Desde la entidad colegial toledana se opina que la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años que aleguen violencia familiar puedan abortar sin informar a sus padres si cuentan con la autorización de un médico, podría generar «inseguridad jurídica» a este colectivo, que sería siempre el «responsable» último de esa decisión
Toledo, 1 de junio 2010 (medicosypacientes.com)
El Colegio de Médicos de Toledo, que preside el doctor Luís Rodríguez Padial, quiere mostrar su oposición al contenido del borrador reglamentario de la nueva Ley del Aborto tal como está redactado, que entrará en vigor el próximo 5 de julio. Considera que la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años que aleguen violencia familiar puedan abortar sin informar a sus padres si cuentan con la autorización de un médico, podría generar «inseguridad jurídica» a este colectivo, que sería siempre el «responsable» último de esa decisión.
Según este borrador, la menor debe presentar un documento que confirme que uno de sus padres está avisado, excepto que alegue que esa información le provoca «un conflicto grave». En esos casos, el texto dice que el médico deberá apreciar que las alegaciones de la menor son fundadas y para ello podrá pedir un informe a un psicólogo o a un trabajador social para que certifique esa versión, hecho complicado teniendo en cuenta que sólo se cuenta con la versión de la menor, que en muchos casos puede estar distorsionada.
Para el Colegio de Médicos de Toledo, la función de los médicos debería ser en todo caso sólo la de «mediar» entre los padres y la afectada. Recuerda que las menores no siempre tienen la madurez necesaria para afrontar un aborto, y que la ley debería ser especialmente precisa para explicar a la mujer las consecuencias que tiene un aborto, que a nivel psicológico pueden ser traumáticas. Según el Colegio de Médicos, el aborto nunca debe ser considerado o tratado como un método anticonceptivo.
Considera inadmisible que en el citado texto se delegue en los profesionales de la medicina una responsabilidad que no les corresponde. Recuerda que es un problema social no médico, y en este sentido, el médico no puede juzgar la situación o no de riesgo de la adolescente como paso previo para solicitar los informes indicados.
Por último, el Colegio quiere hacer constar el «derecho a la objeción de conciencia de los médicos» que recoge tanto nuestra legislación como las normas internacionales.
