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Médicos de todo el mundo reclaman proteger a los médicos y la atención sanitaria en los conflictos armados

La Asociación Médica Mundial (AMM) aprobó en su última Asamblea General la Declaración de Róterdam sobre la Protección de la Neutralidad Médica en Tiempos de Conflicto Armado y Otras Situaciones de Violencia, un nuevo documento con el que reafirma la obligación de proteger a los profesionales sanitarios y garantizar que puedan atender a los pacientes de manera imparcial, segura e independiente.

La declaración establece que la neutralidad médica combina dos principios: por un lado, el deber de los médicos y del resto del personal sanitario de prestar una atención imparcial; por otro, la obligación de los Estados, las autoridades de facto y las partes implicadas en los conflictos de proteger al personal sanitario y la asistencia médica.

La AMM subraya que los principios de la ética médica son los mismos en tiempos de conflicto armado que en tiempos de paz y recuerda que la asistencia sanitaria está amparada por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), independientemente de que utilice o no emblemas distintivos como la Cruz Roja, la Media Luna Roja o el Cristal Rojo.

Ciberataques, IA y detenciones

El documento amplía además el concepto de ataques contra la atención sanitaria. La AMM advierte de que estos no se circunscriben a las agresiones físicas, sino que también pueden incluir ciberataques, el uso de inteligencia artificial y la negación de suministros esenciales. Asimismo, considera vulneraciones de la neutralidad médica el arresto arbitrario, el procesamiento, la detención, la tortura o los malos tratos al personal sanitario.

La declaración reconoce igualmente el derecho de los médicos y demás profesionales sanitarios y, cuando exista una exigencia ética o legal, su responsabilidad de documentar y denunciar posibles vulneraciones del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos que afecten a pacientes, profesionales o instalaciones sanitarias.

Atención sin represalias ni interferencias

Entre sus recomendaciones, la AMM insta a todas las partes implicadas en un conflicto a respetar en todo momento la neutralidad médica, de manera que los profesionales puedan atender a los pacientes con independencia de su papel en el conflicto, sin temor a sanciones, intimidaciones o interferencias. También reclama garantizar un acceso libre y seguro a la atención sanitaria y disponer de medicamentos, equipos y otros recursos esenciales.

La organización pide además la liberación inmediata y sin condiciones del personal sanitario que haya sido detenido, arrestado o sancionado únicamente por prestar asistencia médica, incluso cuando haya atendido a combatientes de la parte contraria.

Investigación de las vulneraciones

La declaración reclama a las autoridades estatales y de facto que adapten sus legislaciones a sus obligaciones internacionales, informen a los profesionales sanitarios sobre sus deberes éticos y formen a las fuerzas armadas acerca de las protecciones que el Derecho Internacional Humanitario reconoce a la asistencia sanitaria.

Asimismo, solicita que las denuncias de vulneraciones que afecten a la atención médica sean investigadas de forma independiente e imparcial o, cuando corresponda, remitidas a mecanismos internacionales de rendición de cuentas, como la Corte Penal Internacional (CPI).

La AMM dirige también varias peticiones a Naciones Unidas, entre ellas que los Estados y grupos armados responsables de ataques o amenazas contra la atención sanitaria sean identificados en los mecanismos pertinentes de la ONU y que se designe un Relator Especial sobre la protección de la salud en los conflictos armados y otras situaciones de violencia.

Por último, la organización hace un llamamiento específico a las asociaciones médicas nacionales para que se opongan públicamente a las vulneraciones de la neutralidad médica, incluso cuando sean cometidas por su propio Estado, defiendan los deberes éticos de la profesión por encima de lealtades nacionales, políticas o militares y apoyen a los profesionales que sufran represalias por prestar una atención imparcial.

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