La vacunación constituye uno de los mayores logros de la historia de la humanidad. Gracias a ella, enfermedades que durante siglos provocaron millones de muertes, discapacidad y sufrimiento han sido controladas, reducidas drásticamente o incluso eliminadas en amplias regiones del mundo. Pocas intervenciones sanitarias han demostrado un impacto tan profundo y tan universal sobre la salud de las personas y de las sociedades.
Sin embargo, en un momento en el que la ciencia y la medicina han alcanzado avances extraordinarios, asistimos con preocupación a un fenómeno que parecía superado: el resurgimiento de enfermedades prevenibles mediante vacunación. El sarampión, paradigma de una enfermedad que creíamos bajo control, vuelve a protagonizar brotes en numerosos países y ha recuperado niveles de incidencia no vistos en décadas debido al descenso de las coberturas vacunales y a la creciente influencia de la desinformación. La OMS y UNICEF alertaron de que Europa registró más de 127.000 casos de sarampión en 2024, la cifra más alta en más de 25 años, y han insistido en que la pérdida de confianza en las vacunas está detrás de este preocupante retroceso.
La situación es especialmente inquietante porque el sarampión no es una enfermedad banal. Es uno de los virus más contagiosos que existen y puede causar neumonías graves, encefalitis, secuelas permanentes e incluso la muerte. Para evitar su circulación es necesario alcanzar coberturas vacunales superiores al 95 %. Cuando estas disminuyen, el virus encuentra espacios para volver a propagarse.
A este desafío se suma otro igualmente preocupante: la reducción de las tasas de vacunación entre algunos colectivos profesionales, incluidos determinados grupos de trabajadores sanitarios. Los expertos llevan años advirtiendo de que las coberturas vacunales entre los profesionales de la salud no siempre alcanzan los niveles deseables, en parte por una baja percepción del riesgo y por dudas injustificadas sobre determinadas vacunas.
Los profesionales sanitarios tenemos una responsabilidad añadida. No solo debemos proteger nuestra propia salud, sino también la de los pacientes más vulnerables con los que convivimos cada día. Una persona inmunodeprimida, un recién nacido o un paciente anciano confían en que quienes les atienden actúen conforme a la mejor evidencia científica disponible. La vacunación forma parte de esa responsabilidad ética y profesional.
Vivimos, además, una época en la que la información circula a una velocidad sin precedentes. Nunca había sido tan fácil acceder al conocimiento, pero tampoco había resultado tan sencillo difundir falsedades. Las redes sociales y algunos canales digitales han amplificado mensajes que ponen en duda descubrimientos científicos sólidamente demostrados. La consecuencia es que la opinión, en ocasiones, pretende situarse al mismo nivel que la evidencia.
No podemos permitirlo. La ciencia no es una creencia ni una cuestión ideológica. Es un método de conocimiento basado en la observación, la contrastación y la demostración. Gracias a ella hemos erradicado la viruela, reducido la mortalidad infantil, aumentado la esperanza de vida y transformado enfermedades letales en patologías prevenibles o tratables. La vacunación es uno de sus mayores éxitos. La OMS estima que solo la vacuna frente al sarampión evitó cerca de 59 millones de muertes en el mundo entre 2000 y 2024.
Por eso, cuando se cuestionan las vacunas sin base científica, no se está planteando un debate legítimo entre opciones equivalentes. Se está comprometiendo la salud colectiva. La desinformación sanitaria tiene consecuencias reales: niños sin inmunizar, brotes evitables, ingresos hospitalarios, complicaciones graves y vidas perdidas.
Y resulta especialmente grave que sean algunos profesionales sanitarios quienes cuestionen la vacunación, uno de los mayores avances de la humanidad, junto al acceso al agua potable, en la historia de la salud pública. Quienes lo hacen no incurren únicamente en una irresponsabilidad profesional: confunden a la ciudadanía, erosionan la confianza en la ciencia y contribuyen a generar un riesgo real para la salud colectiva. Cuando se siembra una duda injustificada sobre una intervención que ha salvado millones de vidas, las consecuencias no son teóricas ni inocuas: pueden traducirse en enfermedades, complicaciones y muertes perfectamente evitables.
La libertad de opinión no exime a ningún profesional sanitario de su responsabilidad de actuar conforme a la mejor evidencia científica disponible. Quien tiene la responsabilidad de cuidar no puede convertirse, por acción u omisión, en un factor de riesgo para aquellos a quienes debe proteger. La discrepancia científica es legítima y necesaria cuando se fundamenta en datos y métodos rigurosos. Lo que no resulta aceptable es presentar como equivalentes la evidencia contrastada y las afirmaciones sin fundamento, especialmente cuando quien lo hace goza de la confianza que la ciudadanía deposita en un profesional sanitario.
Frente a ello, la profesión médica debe desempeñar un papel fundamental. Los médicos somos depositarios de una responsabilidad que va más allá del diagnóstico y del tratamiento. Tenemos el deber de informar con rigor, desmontar bulos, explicar de forma comprensible los beneficios y riesgos reales de las intervenciones sanitarias y reforzar la confianza de la ciudadanía en la evidencia científica.
Pero esta tarea no corresponde únicamente a los profesionales sanitarios. La defensa de la ciencia es una responsabilidad compartida por instituciones, administraciones, educadores, medios de comunicación y por la sociedad en su conjunto. Porque cuando la evidencia retrocede, avanzan la incertidumbre, el miedo y la enfermedad.
Las vacunas representan mucho más que una herramienta de prevención. Son un símbolo de progreso, solidaridad y confianza en el conocimiento. Cada persona vacunada se protege a sí misma, pero también contribuye a proteger a quienes no pueden vacunarse o presentan una respuesta inmunitaria insuficiente. Esa es la esencia de la salud pública: comprender que nuestra salud individual está profundamente conectada con la salud de los demás.
Hoy, más que nunca, debemos reivindicar el valor de la vacunación y de la ciencia. No como una cuestión técnica, sino como un compromiso con la vida, la equidad y el bienestar común. Porque las vacunas han salvado millones de vidas. Y seguirán haciéndolo si somos capaces de defender la evidencia frente al ruido, el conocimiento frente a la desinformación y la responsabilidad colectiva frente a la indiferencia.
Ese es el compromiso de la profesión médica. Y también nuestra obligación con las generaciones presentes y futuras.
Tomás Cobo Castro, presidente de la Organización Médica Colegial de España
