La Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial ha expresado su más absoluto rechazo a la medida incluida en el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril en su disposición adicional decimosexta, que establece que los médicos, practicantes y matronas de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios de salud, y el resto de personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo. El representante nacional de esta sección, el doctor Fernández Pro, ha afirmado que ya se han pedido informes jurídicos para comprobar la legalidad de esta disposición y ha anunciado la creación con carácter de urgencia de un grupo de trabajo en el seno de la OMC para estudiar otras acciones a emprender
Madrid, 25 de abril 2012 (medicosypacientes.com)
La Vocalía Nacional de Médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial ha expresado su más absoluto rechazo a la medida incluida en el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril en su disposición adicional decimosexta, que establece que los médicos, practicantes y matronas de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios de salud, y el resto de personal funcionario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2012 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo. A tal fin, las CC.AA. establecerán los procedimientos oportunos.
La medida indica, además, que en caso de que ese personal opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas, conforme a las bases de los procesos de movilidad que, a tal fin, puedan articularse.
El representante nacional de médicos de Administraciones Públicas de la Organización Médica Colegial, el doctor Antonio Fernández Pro, ha expresado su sorpresa ante la medida al tiempo que la considera “una gran injusticia”, ya que, entre otras cosas anula, a su juicio, todos los derechos laborales adquiridos por estos trabajadores a lo largo de su trayectoria profesional. “Siempre ha habido una integración más o menos amable en los servicios autonómicos de este personal cuando se ha ofertado, pero siempre con carácter voluntario”.
El doctor Fernández Pro ha anunciado que desde su vocalía se van a tomar medidas contra la nueva norma, confirmando que ya se han solicitado informes jurídicos para analizar hasta qué punto es legal. Asimismo, se va a convocar con carácter de urgencia en la OMC un grupo de trabajo para analizar la situación desde el punto de vista legal y adoptar posibles acciones frente a la misma, no descartándose un proceso de judicialización.
A su juicio, la medida no implica ninguna ventaja desde el punto de vista económico para la Administración, como mucho podría afectar al tema de las jubilaciones puesto que este personal, según ha explicado el doctor Fernández Pro, “podemos jubilarnos con 30-35 años de servicio, a partir de los 60 años, y con respecto a las bajas laborales, estamos sujetos al régimen de Muface, no al de la Seguridad Social”.
