La prescripción de fármacos no sólo debe basarse en criterios científicos o económicos sino también éticos, según defendió el vicepresidente de la Organización Médica Colegial en un encuentro sobre medicamentos genéricos celebrado ayer 30 de mayo por Unidad Editorial y Correo Farmacéutico, El doctor Fernández Torrente, de acuerdo con el posicionamiento de la OMC en este terreno, defendió el uso racional del medicamento y la prescripción por principio activo que se ajusta a las recomendaciones deontológicas y de ética médica
Madrid, 31 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)
La prescripción de fármacos no sólo debe basarse en criterios científicos o económicos sino también éticos, según defendió el vicepresidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Jerónimo Fernández Torrente, en un encuentro sobre medicamentos genéricos celebrado ayer 30 de mayo por Unidad Editorial y Correo Farmacéutico.
En el mismo se reunió un panel de expertos para debatir sobre el papel actual del medicamento genérico y su gestión desde el punto de vista científico, técnico y farmacéutico y que contó con la participación además del doctor Fernández Torrente, de la secretaria general del Consejo General de Farmacéuticos, Ana Aliaga, el presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Antonio Abril, y Raúl Díaz-Varela, presidente de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG).
El vicesecretario de la OMC recordó el posicionamiento de la Organización en este terreno, defendiendo el uso racional del medicamento y la libertad de prescripción entendida como “la capacidad del médico de prescribir una determinada sustancia o su equivalente terapéutico, no en si debe tener un nombre comercial u otro”. El doctor Fernández Torrente partió del hecho de que en el sistema sanitario español se manejan más de 1.500 principios activos, más de 6.500 preparados comerciales que están financiados por el propio sistema y más de 10.000 presentaciones.
El médico de base, según indicó, “tiene que intentar dar lo mejor para su paciente dentro de una racionalidad no sólo farmacológica, clínica o terapéutica sino también desde el punto de vista económico”. “Ya no se concibe, desde un punto de vista ético, una prescripción que no contempla los impactos económicos en relación al tratamiento de los pacientes”, remarcó.
Asimismo, defendió la prescripción por principio activo (PPA), ya que se ajusta a las recomendaciones deontológicas y de ética médica. En este contexto recordó las principales aportaciones del actual Código Deontológico en materia de fármacos, entre ellos el artículo el 23.1, referido a la libertad de prescripción; 23.3, relativo a los incentivos ligados a la prescripción; 23.6, sobre la responsabilidad del médico ante la receta; y 26.1, relativo a la prescripción eficaz.
A su juicio, la PPA es positiva pese a que, como advirtió, puede generar algunos riesgos, del tipo de la bioapariencia, sustituciones por equivalentes terapéuticos o biosimilares, y de trazabilidad. En este sentido, las autoridades sanitarias deberían adoptar medidas legislativas y estructurales para resolver este tipo de riesgos. Además, a su juicio, las políticas en materia farmacéutica deben promover, entre otros aspectos, ventajas para los pacientes, un refuerzo de la calidad y la seguridad, el fomento de la investigación, la disponibilidad de medicamentos a precios razonables, la información y la transparencia, el control del gasto farmacéutico, la participación efectiva del médico y la salud pública.
Por su parte, el papel del médico ante el medicamento pasa por cumplir lo dispuesto en la ley, mantener la competencia, a través de la formación continua, defender los intereses del paciente, realizar una práctica clínica más eficiente y ser corresponsable del gasto farmacéutico y sanitario, en general. Asimismo, el representante de la OMC abogó por potenciar la información y el conocimiento de los médicos prescriptores tanto del ámbito público como privado.
Concluyó recordando que los medicamentos “son un bien social que están disponible para mejorar la salud de los ciudadanos. El acceso a ellos debe ser universal y equitativo y su uso eficiente, de acuerdo con la evidencia científica disponible”.
