciales del Sistema Nacional de Salud simplifica de forma inaceptable un problema mucho más complejo, es más, genera uno más y de una magnitud enorme.
Lo verdaderamente inquietante no es que se homologue. Lo inquietante es que se homologue masivamente sin una estrategia visible que responda a preguntas elementales: ¿qué especialidades necesita realmente España?, ¿en qué territorios?, ¿con qué previsión de jubilaciones?, ¿con qué capacidad de absorción del sistema?, ¿con qué coordinación con la formación sanitaria especializada?, ¿con qué evaluación del impacto laboral y profesional? Cuando estas preguntas no se contestan, la medida deja de parecer una política de ordenación y empieza a parecer una operación de efecto.
Y una operación de efecto puede salir muy cara.
Puede salir cara al sistema, porque sustituye la planificación por la improvisación. Puede salir cara a los profesionales jóvenes, porque altera de forma brusca las expectativas de acceso, estabilidad y desarrollo en un mercado ya tensionado. Puede salir cara a la profesión médica en su conjunto, porque transmite la idea de que el problema sanitario se resuelve ampliando oferta sin necesidad de revisar condiciones laborales, modelo organizativo o reconocimiento profesional. Y puede salir cara, sobre todo, a la ciudadanía, porque la buena asistencia no depende solo de cuántos médicos haya sobre el papel, sino de cómo se integran, en qué condiciones trabajan, con qué cualificación específica y dentro de qué proyecto sanitario.
Ese es el punto que no debe eludirse: una política de recursos humanos sin planificación no corrige los problemas estructurales, los desplaza. España sigue arrastrando conflictos no resueltos sobre condiciones laborales, sobre precariedad, sobre dificultad para cubrir determinadas plazas, sobre desgaste profesional y sobre pérdida de atractivo de algunas especialidades y ámbitos asistenciales. Al mismo tiempo, el Gobierno sigue apelando a reforzar la formación sanitaria especializada y a adoptar medidas extraordinarias para cubrir vacantes en áreas deficitarias, lo que demuestra que homologar más no basta para resolver el fondo del problema.
Por eso resulta tan preocupante el mensaje implícito de esta decisión. Da la impresión de que las políticas sanitarias actuales no están orientadas a proteger ni a potenciar la profesión médica, sino a gestionar sus déficits de forma reactiva. No se actúa sobre las causas de la desafección profesional. No se refuerza suficientemente el valor del acto médico. No se corrige con decisión el deterioro de las condiciones de ejercicio. No se ofrece un marco claro de desarrollo profesional. Pero, en cambio, sí se abren de manera masiva las compuertas de entrada al sistema, como si la profesión pudiera absorber cualquier volumen sin consecuencias.
Conviene que desde la profesión médica lo trasmitamos sin complejos porque es nuestra responsabilidad proteger la calidad asistencial, la seguridad del paciente y los valores del sistema nacional de salud. La medicina no es un mercado indiferenciado de mano de obra cualificada. Es una profesión regulada, de alta complejidad técnica, enorme exigencia ética y máxima trascendencia social. Precisamente por eso no puede someterse a decisiones cuantitativas desprovistas de una visión estratégica de conjunto.
La irresponsabilidad no está en reconocer el mérito y la capacitación de quienes solicitan homologación. La irresponsabilidad está en hacerlo en masa sin acompañarlo de una verdadera política de ordenación profesional. La irresponsabilidad está en introducir decenas de miles de médicos en el sistema sin explicar cómo se protege el equilibrio entre formación, especialización, empleo, calidad y sostenibilidad. La irresponsabilidad está en confundir la resolución de un cuello de botella administrativo con la solución de un problema estructural del Sistema Nacional de Salud. La irresponsabilidad está en hacerlo mediante un modelo que comparativamente con el resto de Europa no garantiza las competencias para ejercer la medicina.
España, a diferencia de otros países como Francia, Portugal, Alemania y Reino Unido, no exige una prueba de conocimientos o competencias antes de la homologación ni cuenta con las instituciones médicas para este proceso. Esto crea una asimetría clara en nuestro entorno europeo convirtiendo a España en el país más accesible y el que genera una diferencia de exigencias entre sus egresados y los homologados.
En definitiva, en medicina, actuar sin diagnóstico suficiente es mala praxis. En política sanitaria, también.
Homologar sin planificar no es una muestra de modernización. Es una grave irresponsabilidad. Y cuanto antes se diga, mejor.
Mª Isabel Moya
Vicepresidenta 1ª de la OMC
