Desde el punto de vista asociativo, los profesionales de la salud mental, junto a las asociaciones de usuarios y familiares, consideran necesario intervenir para la consolidación, corrección y ampliación de al ley de Dependencia para que ?se traslade el énfasis que hace esta norma sobre la dependencia como vía sin retorno hacia la discapacidad total, hacia un fomento de la autonomía personal y una mayor intervención en los distintos tramos del desarrollo de la vida de la persona y de la evolución de la enfermedad?
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de abril 2009 (Medicosypacientes.com)
El colectivo de profesionales que trabajan con enfermos mentales en Gran Canaria se han reunido en el Colegio de Médicos de Las Palmas, con Francisco Rodríguez Pulido, presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental, para que conocer en profundidad las repercusiones de la aplicación de la Ley de Dependencia en la asistencia de la salud mental en general y de las personas con trastorno mental severo.
El doctor Rodríguez Pulido apuntó que si bien estos profesionales valoran positivamente dicha ley porque consideran que favorece a las personas en situación de exclusión social, como es el caso de las que padecen alguna enfermedad mental grave, hay que consolidarla, ampliarla y corregirla. Así, el presidente de la Sociedad Canaria de Neuropsiquiatría declaró que los principales puntos en los que hay que incidir son la potenciación aspectos como la autonomía personal; definir con claridad, de aquí al 2013, una oferta pública de servicios de prestaciones sociales y sanitarias adecuadas para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos con enfermedad mental severa a ser atendidos oportunamente; y permitir el desarrollo de aquellos programas específicos de rehabilitación y hábitos de vida saludable que contempla esta ley, teniendo en cuenta a los pacientes con enfermedad mental.
?Teniendo en cuenta que se trata de una ley que es competencia de las Comunidades Autónomas y de sus servicios sociales, queremos hacer un llamamiento a que el Sistema Sanitario se implique en el marco de la coordinación y cooperación que la propia Ley de Dependencia establece, como servicio social?, dijo Rodríguez Pulido. El experto destacó que en Canarias, en los últimos 10 años, se ha logrado que los servicios sanitarios y los servicios sociales garanticen una continuidad de cuidados a los enfermos con enfermedad mental grave y ahora se corre el riesgo de perder este avance?. ?La preocupación es que esta ley, si no se desarrolla y aplica con una perspectiva adecuada, puede provocar una separación de los servicios sociales y sanitarios que consideramos deben ir de la mano en la atención de los dependientes y sus familias. Nuestro llamamiento es para haya una mayor implicación de los servicios sanitarios y sociales en el desarrollo de la Ley de Dependencia?, determinó el experto.
Rafael Inglott Domínguez, director de P.I.R.P. del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín informó que en la reunión que mantuvieron el pasado mes febrero un grupo de profesionales de la salud mental con la Consejería de Sanidad trataron los dos ámbitos fundamentales en los que estos profesionales quieren intervenir: el ámbito asociativo y el ámbito asistencial diario. Desde el punto de vista asociativo, los profesionales de la salud mental, junto a las asociaciones de usuarios y familiares, consideran necesario intervenir para la consolidación, corrección y ampliación de al ley de Dependencia para que ?se traslade el énfasis que hace esta norma sobre la dependencia como vía sin retorno hacia la discapacidad total, hacia un fomento de la autonomía personal y una mayor intervención en los distintos tramos del desarrollo de la vida de la persona y de la evolución de la enfermedad?. Y desde el ámbito asistencial, estos profesionales quieren estar más en contacto con ?la realidad de la aplicación de dicha normativa y estar más presentes en todo y cada uno de los momentos en los que la persona con discapacidad empieza a ejercer sus derechos?.
Francisco Rodríguez Pulido valoró que los principales frentes de batalla para mejorar la asistencia a las personas con enfermedad mental en Canarias son cinco. Primero, la Atención Primaria. Segundo, constituir una asociación tutelar pública para que los enfermos y sus familias se vean protegidos en caso del fallecimiento del enfermo cuando éste tiene hijos o para gestionar el patrimonio de una persona con enfermedad mental grave. Tercero, dimensionar, de cara los próximos diez años, las demandas de nuevas plazas de centros de rehabilitación psicosocial y de alojamiento. Cuarto, mejorar los aspectos relativos a la presencia de los problemas mentales en personas mayores, abriendo los recursos y los dispositivos de las personas de la Tercera Edad, hacia aquellas que han venido padeciendo problemas mentales y que el padecer estas patologías no sean un motivo de discriminación social, ni de alojamiento en los centros. Y quinto, mejorar los aspectos relativos a los trastornos de personalidad y su abordaje en nuestra comunidad.
