Los planes de la Administración sanitaria pasan por que el borrador de la normativa, pionera en España, sea presentado en octubre para poder iniciar el debate parlamentario en verano de 2009
Sevilla, 27 de junio 2008 (Redacción/Europa Press)
Andalucía ha iniciado el debate para la Ley de Dignidad ante el Proceso de la Muerte con la reunión de los 20 miembros que integran el Comité Autonómico de Ética e Investigación, durante la cual se ha presentado la ponencia ?Ética y Muerte Digna?. Dicha ponencia permitirá, según ha informado la propia Consejería de Sanidad sentar las bases de la futura normativa andaluza que regulará un derecho reconocido en el Estatuto de Andalucía y que, en palabras de la consejera Mª Jesús Montero, que presidió el acto, es ?fundamental para una sociedad avanzada y madura como la andaluza?.
Montero, recordó, posteriormente, ante los medios de comunicación, que esta ley, ?pionera en el conjunto de España? tiene su razón de ser ?en un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía?, y subrayó que la comunidad «tiene competencias» para regular todos los aspectos relativos al proceso de atención para una muerte digna, a excepción, «lógicamente», de los dos preceptos que el Código Penal tiene tipificados como delito: la eutanasia activa y el suicidio asistido.
La consejera de Sanidad de Andalucía aclaró, además, que con la futura ley lo que se pretende es «acotar y disminuir la variabilidad de interpretaciones» que se están dando en estas cuestiones, «otorgar al paciente mayor peso» en las decisiones finales y dispensar al profesional un marco contextual en el que poder desenvolverse.
En concreto, se refirió al acceso a la sedación paliativa terminal, «para evitar el sufrimiento de estos pacientes»; el rechazo al tratamiento en caso de la petición expresa del enfermo; la suspensión de la atención médica por muerte encefálica, la prohibición del encarnizamiento terapéutico o la regulación de la toma de decisiones de las personas que se encuentran en fase terminal.
Montero informó que en la ponencia del Comité también se prevé incluir la objeción de conciencia para analizar en qué casos se podrá alegar y en cuáles no, un derecho «que siempre tendrá que ser ejercido por un profesional, ya que nunca una institución o centro, ya sea público o privado, nunca podrá alegar objeción de conciencia».
Borrador, en octubre
Las aportaciones que realicen los miembros del Comité de Ética e Investigación serán incorporadas al trabajo que están llevando a cabo los expertos encargados de la elaboración del borrador de Ley, que se prevé pueda ser presentado ante el Consejo de Gobierno en octubre de este año para poder iniciar el debate parlamentario en verano de 2009.
Así, el comité acogerá una primera aproximación a los diferentes conceptos que surgen cuando se habla de muerte digna tales como eutanasia, limitación de esfuerzo terapéutico, rechazo de tratamiento o denegación de consentimiento, sedación paliativa o suspensión de atención médica por fallecimiento.
Los miembros del comité comenzarán a enmarcar algunos de los aspectos claves que tendrán que ser incluidos en la normativa, como el acceso a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor, establecer el derecho de atención sanitaria en el domicilio, prohibir la obstinación terapéutica o regular la toma de decisiones de las personas en situación terminal.
La voz de los pacientes
El presidente del Foro Andaluz de la Familia, Juan Jurado, expresó su deseo de que la Junta escuche a las asociaciones de familiares de enfermos antes de llevar el borrador al Parlamento para su tramitación, al tiempo que manifestó que el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios ?es un derecho constitucional que no necesita ser defendido ni regulado por las Administraciones?.
De otro lado, reclamó que el Comité autonómico de Ética e Investigación, responsable del debate sobre las posibles casos que pueda contemplar la norma bajo la ponencia ‘Ética y Muerte digna’, debería de estar formado por ?profesionales independientes que no fueran nombrados por la consejera de Salud».
Finalmente, Jurado consideró que mientras la Junta tiene «entretenida» a la población con el debate acerca de leyes tan «polémicas» como ésta, se soslayan los «verdaderos» problemas de la sanidad en Andalucía, entre los que citó las listas de espera o la reivindicación del derecho de los pacientes a disponer de un mínimo de diez minutos de atención por consulta.
