La publicidad sanitaria afronta nuevos desafíos en un entorno marcado por las redes sociales, la desinformación y la aparición de contenidos generados mediante inteligencia artificial. Sobre estos retos y la necesidad de reforzar la protección de los pacientes intervino la vicepresidenta primera de la OMC, Rosa Arroyo, en la mesa «Publicidad sanitaria y protección al paciente: la necesidad de un nuevo marco regulatorio», celebrada en el marco del XXXII Congreso de Derecho Sanitario.
Durante su intervención, Arroyo, también coordinadora del Observatorio contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas Sanitarias de la OMC, repasó la normativa que actualmente regula la publicidad y promoción de productos, actividades y servicios relacionados con la salud. Entre ellas figuran la Ley General de Publicidad, la Ley General de Sanidad, el Real Decreto 1907/1996 sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. También abordó la normativa específica relativa a la publicidad de medicamentos y productos sanitarios.

Pseudoterapias, bulos y desinformación
Los riesgos para los pacientes trascienden la publicidad convencional. La proliferación de pseudoterapias, los bulos sanitarios difundidos a través de Internet y las redes sociales y la aparición de perfiles o contenidos que pueden inducir a error sobre la identidad y cualificación de quien ofrece información sanitaria configuran un escenario cada vez más complejo. Ante ello, Arroyo puso en valor el papel que desempeñan los colegios de médicos, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes en la detección y denuncia de prácticas carentes de evidencia científica y en la difusión de información sanitaria rigurosa.
Incidió en que las pseudoterapias y los tratamientos sin evidencia científica no son inocuos y pueden tener consecuencias graves para los pacientes, especialmente cuando provocan el abandono o retraso de un tratamiento eficaz, interfieren con otros medicamentos o suponen un perjuicio económico. La vicepresidenta primera de la OMC subrayó que estos riesgos adquieren especial relevancia en ámbitos como la oncología y la salud mental.
También una cuestión deontológica
La protección frente a este tipo de prácticas no se limita al terreno normativo. El Código de Deontología Médica establece que el profesional debe emplear procedimientos diagnósticos y terapéuticos con base científica y considera contrario a la deontología utilizar la publicidad para difundir conceptos infundados, generar falsas esperanzas o promover falsas necesidades relacionadas con la salud. Arroyo destacó la importancia de preguntar activamente a los pacientes si utilizan medicamentos, productos o terapias que no figuran en su historia clínica, ya que pueden provocar efectos adversos o interacciones con los tratamientos prescritos. En este ámbito, puso de nuevo en valor la colaboración entre los colegios profesionales, las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes para detectar y alertar sobre prácticas sin evidencia científica.
Otro de los aspectos abordados es la necesidad de que el ciudadano pueda identificar adecuadamente a los profesionales. Para ello, la OMC dispone del Registro de Médicos Colegiados, que permite comprobar la colegiación de los médicos habilitados para ejercer en España.
Proteger al paciente en el nuevo entorno digital
Garantizar la veracidad de la información, facilitar la identificación de los profesionales sanitarios y actuar frente a la publicidad engañosa, las pseudoterapias y las prácticas sin respaldo científico se convierten en elementos fundamentales para proteger a los ciudadanos.
El Observatorio contra las Pseudociencias de la OMC pone a disposición de profesionales y ciudadanos diferentes recursos en abierto para consultar información y comunicar posibles situaciones relacionadas con estas prácticas.

El presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro, defendió la necesidad de avanzar hacia una regulación común de la publicidad sanitaria. Tras recordar que la legislación vigente ya exige que esta sea veraz y cuente con base científica, reclamó «una ley estatal con unas bases comunes que tengan en cuenta las competencias autonómicas». «Los ciudadanos deben contar con garantías homogéneas» frente a los mensajes engañosos, las falsas expectativas de éxito y las campañas que puedan promover tratamientos innecesarios, señaló.
Desde la perspectiva de los pacientes, la directora del Foro Español de Pacientes, Raquel Sánchez, planteó hasta qué punto la propia publicidad puede aumentar su vulnerabilidad. Por su parte, Jesús María Cañavate, director general de Salud Pública y Adicciones de la Región de Murcia, puso el acento en el desfase entre la rápida evolución del entorno digital y el desarrollo de la normativa. En este sentido, señaló que las nuevas tecnologías y formas de comunicación plantean escenarios que no podían contemplarse en regulaciones anteriores y destacó la necesidad de seguir desarrollando este marco, en colaboración con los colegios profesionales, ante fenómenos como el de los denominados «pacientes influencers». Como ejemplo de los riesgos existentes, explicó que en algunas ocasiones la Administración ha tenido que intervenir, incluso con presencia policial, para cerrar centros que anunciaban especialidades que no tenían reconocidas en el ámbito de la asistencia sanitaria



