Los Dres. Juan José Rodríguez Sendín y José maría Rodríguez Roldán, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC y presidente de la Comisón de Deontología del COM Sevilla, respectivamente, analizan la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca, ante lo que manifiestan que suspender un programa de vacunación, de modo injustificado, supone un incremento de los riesgos de la población que ha dejado de recibir esa medida preventiva.
La vida es lo más valioso que tenemos. Vivir es un riesgo, y en la vida no existe riesgo cero, por eso buscarlo es una quimera a la que dedicamos mucho tiempo, recursos y energías. Y en ocasiones comportamientos despreciables.
La medicina no solamente tiene como objetivo el curar enfermedades, sino que también tiene entre sus objetivos principales el mantenimiento de la salud y la prevención de la enfermedad. Este tipo de medicina, la medicina preventiva, se caracteriza por la intervención anticipativa, es decir, por la actuación antes de que aparezca o se desarrolle un problema de salud, con el objetivo de lograr un mejor pronóstico si la enfermedad aparece. Al igual que la medicina curativa, la medicina preventiva es una medicina desarrollada con base en el método científico. Dado que las intervenciones preventivas el acto médico se dirige sobre sujetos sanos, el rigor en la prueba de efectividad y en la evitación de efectos adversos se hace extraordinariamente necesario.
Al igual que la medicina con fines terapéuticos,la medicina preventiva se rige por los principios y valores esenciales de la medicina que son aplicables y exigibles tanto para hacer como para no hacer. La indicación terapéutica, la oportunidad terapéutica, la omisión terapéutica o el retardo en la intervención pueden ser especialmente relevantes en las acciones médicas preventivas.
En plena pandemia mundial por la SARS-COV-2 y tras la vacunación de millones de personas en el mundo se ha suspendido la aplicación de una de las vacunas por sospecha de haber causado eventos adversos secundarios, principalmente cardiovasculares, con resultados de muerte. La decisión de suspender o no la vacunación, la acción preventiva que se ha mostrado de momento con más eficaz, no es una decisión irrelevante sino de la que necesariamente se derivan consecuencias.
De acuerdo con el principio de “beneficencia” no se debe admitir una intervención preventiva, como es la vacunación, sin disponer de las pruebas sobre su efecto beneficioso para la salud de la población, las intervenciones médicas preventivas no pueden tener un estatuto de exención a la crítica a la hora de demostrar su beneficio. La buena intención no es suficiente, recordar esto es importante porque en ocasiones se ha concedido a la prevención, una tolerancia injustificada ante los requisitos científicos exigibles a cualquier intervención sanitaria.
El principio de “no-maleficencia” obliga a ponderar siempre los posibles efectos colaterales que las intervenciones preventivas pueden provocar. Esto es especialmente relevante cuando se interviene sobre población sana. En cualquier tratamiento o decisión sanitaria debe llevarse a cabo un riguroso balance del riesgo y el beneficio esperable en cada caso. Pero la “no-maleficencia” también puede ocurrir como consecuencia de la omisión de la acción preventiva. En el caso de la pandemia COVID19, sería especialmente preocupante, que por presiones políticas o por una actitud defensiva ante campañas de opinión pública, se tomaran decisiones inadecuadas que conllevarán mas daño por no vacunar que por hacerlo
El principio bioético de justicia (en su dimensión de equidad) aplicado a la prevención exige priorizar las intervenciones en los grupos poblacionales que mejor lo vayan a rentabilizar. Una determinada actividad se aplicaría inadecuadamente cuando el beneficio fuera superado por el daño, pero también cuando supone una dificultad mayor para favorecer la extensión global de la vacunación.
El respeto a la “autonomía” de los ciudadanos ante las medidas preventivas es un aspecto especialmente delicado por las dificultades que pueden darse en momentos de emergencia mundial como el creado por la SARS-COV-2. Sin embargo, la filosofía del consentimiento informado sigue vigente y por tanto siempre que sea posible el paciente debe ser informado adecuadamente de lo que puede esperar de una determinada actividad preventiva, tanto de los beneficios como de los riesgos. De igual modo se debe explicar de manera comprensible cual es el riesgo que se asume en caso de no aceptar la intervención preventiva.
Prevención y anticipación no son conceptos sinónimos. La anticipación no se convierte en prevención de manera automática y para que constituya una intervención responsable es preciso ponderar los beneficios y los riesgos, informando adecuadamente a los pacientes y a la sociedad. La prevención es una anticipación efectiva, segura, razonable, equitativa y sensata. Se resuelve con las recomendaciones y decisiones que realiza la Autoridad Sanitaria, que se deben respetar, y con los protocolos es decir con una garantíade que el proceso está bien hecho.
El empleo de protocolos en la práctica médica está justificado tanto para disminuir la variabilidad en la práctica clínica, como para poder ayudar la eficacia resultados de la actuación médica. El empleo de protocolos siempre disminuye el nivel de incertidumbre tanto para el médico como para el paciente, o ciudadano sobre el que se realiza una intervención sanitaria. En el caso de la vacunación contra el SARS-CoV-2, al igual que con otro tipo de vacunaciones, se desea minimizar cualquier riesgo evitable derivado de la misma, aunque teniendo en cuenta el riesgo que supondría la no vacunación. Queremos acertar, está claro que no se desea someter a nadie a ningún riesgo evitable, pero especialmente el riesgo lo constituye el no vacunar. En el caso de la suspensión temporal de la vacunación con la vacuna de Astra Zeneca , siempre han existido dudas sobre si los efectos secundarios descritos habían sido producidos por ella. No obstante, suspender un programa de vacunación, de modo injustificado, supone un incremento de los riesgos de la población que ha dejado de recibir esa medida preventiva.
Las intervenciones preventivas y anticipativasgozan actualmente de una gran popularidad, avaladas por el conocido aforismo de que “más vale prevenir que curar”. Sin embargo, no siempre se traducen en beneficios en la mejora de la salud futura del individuo o de la comunidad. Todos deberíamos tener en cuenta que ninguna intervención preventiva está exenta de riesgo, y en consecuencia tampoco lo están cualquiera de las vacunas que se están aplicando para mitigar la pandemia COVID-19.
Aplicar las vacunas con carácter general puede detener la progresión del virus, no solo en España sino en la aldea global en la que vivimos, que no es otra que el mundo entero, aún sabiendo que un pequeño porcentaje de individuos vacunados pueden sufrir efectos indeseables, que habría que intentar minimizar en incidencia e intensidad. En consecuencia, todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 son necesarias para lograr ese objetivo, pues evitaran mucho sufrimiento, pobreza y salvaran millones de vidas; muchas más vidas que no aplicarlas por miedo a susinfrecuentes efectos secundarios.
En este punto la profesión médica debe asumir una especial responsabilidad deontológica que impida avalar injustificadamente, ya sea a nivel individual o institucional, propuestas que carezcan de suficientes garantías, o que se prestan a la confusión, especialmente cuando puedan mediar intereses ajenos al bien común. Se debe extremar la prudencia a la hora de presentar escenarios de riesgo para la población, de modo que la información se ofrezca de manera comprensible para la ciudadanía, procurando tener en cuenta el modo en que puede ser interpretada. Esto es muy relevante para evitar daños colaterales como estados de alarma y de rechazo a las vacunas, que se podrían sortear con una adecuada explicación. La organización de planes especiales para afrontar una potencial emergencia debe poder hacerse en un clima de serenidad, muy conveniente para que resulten beneficiosos.
No se debe prestar atención a una actividad sociosanitaria preventiva o asistencial que carezca de consistencia o introduzca riesgos desde la racionalidad sanitaria, en cuyo caso debe ser rechazada. Cualquier actividad sanitaria que se realice, como puede hacer iniciar un programa de vacunación, o suspenderlo, debe tener unos procedimientos robustos con bases científicas y éticas además de estar económicamente justificados. En consecuencia, tanto las autoridades sanitarias como las estructuras científicas y profesionales deben trabajar mancomunadamente a fin de avalar todas aquellas decisiones sanitarias que, por acción, o por omisión puedan tener consecuencias sobre la salud de los ciudadanos.
Existe un clima de creciente consumismo sanitario donde todo lo preventivo tiene un mercado asegurado, habiéndose generado un fenómeno de tolerancia en el rigor que se debería exigir en la publicidad. La resultante es un sector comercial muy agresivo y creciente, donde se mueven grandes intereses y se pueden generar serios perjuicios, porque no todas las personas tienen recursos para elaborar un criterio que les permita discriminar la información cierta de la engañosa en relación con las vacunas que nos ocupan. La parálisis generada sobre la vacuna de Astra Zeneca, debe ser un punto de inflexión y reflexión sobre cuáles pueden ser las motivaciones para la misma. ¿Son razones exclusivamente científicas, cuando sabemos que existe detrás de los procesos de vacunación millones de euros en juego?
Los médicos estamos obligados a afrontar este desafío profesional de primer orden, en la medida que exige un esfuerzo de actualización del conocimiento, recurriendo a fuentes de información solventes que sean a la vez independientes de intereses ajenos a la salud de nuestros pacientes. Divulgar sin alarmismos, y hacer pedagogía con la información disponible es un deber y sin duda un arte al que no podemos renunciar por lealtad a los ciudadanos y la sociedad.
Especial papel y relevancia tienen el Ministerio de Sanidad y los servicios de salud de las Comunidades Autónomas y en especial que mantengan una debida coherencia y coordinación a la hora de tomar y decidir poner en marcha campañas preventivas. Esa corresponsabilidad se extiende a los grupos de expertos que habitualmente les asesoran en la toma de decisiones, y que inexorablemente deben actuar, no solamente con el mayor grado de rigor científico, sino también conociendo las consecuencias que las decisiones de acción u omisión de las medidas preventivas tendrán siempre consecuencias sobre la salud de los ciudadanos.
