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Los ministros de Salud de la UE, conformes con la propuesta española de directiva de Sanidad transfronteriza

En el seno del Consejo Europeo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSSCO), los ministros de Salud de la U.E., entre los que se encontraba Trinidad Jiménez, han abordado la directiva de asistencia transfronteriza y se han mostrado de acuerdo con las propuestas presentadas por España, y que ya avanzó el Boletín “Europa al Día”, del Departamento de Internacional de la OMC

Madrid, 9 de junio 2010 (medicosypacientes.com)

La ministra y el secretario general de Sanidad, en un momento
de la reunión.

Los ministros de Salud de la Unión Europea, reunidos en el Consejo europeo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSSCO) en Luxemburgo, han dado el visto bueno a la propuesta de directiva de asistencia sanitaria transfronteriza que ha presentado la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez (ver Boletín “Europa al Día”, nº 321 en “Medicos y Pacientes” del 2-6-10) .

El objetivo fundamental de esta directiva es crear un marco comunitario claro para la prestación de una atención sanitaria transfronteriza en el seno de la UE y eliminar barreras a la circulación de los pacientes, al mismo tiempo que se garantiza la calidad de la prestación, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios.

El texto reconoce la doble base legal de la materia, pues no sólo contiene aspectos relacionados con la regulación del mercado interior, sino también con la salud pública. Y es que como se explicaba en el “Boletín Europa al Día” “Una Directiva sobre asistencia sanitaria no puede basarse únicamente en la normativa de mercado interior regulada en el artículo 114, sino que también tiene que incluir lo dispuesto en el artículo 168, de salud pública y basarse en los principios de universalidad, solidaridad y equidad”.

Además, la directiva se centra en tres ámbitos: como son los Principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE; un Marco específico para la asistencia sanitaria transfronteriza; y la cooperación europea en el ámbito de la asistencia sanitaria.

Pago y reembolso de gastos

La directiva propuesta por la Presidencia española prevé el derecho a la movilidad de los pacientes que decidan solicitar asistencia sanitaria en un Estado Miembro de la UE que no sea el Estado de afiliación. En estos casos, los pacientes realizarán el pago cuando reciban asistencia sanitaria y serán los Estados de afiliación los que le reembolsen los gastos (si tienen derecho a ello y cumplen los requisitos).

De este modo, el Estado de afiliación reembolsará el gasto realizado por el paciente siempre y cuando la asistencia sanitaria recibida figure entre las prestaciones a las que el paciente tiene derecho en su país de afiliación, de acuerdo con lo que establece su servicio sanitario.

En cualquier caso, el reembolso no superará la cuantía que habría asumido el Estado de afiliación en el caso de que la asistencia sanitaria se hubiera prestado en su territorio y tampoco excederá el coste real efectuado.

Además, el Estado de afiliación podrá limitar la aplicación del reembolso de la asistencia sanitaria transfronteriza siempre y cuando esgrima razones imperiosas de interés general e informe a la Comisión. Esta situación podría darse si, por ejemplo, se considera que dicho reembolso puede socavar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el mantenimiento de un servicio hospitalario abierto a toda la población.

Autorización previa

La directiva también reconoce a los Estados Miembros la posibilidad de establecer una autorización previa para que los pacientes puedan recibir asistencia sanitaria en otro Estado, a excepción de los casos de atención ambulatoria que no precisen del uso de tecnología sofisticada.

De esta forma, se podrá establecer autorización previa si: el paciente tiene que pernoctar en un hospital; si la asistencia sanitaria que va a recibir exige el uso de infraestructuras o equipos médicos especializados y costosos; si la asistencia sanitaria prevista puede entrañar un riesgo particular para el paciente o la población.

De cara a garantizar la seguridad de los pacientes, la directiva también establece que los proveedores de servicios sanitarios (en especial los privados no contratados o concertados con los servicios públicos de salud) deberán cumplir los requisitos de calidad y seguridad que establezcan los Estados Miembros que prestan la asistencia en el país donde el paciente reciba tratamiento.

Por último, la propuesta de directiva española incorpora la necesidad de trabajar de forma conjunta y coordinada en el seno de la UE para potenciar el desarrollo de la sanidad electrónica en todos los Estados Miembros.

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