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El Colegio de Médicos de Madrid considera el copago «una agresión» a la economía de los pensionistas españoles

La entidad colegial madrileña considera que junto a los jubilados, los principales afectados del copago como medida recaudatoria serían los enfermos crónicos

Madrid, 3 de diciembre 2010 (medicosypacientes.com/E.P.)

El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) manifestó, recientemente, su rechazo ante la posibilidad de aplicar el sistema de copago en los servicios sanitarios, ya que supondría «una agresión a la economía de los pensionistas españoles», quienes junto a los enfermos crónicos serían los principales damnificados, según ha informado la institución.

Estos tres grupos de población son quienes más acuden a las consultas, más ingresos hospitalarios necesitan y quienes más fármacos consumen. Según cálculos del Colegio, el 80 por ciento de los ancianos son portadores de al menos una enfermedad crónica y el 45 por ciento de más de una, además de que solo en farmacia el gasto producido por los mayores se eleva al 77,4 por ciento del total.

Con la instalación como medida recaudatoria la mayor parte de dicha recaudación dependería de estas personas, «una situación socialmente injusta si se tiene en cuenta que, en líneas generales, son quienes presentan las rentas más bajas», según señaló el vocal de Médicos Jubilados del Colegio, el doctor Ángel Oso.

«La sostenibilidad financiera del sistema sanitario español no puede, ni debe descansar en el copago de los pensionistas», prosiguió durante su participación en el debate sobre copago, organizado por la Asociación de Informadores de la Salud y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. «La extensión del copago en el sistema sanitario significará una agresión a la economía de los ocho millones de pensionistas españoles, que las Organizaciones de Mayores combatirán con todas sus fuerzas», según sus palabras.

Asimismo, el Colegio de Médicos de Madrid sostiene que esta medida implantada ante el presunto uso excesivo de los servicios sanitarios por su gratuidad podría tener «un efecto adverso», que acarrearía «un diagnóstico tardío de las enfermedades con el consecuente deterioro de la salud pública, así como un aumento del gasto sanitario».

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