Así lo ha declarado Mercedes Gallizo durante las Jornadas sobre Personas con Enfermedad Mental en Régimen, organizadas por la Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (AFAPI-HPPA)
Madrid, 10 de junio 2009 (medicosypacientes.com)
La secretaria general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior, Mercedes Gallizo, ha afirmado durante la celebración de las Jornadas sobre Personas con Enfermedad Mental en Régimen Penitenciario, que “es muy injusto que la prisión se convierta en un recurso asistencial, por no tener recursos suficientes en la comunidad para la prevención, para el tratamiento ambulatorio o internamiento en centros de salud de personas con enfermedad mental”.
Estas jornadas han sido organizadas por la Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (AFAPI-HPPA), con la colaboración de la Fundación La Caixa, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (Fontcalent), la Fundación Manantial y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES).
En este sentido, Gallizo ha explicado que parece razonable que el escaso número de personas con enfermedad mental que presentan riesgo de peligrosidad “puedan ser mantenidas en centros con alto nivel de custodia, pero por esta misma razón, el resto de personas deberían ser derivadas a dispositivos con una capacidad asistencial basada en el principio de socialización”. Además, ha añadido que ?estos recursos tienen que ser de la comunidad y deben tener programas terapéuticos personalizados y contemplar la posibilidad del internamiento parcial?.
Mercedes Gallizo ha propuesto “acordar acciones conjuntas, entre la Administración penitenciaria, los servicios sanitarios y sociales de las comunidades y con la Administración de justicia, para tratar de manera adecuada a estos pacientes”. Así mismo, ha formulado la necesidad de “poner en marcha un adecuado sistema de clasificación de estos pacientes y un estudio de su perfil patológico, que nos permita encontrar el dispositivo asistencial adecuado para el tratamiento de su enfermedad”.
Por otra parte, la presidenta de Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (AFAPI-HPPA), Carmen Vázquez, ha explicado que “la cárcel no es el lugar adecuado para estas personas, el lugar adecuado es un hospital, donde se tratan los problemas de salud. Además, de necesitar pastillas, estas personas necesitan una rehabilitación psicosocial para que tomen conciencia de su enfermedad y se adhieran al tratamiento”.
La presidenta de AFAPI ha hecho referencia a la reforma psiquiátrica de la década de los 80 y a la Ley de Sanidad de 1986, a este respecto ha explicado que “el sistema ha fallado ya que con la reforma se tendía a una psiquiatría comunitaria, pero la realidad es que todo lo que se plasmaba en el papel no se ha cumplido”. Asimismo, ha denunciado que “las personas con enfermedad mental han acabado en centros penitenciarios que no tienen los recursos materiales, ni personales suficientes y no pueden dar una atención adecuada como la que recibiría cualquier otra personas con una enfermedad”.
Por esa razón, ha instado a Instituciones Penitenciarias para que “hagan un esfuerzo presupuestario para conseguir un adecuado tratamiento farmacológico y una rehabilitación completa”. Por último, Carmen Vázquez ha concluido que “de esta manera cuando salgan de los centros tendrán una verdadera conciencia de su enfermedad y estarán formados para trabajar en la medida de sus capacidades”.
Por su parte, el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Arroyo, ha establecido una distinción entre personas jurídicamente responsables y las inimputables, ya que a su juicio ?no puede ser que las medidas alternativas para personas inimputables sean en la realidad la causa de que las personas con enfermedad mental acaben en prisión?.
En estas jornadas también han intervenido, Ángel Luis Ortiz González, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 1 de Madrid, Lourdes Chasco Piérola, abogada especialista en derecho penitenciario y Jesús Cáceres García, jurista del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante que desde un punto de vista jurídico han analizado las deficiencias de la aplicación de la normativa legal, además de proponer soluciones que pueden ayudar a mejorar la actual situación de las personas con enfermedad mental.
Por ultimo, Karina Rocha, técnico de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) ha declarado que “los centros penitenciaros vuelven a ser un modelo de institucionalización, son el resultado del déficit de la atención sanitaria y social, la red no está preparada para atender a personas con enfermedad mental con problemas penales”. Por esta razón, ha continuado Karina Rocha, “nuestra visión y modelo de actuación es ofrecer una atención integral y comunitaria y un planteamiento biopsicosocial de la salud y la diversidad de las personas”.
Por su parte, el técnico de la Asociación Salud y Alternativas de Vida de Leganés (ASAV) Adrián López expuso el modelo del programa que está desarrollando ASAV, cuyo objetivo es la atención psicosocial a personas con enfermedad metal dentro de centros penitenciaros, en colaboración con el Programa Marco para la Atención Integral de Personas con Enfermedad Mental en Centros Penitenciarios del la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Enlaces relacionados:
- Asociación de Familiares y Amigos de los Pacientes Ingresados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (AFAPI-HPPA)
- Fundación La Caixa
- Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante (Fontcalent)
- Fundación Manantial y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES)
