El nuevo representante nacional de Administraciones Públicas de la OMC, Julio Jiménez Feliz, inicia su mandato con el objetivo de dar visibilidad a los médicos que trabajan fuera del ámbito asistencial y reivindicar su papel dentro del sistema sanitario y de las administraciones públicas.
¿Cuál es su principal misión al frente de esta responsabilidad?
El objetivo es mantener la línea de trabajo que ya veníamos desarrollando: reivindicar el papel de todos los médicos que ejercen fuera del ámbito asistencial, pero que desempeñan funciones esenciales dentro del Sistema Nacional de Salud y de las administraciones públicas. Hablamos de médicos forenses, médicos de instituciones penitenciarias, médicos militares, facultativos de la Guardia Civil y la Policía, profesores universitarios o médicos inspectores, entre otros. Todos ellos desarrollan una labor fundamental, aunque muchas veces pase desapercibida. Queremos dar visibilidad a su trabajo y recordar que muchas de las decisiones que toman las administraciones públicas se sustentan en informes elaborados por médicos.
¿Qué prioridades se ha marcado para este primer año de mandato?
La principal prioridad es visibilizar la grave situación de la sanidad penitenciaria, que atraviesa un deterioro muy importante. También queremos reforzar el reconocimiento de todos los médicos que trabajan en administraciones distintas al sistema sanitario convencional y reivindicar mejoras como la carrera profesional, que sigue siendo una asignatura pendiente. Además, mantendremos el grupo de trabajo sobre profesorado universitario. Nos preocupa que las facultades de Medicina cuenten cada vez con más docentes que no son médicos, algo que consideramos necesario corregir mediante cambios en los sistemas de acreditación.
«Los funcionarios siguen sin disponer de una historia clínica electrónica integrada»
Ha mencionado la sanidad penitenciaria como una prioridad. ¿Cuál es la situación actual?
Es una situación muy preocupante. Estamos asistiendo a un deterioro progresivo del sistema sanitario en las prisiones. No debemos olvidar que las personas privadas de libertad siguen siendo ciudadanos con derecho a recibir una atención sanitaria de calidad. Existe una proposición no de ley aprobada hace años para impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, pero esa medida sigue sin desarrollarse plenamente. Mientras tanto, la falta de médicos continúa agravándose.
¿Qué consecuencias tiene esa falta de profesionales?
Si los centros penitenciarios no cuentan con médicos suficientes, toda esa asistencia acabará recayendo sobre los centros de salud y hospitales del sistema público. Y estamos hablando de una población con características muy específicas que requiere una atención adaptada. En prisión se desarrollan programas sanitarios muy importantes, como la prevención de enfermedades infecciosas, el control de la tuberculosis o el tratamiento del VIH, que históricamente han obtenido excelentes resultados. Si desaparecen los médicos adscritos a los centros penitenciarios, esos programas también corren peligro.
«Si desaparecen los médicos de prisión, esa asistencia recaerá sobre hospitales y centros de salud»
¿Por qué cuesta tanto cubrir estas plazas?
Fundamentalmente porque las condiciones laborales no resultan atractivas. Como ocurre en cualquier ámbito, los médicos valoran el salario, los horarios, las condiciones de trabajo y las posibilidades de desarrollo profesional. Si queremos atraer profesionales, será necesario mejorar esas condiciones.
Pero ya hay prisiones sin médicos…
Sí. Hay centros penitenciarios donde la asistencia sanitaria se presta únicamente durante unas horas al día mediante empresas privadas o donde directamente no existe una cobertura suficiente. En esos casos, cualquier urgencia obliga a trasladar al interno al hospital, lo que requiere un importante dispositivo de seguridad y complica mucho la atención sanitaria.
¿Qué problemas plantea el sistema de acreditación en la carrera docente de los médicos?
Las universidades tienen cada vez más dificultades para incorporar profesores médicos porque el sistema de acreditación penaliza, en cierta medida, la actividad asistencial. Un médico que dedica buena parte de su jornada a atender pacientes dispone de menos tiempo para investigar y publicar, mientras que otros perfiles profesionales pueden dedicar todo su tiempo a la actividad investigadora y obtienen mejores puntuaciones. Eso hace que, en determinadas materias, haya cada vez más docentes que no son médicos formando a futuros médicos.
¿Qué riesgos supone?
La medicina requiere una visión integral del paciente. No basta con dominar una disciplina concreta; es necesario entender cómo se relacionan todos los conocimientos para aplicarlos a una persona enferma. Por eso creemos que la formación médica debe impartirse, en la medida de lo posible, por profesionales que ejerzan la medicina y conozcan esa realidad clínica.
«Queremos dar visibilidad a los médicos que trabajan fuera del ámbito asistencial»
¿Por qué perfiles como los médicos forenses, inspectores o epidemiólogos siguen siendo tan desconocidos?
Porque tradicionalmente se nos ha situado fuera del sistema sanitario, cuando realmente también realizamos funciones asistenciales muy relevantes. Los inspectores médicos evalúan incapacidades laborales, los médicos forenses aportan información imprescindible sobre las causas de la muerte y contribuyen a programas de prevención del suicidio, seguridad vial o salud pública. Todos formamos parte del mismo sistema, aunque muchas veces no se nos perciba así.
¿Se sienten ahora más escuchados?
Sí, creo que la situación ha mejorado. Poco a poco las administraciones van comprendiendo que necesitan el trabajo que desarrollamos. Pero también depende de nosotros explicar mejor cuál es nuestra aportación y demostrar la utilidad de nuestro trabajo.
«En prisión se desarrollan programas clave de prevención de enfermedades infecciosas y tratamiento del VIH»
La digitalización y la inteligencia artificial están transformando la sanidad. ¿Qué papel pueden desempeñar los médicos de las administraciones públicas?
Tenemos mucho que aportar porque trabajamos con información sanitaria especialmente sensible y con grandes bases de datos. Eso sí, necesitamos que las administraciones garanticen el mismo nivel de protección de datos y de acceso a herramientas digitales que existe en el sistema sanitario asistencial. En los últimos años hemos avanzado mucho, por ejemplo, con el acceso de los médicos forenses a la historia clínica electrónica, algo que antes no existía.
Hay una reivindicación que usted repite con frecuencia: la historia clínica única para todos los ciudadanos. ¿Por qué es tan importante?
Porque todavía existen importantes lagunas. Los funcionarios del Estado que pertenecen a mutualidades, por ejemplo, son los únicos ciudadanos que no disponen de una historia clínica electrónica integrada. Eso significa que si un policía, un guardia civil o cualquier funcionario llega inconsciente a un servicio de urgencias, el médico puede desconocer si es diabético, hipertenso, alérgico o qué tratamientos está siguiendo. En pleno siglo XXI eso no debería ocurrir.
