La reciente alerta emitida por la Asociación Médica Británica saca a la luz una realidad estremecedora pero tristemente predecible: el uso reiterado de profesionales no médicos para cubrir vacantes y sustituir a facultativos en las guardias del servicio público de salud británico (NHS) está poniendo en grave riesgo la vida de los pacientes. Los casos documentados —desde diagnósticos de cáncer omitidos hasta niños con meningitis dados de alta sin la valoración adecuada— no son hechos aislados. Son el síntoma inevitable de un sistema que ha decidido atajar a costa de la seguridad clínica.
Lo que ocurre hoy en Inglaterra, o la deriva experimentada desde hace años en Estados Unidos con la expansión sin freno de competencias en perfiles no médicos, marca un rumbo hacia el que la sanidad no debe caminar jamás. Cuando la administración promueve o condona que otras profesiones asuman roles que corresponden al médico, se desencadena un fenómeno peligroso: se exigen mayores atribuciones y retribuciones, pero sin aportar las cualificaciones ni los años de formación equivalentes. Una experiencia sobre la que la propia BMA ya ha advertido formalmente en los foros de la Asamblea Médica Mundial.
Es crucial dejar algo bien claro: esto no es una crítica hacia nuestros compañeros de los equipos multidisciplinares. Enfermeros, farmacéuticos o paramédicos desempeñan una labor abnegada, durísima y fundamental en el entramado asistencial. La responsabilidad no es suya; la irresponsabilidad reside en los gestores y en la administración pública que, cegados por el ahorro económico o la incapacidad de planificación, los colocan en una posición insostenible, comprometiéndoles a asumir responsabilidades y tomar decisiones para las que no han sido instruidos. Y, lo que incansablemente repetimos, el que no entienda en el siglo XXI año 26 que la atención al paciente es multidisciplinar, no ha entendido nada, pero de la misma manera el que no entienda que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares corresponde al médico tampoco ha entendido nada.
Los médicos llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, y la postura que defendemos no responde, en absoluto, a una rabieta ni a un afán corporativista. Responde a una cuestión estricta de responsabilidad y deontología. Los médicos somos los últimos responsables del acto médico. Y lo somos porque hemos dedicado, como mínimo, entre 12 y 13 años de exigente estudio, formación continuada y entrenamiento clínico para adquirir unas competencias específicas. Ese gigantesco esfuerzo no es un título para colgar en la pared: es la única garantía que permite que, cuando un ciudadano nos entrega la vida de sus seres queridos, tenga la certeza absoluta de que están en manos seguras.
El acto de prescribir un tratamiento o indicar un fármaco no es un simple trámite burocrático; es la consecuencia lógica e indisoluble de un proceso previo mucho más complejo: el diagnóstico. Así lo ha respaldado recientemente la Audiencia Nacional en España al suspender guías de indicación enfermera que desdibujaban esta frontera. Sin un diagnóstico certero —fruto de la integración de conocimientos neurofisiológicos, farmacológicos y patológicos complejos—, la prescripción se convierte en un juego de azar.
Es urgente fijar límites claros y marcos de competencia bien definidos. La solución a la falta de personal jamás puede ser la sustitución barata o la dilución de las exigencias formativas. La administración debe despertar, abandonar el sesgo economicista y garantizar que cada profesional actúe dentro de su ámbito, garantizando las plazas de formación necesarias para que los médicos sigan haciendo aquello para lo que se han preparado. Nos va en ello la confianza, la excelencia y, sobre todo, la vida de los pacientes.
