El presidente del Colegio de Médicos de Segovia, el Dr. Juan Manuel Garrote, reflexiona sobre la reciente recomendación lanzada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) relativa a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles porque, como plantea el Dr. Garrote, no se trata sólo atenderles puntualmente y en una consulta de atención primaria con los medios cercanos que se encuentran allí, sino que hay que pensar, además, en que puedan requerir pruebas complementarias o derivación al nivel hospitalario, y ahí también sería bueno saber con qué compañeros estamos dispuestos a contar
Segovia, 16 de julio 2012 (medicosypacientes.com)
Leídas las declaraciones de la comisión de bioética de SEMFYC y el apoyo de los Colegios de Médicos de Salamanca y Vizcaya e, incluso, los comentarios que se hacen en los blogs sobre este asunto, me surgen varias reflexiones al respecto que me gustaría compartir. Ya sabemos que todos los emigrantes no se llaman Abdel, Yankov, Rumanya o Ada, y que tenemos también muchos Erick, George o Yusima y también sabemos que si alguno de ellos tienen la tarjeta sanitaria española cuando regresan a sus países de origen, es el Estado español el que tiene que hacerse cargo de las facturas que generan en los países desde donde llegaron a España;esta circunstancia hace que los españoles, en una situación de crisis tengan un cierto rechazo a atender a emigrantes; pero también es verdad que hay un colectivo de emigrantes que permanecen en nuestro país, sin papeles, porque la pobreza en España es menos dura que la pobreza de donde proceden.
Llegados a este punto, ya no hablamos de emigrantes sino de pobres, de personas que no pueden costearse su vivienda, su comida y en muchos, muchísimos casos sus medicinas. Al margen de la solidaridad humana que estas personas nos puedan provocar, muchos de ellos, y por esta situación, se convierten en un posible peligro sanitario, tanto por situaciones de contagio en enfermedades infecciosas, como por quebranto económico por descompensación en enfermedades crónicas. Lo cierto es que estas personas, que se encuentran en territorio español legal o ilegalmente pueden empeorar la salud de nuestra población y solamente por esa óptica, creo, que deberían ser atendidos por los servicios sanitarios.
Ahora bien una profesión como la nuestra eminentemente pública y con un contenido no solo científico, sino de compasión siempre ha atendido a los pobres y necesitados sin importar el tiempo que les dedicaba a ello y su coste personal, pero no estamos hablando de atenderles puntualmente, ni atenderles solamente en una consulta de atención primaria con los medios cercanos que se encuentran allí, estamos hablando de pruebas complementarias o de derivación del nivel atención primaria a especialista hospitalario, pero ¿a qué especialista le enviamos?, ¿Le atenderá? ¿Podrá diagnosticarle sin usar pruebas que conlleven un coste?.
Creo que sería importante que alguien liderara esta iniciativa, que unos y otros médicos pudiéramos saber que compañeros estarían dispuestos a atenderlos en caso de que hubiera necesidad de derivarles y quizás necesitáramos tener algún argumento jurídico para que, en el caso de que no encontráramos quien le atendiera como derivar a un juez o instancia jurídica que evitara una alarma sanitaria por falta de tratamiento. Esperemos que entre todos además de predicar sepamos repartir trigo
Juan Manuel Garrote Díaz.
Presidente del Colegio de Médicos de Segovia
