Los doctores Amando Martín Zurro, Jordi Palés y Arcadi Gual, miembros de la junta de la Fundación Educación Médica (FEM), abordan, en este artículo de opinión, los costes y la financiación de la formación médica continuada en España
La formación continuada (FC) es la tercera fase del continuum educativo de los médicos y otros profesionales titulados y la influencia que ejerce sobre su competencia se extiende a la largo de toda la vida activa y, por tanto, durante muchos más años que las dos anteriores: grado y especialización. Esta afirmación obvia debería situar a la FMC en un nivel de importancia elevado y obligar a las administraciones sanitaria y educativa, a las empresas sanitarias, organizaciones profesionales y al resto de los agentes sociales implicados, incluyendo a los propios facultativos, a priorizar la dedicación de suficientes recursos económicos y organizativos para garantizar su adecuado desarrollo, así como la tutela efectiva de la idoneidad ética y científico-técnica de sus contenidos.
Es de común conocimiento el hecho de que en España las administraciones sanitaria y educativa y las entidades públicas y privadas que proveen servicios sanitarios no han prestado una atención suficiente a la formación continuada de los profesionales ni a la recertificación periódica de su competencia.
En relación con los costes de la FMC podemos saber, a partir de los detalles presupuestarios de los distintos tipos de actividades, los costes directos imputables al desarrollo de cada una o de un grupo de ellas, pero seguimos sin disponer de datos sobre los importes globales para el conjunto del estado y desglosados por comunidades autónomas, especialidades o sectores público y privado, por poner unos ejemplos relevantes de apartados de los costes que sería importante conocer.
La financiación de la FMC española, pública y privada, se nutre, a priori, a partir de cinco fuentes esenciales: administraciones sanitarias y educativas, entidades proveedoras de servicios sanitarios, organizaciones profesionales y sociedades científicas, industria tecnológica y farmacéutica y los propios profesionales a título personal. Estas distintas fuentes de financiación guardan entre sí múltiples vías de interacción e intereses cruzados. Es habitual que al hablar de este tema se atribuya la mayor parte de la financiación a la industria (alrededor del 80%) pero hasta hoy no disponemos de ningún análisis fiable que permita confirmar este u otro porcentaje.
En nuestro país hemos avanzado significativamente en el campo de la acreditación y reconocimiento estatal y europeo de las actividades de FMC y de desarrollo profesional, y en este momento existe un acuerdo firmado entre el CGCOM, CONFEMEL y UEMS con este fin. Para poder completar el mapa de la FMC española necesitaríamos progresar también en el análisis de sus costes y financiación, lo que nos permitiría planificar el futuro con una más base sólida, tanto a nivel estratégico como operativo, al menos, a corto y medio plazo y, al mismo tiempo, introducir en el sistema las modificaciones precisas para corregir los problemas, señalados al comienzo de estas líneas, relativos a la priorización organizativa y presupuestaria de este ámbito por parte de los distintos actores implicados.
Para seguir avanzando en el campo de la FMC y el desarrollo profesional sería importante que desde el ámbito profesional se pusieran en marcha iniciativas consensuadas que posibilitaran mejorar nuestro conocimiento sobre sus costes y mecanismos y fuentes de financiación. Sería deseable que las estructuras profesionales dieran un paso en esta línea y analizarán en profundidad el problema.
