El Dr. Manuel Carmona, representante nacional de médicos de ejercicio privado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) analiza en este artículo la situación de los médicos autónomos de ejercicio privado
Aunque por el título solo sea metafóricamente, la realidad es que unos de los mayores damnificados en el sector sanitario por la crisis del coronavirus y el estado de alarma decretado por el gobierno van a ser los médicos autónomos de ejercicio privado.
Por un lado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 recoge que los centros sanitarios privados pueden seguir realizando su actividad.
Por otro, las medidas de protección impulsadas por las sociedades científicas y por la propia Organización Médica Colegial, para que solo se atiendan en consulta ordinaria los casos urgentes o no demorables a fin de evitar que las consultas se conviertan en un foco de contagio, hace que en realidad los ingresos de estos autónomos se reduzcan a cifras próximas a cero, tanto si el autónomo trabaja en su propia consulta como si lo hace para centros sanitarios o grandes grupos hospitalarios, en los que suele cobrar un porcentaje de lo que factura, sus ingresos se verán mermados a la mínima expresión.
Igualmente se propone el uso de la consulta telefónica como mejor recurso para evitar contactos entre personas, lo que implica tiempo de consulta y responsabilidad en el control de sus pacientes, que previsiblemente no se abonaría el no estar la consulta telefónica en el nomenclátor de ninguna aseguradora, lo que conllevaría la atención gratuita por parte del médico a los asegurados de las compañías….
Nuestro sistema sanitario privado, que forma parte del Sistema Nacional de Salud, tiene unos pies de barro en este sector médico, ya que por un lado no solo pueden, sino que ética y socialmente deben seguir prestando asistencia, pues el sistema público puede verse desbordado y hay un amplio sector de la población que paga seguros privados y tiene derecho a mantener su atención, telefónica o presencial, pues lo que hoy puede ser demorable mañana puede ser urgente o no demorable para mantener la salud.
Este profesional médico en principio mantiene todos sus gastos ordinarios: local o alquiler de consulta, cuota de autónomos o asimilada, personal a su cargo (enfermería, auxiliares, administrativos, limpieza…), que ante la prolongación de esta situación sin ingresos o con ingresos mínimos podrá acogerse a la prestación del real decreto prevista para el cierre de actividad y realizar un ERE de su personal.
¿Interesa a la sociedad en estos momentos de crisis sanitaria que disminuya sustancialmente la oferta sanitaria privada? ¿Cumplen sus compromisos legales las compañías aseguradoras con sus clientes a los que les ofertaron un cuadro médico si un sector importante de estos se acoge al cierre por cese de actividad? ¿Soportarían las grandes empresas del sector sanitario privado que un importante número de médicos autónomos cesaran ahora en la actividad en sus centros al dejar de percibir ingresos, pero que siguen activos y en expectativa?
Si la respuesta lógica es que no es el momento para disminuir la capacidad de asistencia en la medicina privada, pues no sabemos cómo evolucionara esta crisis sanitaria, y que las compañías aseguradoras deben mantener los cuadros médicos que vendieron a sus pacientes como compromiso legal, ¿Se va a hacer solo a costa del erario de los médicos autónomos? Los ingresos que las compañías aseguradoras se ahorran por la gran disminución de actividad sanitaria presencial ¿van a quedarse en su cuenta de beneficios?
Al médico de ejercicio privado, como al que trabaja en la sanidad pública, se le puede exigir profesionalismo en su actividad y en el caso de esta crisis sanitaria un sobreesfuerzo adicional, pero no que sufrague con su patrimonio la disponibilidad de atención a los pacientes ni la responsabilidad de asistencia contraída por las compañías aseguradoras. ¿Alguien entendería que un médico de la sanidad pública trabajase sin sueldo de forma sistemática y que encima pagase al hospital por hacerlo?
Esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto una de las grandes debilidades del sector sanitario privado, que es la relación contractual como autónomos de un importante porcentaje de médicos (frecuentemente falsos autónomos), que habitualmente son los que asumen el riesgo asegurador que deberían asumir las compañías y que ante una situación de crisis como esta que se prevé prolongada, un acogimiento masivo a las medidas económicas del gobierno por cese de actividad puede crear un importante problema añadido a la sociedad y al sector asegurador privado al disminuir de forma importante la capacidad de asistencia.
Por tanto, si interesa a la sociedad, a las aseguradoras y a las grandes empresas sanitarias mantener vigente esa capacidad de atención y el médico autónomo no puede ni debe soportarla con su patrimonio, ¿Cómo repartimos los costes?
Desde la vocalía de Médicos de Ejercicio Privado apostamos por la necesidad de mantener durante la crisis del coronavirus la capacidad de atención de la medicina privada y que esta crisis sanitaria no suponga el cese de actividad de los médicos autónomos del sector privado, abocados a una situación dramática de disminución de ingresos –cuando no pérdidas económicas- para mantener una parte del sistema nacional de salud, que a buen seguro va a ser necesario durante esta previsible larga crisis sanitaria y después de su resolución.
Para ello proponemos un reparto equitativo de los costes entre profesionales, centros sanitarios y compañías aseguradoras, negociado entre sus representantes, con el arbitrio de la OMC.
Dada la urgencia de constituir esa mesa de negociación entre aseguradoras, clínicas privadas y el colectivo de médicos autónomos, que debería ser inmediata, antes de que empiecen a cesar masivamente estos últimos en su actividad laboral debido a la falta de ingresos a causa de las medidas para atajar la expansión del coronavirus, desde la vocalía de Médicos de ejercicio privado proponemos que sean UNESPA por parte de las entidades aseguradoras, ASPE como patronal de clínicas privadas y UNIPROMEL por parte de los Médicos autónomos, al ser la entidad que aglutina la mayor representación de los mismos.
El problema es importante, el reto esta lanzado y esperamos que los actores propuestos asuman el reto y encuentren una solución.
Por supuesto, que el médico autónomo recurra a las opciones laborales y económicas que mejor le amparen para salvar su economía familiar no es impedimento para que en situación de crisis sanitaria esté a disposición de las autoridades sanitarias para colaborar en todo lo que sea posible a paliar los efectos de la pandemia, como todos los demás médicos y personal sanitario del país.
