El Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) y la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería de Sanidad han firmado un Protocolo de Actuación que mejora las condiciones de seguridad jurídica de los médicos de Atención Primaria
En dicho documento se estable que la Dirección General de Inspección y Ordenación elaborará, conjuntamente con el ICOMEM, unas recomendaciones dirigidas, fundamentalmente, a los médicos de Atención Primaria que tengan que acudir a un requerimiento procedente de la Inspección Sanitaria.
Se trata de que cuando se le comunique al profesional que debe comparecer, se incluya información sobre los hechos por los que se le cita para que el médico pueda aportar la información que considere adecuada.
De esta manera, y después de varios encuentros previos entre los representantes de ambas instituciones, se ha acordado constituir un grupo de trabajo con el objetivo de modificar el procedimiento establecido para garantizar la seguridad jurídica del facultativo.
“El aumento del número de expedientes, durante los años 2015 y 2016, ha provocado la alarma entre los médicos y era prioritario cambiarlo ya que, en muchas ocasiones, son citados sin conocer el objeto de la investigación ni contar con el apoyo de los datos de la historia clínica”, explicó el vocal de Atención Primaria del ICOMEM Dr. Ignacio Sevilla Machuca.
Propuestas del ICOMEM
Debido a la trascendencia de este tema, el Colegio de Médicos de Madrid ha propuesto a la Consejería de Sanidad una serie de recomendaciones, incluidas en el documento firmado, que se deben tener en cuenta para mejorar todo el proceso. Así, sugiere, en el acuerdo, que se proporcione a los facultativos información de las opciones disponibles cuando reciben una citación. Éstas van desde negarse a declarar, asesorarse por un letrado o pedir una nueva comparecencia, entre otras.
Además, pide que ya en la comparecencia se le expliquen las consecuencias que pueden tener sus palabras y actuaciones, y que éstas pueden derivar en la apertura de un expediente disciplinario.
Si tras la fase de “información previa”, a la que se ha citado al médico, la Inspección Sanitaria propone iniciar un procedimiento disciplinario, se deberá especificar la normativa incumplida y se justificará la propuesta de sanción. Posteriormente, la propuesta se trasladará a la Dirección General de Inspección y Ordenación de la Consejería, que tras ser analizada por un profesional cualificado, confirmará o no, la propuesta de apertura de expediente, dando traslado de la misma a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales para ordenar la incoación del expediente y el nombramiento de instructor y secretario del mismo.
El ICOMEM propone, además, que durante la fase de información previa, si fuera necesario valorar la práctica clínica del médico, se cuente con la participación de un médico inspector o un clínico con experiencia, responsable directo del investigado o cualquier otro facultativo propuesto por el ICOMEM.
Por otro lado, el documento firmado indica que en la fase de expediente la independencia del instructor y del secretario han de ser completas y que debe tenerse en cuenta la complejidad de la actividad asistencial propia de la Atención Primaria. Además, especifica que “si es preciso asegurar la continuidad asistencial el médico que ha de realizar el seguimiento ha de poder constatar en la historia electrónica el registro de la prescripción”. Si esto no es posible “se podrá exigir que el paciente reciba la información explícita por escrito, además de la hoja de tratamiento que ya recoge la normativa actual”.
Respecto a la fase sancionadora, el ICOMEM propone que, “con la ayuda de la Comisión de Deontología de esta institución, se evite ejecutar las sanciones que puedan considerarse desproporcionadas o inadecuadas al acto médico valorado”.
El protocolo suscrito aborda, en concreto, los casos de prescripción inducida por un especialista de atención hospitalaria. En estos supuestos la institución colegial solicita que “los inspectores recaben la información completa del paciente en ambos niveles asistenciales y, si fuera preciso, se cite a declarar al prescriptor original y a todos los profesionales implicados en el proceso asistencial evaluado”.
Por otro lado, se creará, un grupo de trabajo que se encargará de elaborar un protocolo de prescripción de medicamentos cuando se utilicen en condiciones distintas (uso fuera de indicación) a las previstas en ficha técnica, para que los facultativos puedan consultar cualquier duda en relación con un determinado fármaco.
Éste se desarrollará siguiendo las recomendaciones de la AEMPS y contará con la participación de profesionales de distintas especialidades. Además, el Colegio de Médicos de Madrid ha sugerido que se cuente con el Consejo Científico de esta institución. El mismo se deberá incluir en el nuevo módulo de prescripción de receta electrónica y será de obligado cumplimiento para todos los profesionales prescriptores.
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