La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, anunció ayer en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de un plan de acción para la inclusión social, con especial atención a la pobreza infantil, según informó su departamento
Madrid, 11 de octubre 2012 (medicosypacientes.com)
Mato ha expresado, durante su comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados, el compromiso del Gobierno para luchar contra la exclusión social, especialmente en lo que afecta a los menores, y favorecer a las entidades que apoyan a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. En este sentido, la ministra avanzó que en los próximos meses se presentará un plan de acción para la inclusión social. La ministra habló de impulsar medidas específicas para luchar contra la pobreza, «y en especial contra la pobreza infantil”. También se refirió al Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 que contemplará medidas concretas para “proteger a la infancia más vulnerable, junto con políticas de protección a la familia y al bienestar infantil”, según se ha informado desde su departamento.
La ministra hizó alusión a las últimas cifras de personas en riesgo de exclusión. Además de recordar los cinco millones de parados y los casi un millón y medio de hogares con todos sus miembros sin empleo, ha detallado que, entre 2007 y 2011, el número de personas atendidas en los Servicios de Acogida y Asistencia de Cáritas pasó de 370.000 a 1.015.174.
Mato aseguró que “tenemos una hoja de ruta con medidas de urgencia para la situación en la que nos encontramos”. Indicó que, en los Presupuestos Generales para 2013, el 63% del gasto es social, e informó que el Gobierno plantea, como estrategia contra la pobreza, “medidas estructurales que consigan cambiar el rumbo de la evolución económica”.
La ministra destacó el papel de las ONG como entidades de acción social: “llegan allí donde no llega la Administración”. La ministra reconoció ser consciente de la importancia de este sector, que engloba a unas 29.000 entidades, cuya actuación proporciona servicios sociales a más de cinco millones de personas. Estas entidades, además, tienen una notable relevancia económica, pues dan empleo a unas 500.000 personas y representan casi el 2% del PIB. Pero, lo más importante es “su papel como vehículo de cohesión social y garante de los derechos de aquellos que afrontan situaciones excepcionales de vulnerabilidad”.
Para salvaguardar esta tarea, señaló que el Ministerio trabaja ya “en un nuevo marco normativo que dé estabilidad y confianza a las entidades de acción social y les permita seguir prestando una labor tan fundamental”. También en esta línea, explicó, “seguimos impulsando la Estrategia de Voluntariado 2010-2014.
Finalmente, recordó que “la pobreza no entiende de fronteras”, por lo que defendió la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF (este año, de 125 millones iniciales) como un “instrumento básico de cohesión social y solidaridad interterritorial”. La ministra ha recordado que muchos de los programas sociales tienen un carácter supramunicipal o supraautonómico, por eso, ha abogado por “centrarnos en lo que realmente importa, que es ayudar a quien lo necesita, y no en quien reparte el dinero”.
