El término madurez en la persona, aunque suele asociarse a la idea de autonomía y de valerse por uno mismo, siempre ha estado rodeado de controversia tanto a nivel científico como jurídico, precisamente al entremezclarse, a la hora de su concreción, aspectos biológicos, médicos, sociales y normativos. El escenario se vuelve complejo para aquel que tiene que tomar decisiones con respecto al menor, fundamentalmente, por toda una serie de contradicciones con las que, por ejemplo, un profesional de la Medicina se topa al enfrentarse a cuestiones que atañen a este tipo de pacientes. Expertos han debatido, recientemente en Granada, sobre todo este complejo mundo, llegando a la conclusión de la necesidad de alcanzar pactos entre todos los agentes que intervienen alrededor del menor
Madrid, 29 de junio 2010 (medicosypacientes.com)
De izda. a dcha., el juez
Calatayud y los doctores
Caballero y Azpiri.
Expertos en ciencias médicas y jurídicas se dieron cita en el XVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) para abordar la realidad del menor. Bajo el título «El menor maduro ¿cómo lo identificamos?», los expertos Emilio Calatayud, magistrado-juez del Juzgado de Menores nº 1 de Granada; el doctor Javier Azpiri, neurólogo y psiquiatra, director médico de Medicina Psico-Orgánica, de Vizcaya; y el doctor José Caballero, presidente del Comité Organizador del Congreso, analizaron desde distintos puntos de vista la problemática que rodea al menor y cómo influye en su desarrollo hasta alcanzar la referida madurez. Madurez que, tal como indicó el doctor Caballero puede valorarse desde distintos ángulos, siendo preciso saber distinguir entre la madurez moral y la madurez jurídica, pese a las múltiples contradicciones con las que puede toparse a la hora de tener que hacer esta distinción, en este caso, un profesional de la Medicina, procedentes, la mayoría, de las distintas normativas que hay que tener en cuenta a la hora de la toma de decisiones.
Definir la madurez, en opinión del profesor Azpiri, requiere previamente una revisión de conceptos como la capacidad de autogestión y de desarrollo en la persona, pese a que, como reconoció, la situación en la que la sociedad actual está sumergida, caracterizada por grandes cambios culturales, de hábitos, costumbres, etc., no facilita la tarea. Por un lado, se establece la edad de 16 años, para ser considerado útil para la sociedad, aunque desde el punto de vista de madurez cerebral no se haya alcanzado el nivel necesario, porque el cerebro está a dicha edad en pleno proceso de maduración.
Y es que, como indicó este experto, se puede considerar que la edad clave de desarrollo cerebral se establece entre los 14-16 años, puesto que es en este período cuando se va a producir todo el asentamiento informativo, educativo, emocional. Por tanto, se trata de un período fundamental en relación al grado de madurez que después se mantendrá en la etapa de adulto.
Sin embargo, y como coincidieron en destacar tanto el científico Azpiri como el jurista Calatayud, el grupo poblacional comprendido en esa franja de edad está expuesto a una serie de riesgos, sobre todo, de carácter social como es el consumo de drogas, alcohol, tabaco, es decir, a un gran número de situaciones que pueden ser consideradas como tóxicas, cuyas consecuencias, como advirtió Azpiri, radican en que nos enfrentamos a que una gran parte de la población está «intoxicada», pudiéndose considerar ésta como una de las mayores epidemias que está sufriendo este país.
Necesidad de un pacto
El juez-magistrado Calatayud también dio la voz de alerta ante el incremento de las denuncias de los padres frente a sus hijos al no ser capaces de someterles a la disciplina que se requiere, «se dan cada vez más casos entre familias pertenecientes a clases medias y medias-altas», tal como señaló.
Esta clase de chicos comienzan por hacer de la tiranía su principal arma, a partir de una permisividad que sus padres suelen concederles. Así, algunas actitudes arriesgadas de los padres hacia sus hijos pasan por comenzar desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida, satisfaciendo todos sus deseos y caprichos; no proporcionarle ningun tipo de educación espiritual; no impedir que su mente se llene de basura, dejándole leer o ver todo lo que caiga en sus manos; o dándole el dinero que pida para gastar, sin ser consciente de que para disponer de éste es necesario trabajar, y en algunos casos pueden acabar formando a un futuro delincuente.
Y es que como lamentó Calatayud en un momento de su intervención, «debe ser que no ha interesado hacer mucha énfasis en el artículo 155 del Código Civil en el que se indica que el menor no sólo tiene derechos sino también deberes legales».
En definitiva, como remarcó este juez-magistrado, se precisa de un pacto entre todas las partes que asisten al menor, sobre todo, porque ninguna de las profesiones que trabajamos con los menores, «habla el mismo lenguaje que las otras, lo cual resulta preocupante».
