Los médicos de Segovia muestran su inquietud ante la inminente entrada en vigor de la ley de Eutanasia

Dos expertos en Medicina Familiar y Comunitaria como los doctores Juan Pablo Leiva Santos, Presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y Julia Fernández Bueno, presidenta del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario de la Princesa, expusieron su visión de esta realidad. En apenas unos días estará ya vigente en nuestro país esta ley de Eutanasia y lo hará con muchas incertidumbres y con un trabajo todavía importante por delante, ya que el despliegue de esta normativa lleva consigo la adecuación por parte de los Gobiernos autónomos de los decretos correspondientes, con el fin de incorporar esta prestación a la cartera de servicios de la sanidad pública. Queda pendiente en la implementación de este texto la creación de órganos clave como las Comisiones de Garantías y Evaluación, sobre quienes recaerá el dictamen definitivo para dar luz verde a las peticiones en curso. Para orientar los contenidos hacia el meollo de los debates, dudas y cuestiones que rodean a los profesionales, la vicepresidenta segunda del Colegio, María Cornide Santos y la presidenta del Comité de Deontología del Colegio, María del Carmen Pérez Molina, actuaron como mediadoras de la jornada. 

 

Juan Pablo Leiva comenzó explicando que “la medicina del siglo XXI se orienta en prevenir y curar enfermedades, pero también en aliviar el sufrimiento”, resumió, para después argumentar que precisamente “esa capacidad para aliviar el sufrimiento humano en situaciones al final de nuestra vida es un índice de desarrollo y de calidad asistencial”. Este experto explicó que el sufrimiento se produce cuando las personas “ven amenazadas su integridad somática o psicológica, que es un desequilibrio entre los recursos y las amenazas”. 

 

No existe una opinión unánime al respecto de esta ley. Para algunos se trata de un paso necesario que había que haber dado ya hace tiempo para regular las condiciones, criterios y casuística en que puede salir adelante una solicitud de muerte prematura y para otros, se trata de una acción que va contra el juramento hipocrático del médico y requeriría haber generado muchos más recursos en el apartado de los cuidados paliativos como paso previo a sacar adelante este texto. 

 

Los cuidados paliativos fueron unas palabras que surgieron en multitud de ocasiones al hablar de la eutanasia. Desde ellos, “una forma de enfocar y abordar el sufrimiento es a través del control de síntomas y el sufrimiento psicológico”, explicaba el doctor Leiva, quien insistió en la necesidad de entender que estos cuidados buscan “la adecuación de los esfuerzos terapéuticos y la limitación de esfuerzo diagnóstico”, siempre con la vista puesta en el paciente. Reconoce el doctor Leiva que se pueden producir casos de rechazo a los cuidados paliativos “y que puedan requerir un recurso excepcional como la eutanasia”, pero lamenta que en, en cualquier caso, en España no tenemos garantizada una estructura de paliativos, ni “una ley integral de atención al final de la vida”, entre otros defectos que percibe en este campo. 

 

Por su parte, la doctora Fernández habló de caminos separados para referirse a la eutanasia y a los cuidados paliativos, aunque sí percibió la necesidad de avanzar tanto en la mejora de éstos, como en el perfeccionamiento de la nueva regulación, para conseguir las mayores certezas y seguridades para el paciente y para los profesionales médicos que lo asisten. Comenzó su alocución explicando la esencia del texto legal, que afecta tanto a la prestación del suicidio asistido como de la eutanasia, recordando que “es una ley que está en vigor en un estado democrático, por lo que hay que cumplirla, respetando la objeción de conciencia de los profesionales que así lo entiendan. Lo que hay que hacer es emplear todos los esfuerzos para que esto se haga de la mejor manera posible: de forma ágil, pero  con todas las garantías”.

 

Preguntada por hasta dónde termina el derecho de un paciente y dónde comienza la ética de un profesional, Fernández reflexionó sobre estos conceptos diciendo que tanto la ética como el derecho “son dos formas de resolver conflictos. El derecho jerarquiza los valores que no hay que lesionar y la ética va más allá, tratando de no lesionar ninguno de los valores que están en conflicto. El derecho es un mínimo y la ética la excelencia… pues hay que tender a la excelencia”, concluye.

 

Una de las polémicas que se ha creado parte del registro de profesionales que conlleva. ¿Debe ser un registro activo o pasivo?. Esta especialista señala que pare lógico que el fichero debe contener los nombres de quienes objeten no de los profesionales que están dispuestos a firmar estos procesos, ya que “nadie se apunta o se da de alta para cumplir una ley”, indicando que deben dar cabida a quienes apelen a las cláusulas de conciencia.