El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III; el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM); y el Dr. Fernando Lamata, presidente de honor de la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento; se cuestionan, en esta tercera entrega de la ronda de artículos de opinión conjuntos, por qué sólo llega al sistema sanitario la “pedrea” de los Fondos Europeos y estos no contribuyen a la mejora de la financiación sanitaria
Hoy sabemos que la base estructural para garantizar una financiación sanitaria suficiente –nadie duda de que nuestro SNS está infrafinanciado en términos comparados con países homologables de la eurozona– no va a depender de asignaciones procedentes de los Fondos Europeos tipificadas como subvenciones (transferencias) no reembolsables, coyunturales -no consolidables- y con fecha de culminación en el 2.026, sino más bien de otras “fuentes presupuestarias” que permitan un crecimiento de financiación orgánica sostenible (prioridad política) que den respuesta en términos de eficiencia social a las nuevas necesidades de salud y de servicios sanitarios a la población.
Es preciso recordar que los Fondos Europeos (Fondo de Recuperación Próxima Generación -UE para el periodo 2021-2026 de 750.000m€) están asociados para nuestro País al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTS), y que consta de dos instrumentos: el Fondo denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) con un monto total de 140.000m€ (69.528m€ corresponden a trasferencias no reembolsables); y el Fondo estructural REACT-UE, con una asignación de 12.436m€, que ya ha sido prácticamente distribuido a las CC.AA (período de ejecución 2.021-2.022).
Dada la propia naturaleza económica y la finalidad para la que fueron creados estos Fondos (que no es otra que apoyar la recuperación económica tras la pandemia COVID -19, revitalizar un modelo productivo innovador y competitivo que genere empleabilidad cualificada, así como fortalecer la cohesión social y territorial -la Europa más ecológica, más digital y resiliente-), no son la palanca preferencial que muchos esperaban para mejorar la suficiencia financiera del SNS.
Dicho esto, y como recoge el propio título de esta breve aportación, sí resulta llamativo -inquietante-, “en las claves que hemos comentado como sector económico estratégico y global, y a la luz de lo que representa la función sanitaria como bien social preferente y de reconocimiento de un Derecho Constitucional a la protección de la salud”, que la asignación total al SNS (1.559m€) de los dos Componentes principales C-17 y C-18 del PRTS represente el 2,23% de la transferencia no reembolsable (69.853m€) del MRR. Los pormenores de esta interrogante los recogemos en un trabajo previo (Oteo LA, Sendín JJ. Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad (VII). http://www.medicosypacientes.com).
En todo caso y haciendo un breve paréntesis, conviene no olvidar que para mejorar la eficiencia económica, asignativa y social en nuestro sistema sanitario público, es también un imperativo de responsabilidad pública, tomar iniciativas políticas decididas en clave de reformas sanitarias–tan pendientes como inveteradas–, que impulsen complementariamente un crecimiento estructural internamente sostenible, dado que venimos constatando en las últimas décadas una constante asimetría en la distribución de las rentas del trabajo y del capital, abrumadoramente a favor de éstas últimas, y que la crisis pandémica COVID-19 y su impacto en las finanzas públicas, ha exacerbado en términos de desigualdad laboral y social nunca vista desde la transición democrática en nuestro país.
A mayor concreción, en el intercambio de factores, han sido las rentas del capital, sustentadas por los conglomerados lobbistas de la manufactura y distribución farmacéutica, las que, operando extractivamente sobre los recursos presupuestarios públicos, han dejado languidecientes las rentas del trabajo, con una precariedad laboral, ética y socialmente inaceptable, como así lo demuestran las series analizadas. No hay más que comprobar la persistente deflación salarial consolidada desde la crisis económica global de -2008 hasta nuestros días.
Por consiguiente, un crecimiento orgánico en la financiación sanitaria vinculante y sostenible en los presupuestos públicos, estará previsiblemente vinculada 1.- al estado de situación de la coyuntura económica; 2.- a la propia naturaleza del sistema tributario, que recientemente ha sido recogido en el Libro Blanco elaborado por expertos académicos de reconocido prestigio, y en donde se proponen reformas fiscales de calado y 3.- al nuevo Modelo de Financiación Autonómica hoy “embalsado” en el curso político e institucional. A nadie se le escapa, que la invasión criminal de Rusia sobre Ucrania y su impacto geoestratégico y económico global, va a afectar directa e indirectamente a los tres escenarios aquí planteados.
En primer término, el relativo a la coyuntura económica en nuestro país señalar que las previsiones de crecimiento del PIB -2.022 se están revisando a la baja hasta un 5% anual, como consecuencia del impacto de la crisis de Ucrania sobre los precios de la energía y la pérdida de confianza en las transacciones comerciales. También el Banco Central Europeo ha publicado sus estimaciones macroeconómicas de marzo, con una previsión de PIB -2.022 en la zona euro hasta un 3,7% anual.
En términos armonizados, la inflación registró en febrero -según el INE- una tasa de crecimiento interanual del 7,6%, superior en 1,5 puntos a la tasa de enero, frente al 5,8% en la zona euro (Eurostat). Esta subida de la inflación en febrero se debe principalmente al precio de los productos energéticos que crecieron un 44,3%, impulsados por un efecto base en los precios de la electricidad. La inflación subyacente española se ha situado en el 3,2%, seis décimas más que en enero.
La guerra en Ucrania y el consecuente agravamiento de las tensiones en los mercados energéticos, hace que el escenario de previsiones sea claramente pesimista. Para el resto del ejercicio económico las hipótesis más consistentes son mantener el precio del petróleo en 120 dólares y un descenso del precio de la electricidad en el mercado mayorista hasta los 250 euros/MWh. Bajo estas premisas la inflación alcanzaría una tasa media anual del 6,8%, frente al 4,6% de las previsiones anteriores. La tasa subyacente se situaría en el 3,1% anual. El riesgo de estanflación es muy improbable según la mayoría de los analistas económicos.
El segundo apartado relativo de reformas tributarias pendientes es muy probable que quede en suspenso, como consecuencia de los efectos desestabilizadores en la economía generados por la crisis en Ucrania.
Es cierto que el Libro Blanco propuesto por el Comité de Expertos para modernizar el sistema tributario español da cumplimiento a uno de los hitos del Componente -28 del PRTS.
En el amplio documento presentado, se da preferencia reformista a la fiscalidad medioambiental, imposición en sociedades, tributación de la economía digitalizada, así como a las actividades económicas emergentes y armonización patrimonial. En última instancia se trataría de avanzar hacia un modelo fiscal más justo y redistributivo para reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad, manteniendo asimismo la suficiencia financiera en los Presupuestos del Estado para garantizar un sistema de bienestar social robusto y sostenible.
Por último, la revisión del Sistema de Financiación Autonómico en las actuales coordenadas de alta incertidumbre anteriormente descritas, exige un desempeño político de especial responsabilidad, dado que el escenario planteado en el Informe elaborado por el Grupo de Trabajo experto con una metodología “más refinada” respecto al modelo vigente, fue elaborado bajo unas hipótesis de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal que muy probablemente no podrán ser cumplidas, acorde con las previsiones de crecimiento económico que están siendo revisadas -a la baja- como consecuencia de la crisis bélica en Ucrania.
Tampoco aquí los Fondos Europeos podrán contribuir a elevar el techo de la financiación autonómica, ni corregir las imperfecciones técnicas y económicas -llamemos desigualdades- del vigente modelo que exigen -en justicia- ajustes compensatorios para conseguir una mayor homogeneidad y equilibrio -equidad- en la asignación territorial de los recursos.
A pesar del terrible drama de la guerra en Ucrania y el escenario de incertidumbre económica y política que dibuja, deberíamos seguir planteando los objetivos de una Reforma Fiscal y un Nuevo Modelo de Financiación Autonómica equitativo que permitan, como señalábamos al principio de este artículo, un crecimiento de financiación sanitaria orgánica sostenible (adaptado, lógicamente, al nuevo escenario descrito), para poder dar respuesta en términos de eficiencia social a las nuevas necesidades de salud y de servicios sanitarios a la población, y servir de dinamizador de la propia actividad económica por su función de cohesión social y de cuidado de la población activa, como se vio en la pandemia de la COVID-19.
* Las tribunas y artículos publicados en medicosypacientes.com no representan posturas o posicionamientos oficiales del CGCOM
