Dr. Juan José Rodríguez
Sendín, presidente del
CGCOM.
Madrid, 18 de marzo de 2010 (medicosypacientes.com)
La sanidad penitenciaria es una parcela aislada en la asistencia sanitaria que se presta al conjunto de la población española. Esta situación se debe a que no se encuentra integrada en el Sistema Nacional de Salud a pesar de que la Ley 14/86 de 25 abril general de Sanidad (LGS) y la Ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud lo contemplan. Con el objetivo de poner de manifiesto esta situación y poder avanzar en nuevas medidas, la Organización Médica Colegial (OMC) ha organizado la ?I Jornada de la Sanidad Penitenciaria Española?.
La inauguración de esta jornada contó con la presencia del Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC, el Dr. Antonio Fernández-Pro Ledesma, representante nacional de administraciones públicas y el Dr. Julio García Guerrero, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria.
?Con este encuentro queremos abordar una parcela de la sanidad que es una gran desconocida y presenta un problema de integración por lo que es preciso tomar medidas para que los médicos que trabajan en este área tengan las mismas condiciones?, señaló el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.
?Desde la OMC asumimos el compromiso crear un foro para poner de evidencia cuál es la realidad de esta situación y reivindicar que la sanidad penitenciaria deba ser transferida a las comunidades autónomas e integrada en la Atención Primaria.?, señaló el Dr. Rodriguez Sendín.
La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobada en 2003, establecía que la sanidad penitenciaria pasase de depender del Ministerio del Interior a las comunidades autónomas, cuyo “escaso interés” está frenando este traspaso seis años después de la entrada en vigor de la norma, según denunció el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, el Dr. José Manuel Arroyo, en el marco de la jornada sobre ?Sanidad Penitenciaria Española?, organizada por la OMC.
En este sentido, Arroyo destacó que por parte de Interior hay “voluntad política” para establecer este traspaso de competencias aunque las comunidades “no están por la labor” y “tampoco exponen cuáles son las competencias reales para este desinterés”, aunque reconoció que el verdadero escollo es “un problema de financiación”.
Actualmente, tan sólo Cataluña tiene transferidas las competencias de sanidad penitenciaria, desde 1984, mientras que Navarra, Aragón y Andalucía están trabajando para organizar la coordinación entre sus servicios sanitarios y la atención que ofrecen en prisiones, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial de los reclusos y garantizar unas condiciones de trabajo equitativas.
Además, Instituciones Penitenciarias creó en 2009 unos grupos de trabajo para armonizar el proceso de transferencia a cada servicio autonómico de salud, organizando los servicios y avanzando en una competencia funcional.
Según destacó Arroyo, se trata de una “carrera contrarreloj” a la que se añade que “no están entrando nuevos profesionales”, lo que debe servir para “presionar” a las comunidades ya que los 1.500 médicos y personal de enfermería que trabajan en las cárceles españolas presentan una media de edad de unos 50 años.
Por su parte, el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, señaló la necesidad de abordar este problema de la sanidad penitenciaria con los grupos parlamentarios para que los reclusos puedan “ser atendidos en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos” y, asimismo, “los médicos y enfermeros se incorporen al SNS como cualquier otro profesional”.
Además, esta integración en el SNS es necesaria porque los reclusos son “pacientes muy especiales”, muchos de ellos jóvenes y con un alto índice de enfermedades infecciosas, como el VIH, la hepatitis o tuberculosis. Pese a todo, aseguró el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, las enfermedades mentales han pasado a ser las más prevalentes en las cárceles españolas.
Esto se debe a que se han desarrollado diferentes iniciativas para frenar el número de contagios por VIH, como el reparto de preservativos o la implantación de programas para evitar el uso compartido de jeringuillas, según explicó el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León Vicente Sánchez, además de otras mejores higiénicas o programas de mantenimiento con metadona.
Pese a todo, el ex coordinador de la Comisión de Prisiones de la Coordinadora estatal CESIDA, Fernando González Culler, resaltó que el 26 por ciento de los presos padecen VIH positivo y el 42 por ciento reconocen haberse infectado en la cárcel. Además, entre 2004 y 2007 fallecieron en estos centros españoles un total de 772 personas a causa de sida.
