El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han acordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la transferencia de más de 47 millones de euros para que las corporaciones locales puedan prestar con absolutas garantías servicios sociales de atención básica. Según la Administración central, el dinero que llegue a las entidades locales propiciará que se mantengan, o refuercen en su caso, algunos de los equipamientos municipales más importantes de su red de servicios sociales
Madrid, 11 de julio 2012 (medicosypacientes.com)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han acordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la transferencia de más de 47 millones de euros para que las corporaciones locales puedan prestar con absolutas garantías servicios sociales de atención básica.
El crédito supone la ejecución de una de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año, en concreto el Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de los entes locales. También se ha dado el visto bueno a la Estrategia Nacional para la inclusión del pueblo gitano, un proyecto con un periodo de aplicación de ocho años, desde 2012 a 2020; y la elección de Navarra como comunidad que albergará el Congreso Estatal del Voluntariado del año que viene.
Presidida por la ministra Ana Mato, la Conferencia Sectorial decidió la puesta en marcha de un programa presupuestario para la red de servicios sociales de las corporaciones locales. El importe se ha situado en casi 47.300.000 euros, una cantidad inferior a la de año anterior (el descenso es del 45,4%) como consecuencia del ajuste y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos.
El Gobierno considera que una transferencia como ésta, dedicada a la cobertura de servicios sociales básicos para el ciudadano, había que conservarla, y así, continuó con el Plan Concertado, cuyos objetivos son: dar a los ciudadanos servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas; dotar de apoyo económico y ofrecer asistencia técnica a las corporaciones locales; y consolidar la red de servicios sociales municipales, con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia.
El dinero que llegue a las entidades locales propiciará, además, que se mantengan, o refuercen en su caso, algunos de los equipamientos municipales más importantes de su red de servicios sociales. Centros como comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados seguirán con sus actividades, etc.. Los albergues para personas sin hogar y los centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia también continuarán su trabajo.
La distribución por comunidades autónomas, siguiendo los criterios de años anteriores, es la siguiente:
Asimismo, el Ministerio, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta y de Melilla. Al primero corresponden 979.480 euros y al segundo, 733.484.
Las comunidades autónomas, en virtud de otros de los acuerdos de la Conferencia Sectorial, recibirán 550.000 euros para llevar a cabo sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano. Las actuaciones, en consecuencia, habrán de hacer hincapié en la educación, en la formación para el empleo, en la salud y en la vivienda, pues el fin consiste en la integración social de los miembros de este sector de la población, así como en la mejora de su bienestar.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las Comunidades Autónomas han analizado un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales con el fin de asentar unos criterios mínimos de calidad comunes para toda la geografía nacional. El documento se estudiará también con el Tercer Sector. En todo el proceso ha predominado el objetivo de enumerar todos los servicios sociales que prestan las administraciones competentes, y se ha hecho en dos grupos: por un lado, las prestaciones básicas: de acceso universal, son preceptos establecidos en leyes estatales, que hacen referencia a prestaciones básicas o se ofrecen de forma generalizada en todo el Estado; por otro lado, las prestaciones complementarias: las más especializadas y técnicas y las que se dirigen a determinados sectores de población. Vienen amparadas por la legislación autonómica.
A su vez, en el catálogo se distingue entre: Prestaciones de servicios: Servicios de información, orientación, asesoramiento y diagnóstico tanto en atención primaria como en especializada; Servicios de valoración (Dependencia, Discapacidad e Inmigración); Servicios de atención telefónica (a menores, a mujeres víctimas de violencia de género, atención en e domicilio…); Intervención y apoyo a la familia; Protección de menores; Atención residencial; Atención psicosocial; prevención e inclusión social; y Protección jurídica. Prestaciones económicas: rentas mínimas, ayudas de emergencia, ayudas a víctimas de violencia de género, a personas en situación de dependencia, para movilidad…).
