Médicos, enfermeros, farmacéuticos, Administración sanitaria, Políticos, Sociedades Científicas, Sindicatos y Pacientes se han unido para celebrar el “Día Nacional contra las Agresiones”, celebrado ayer jueves, 22 de marzo con una serie de actos entre los que cabe destacar una Jornada de concienciación que contó con la participación del Ministerio de Sanidad, de los Consejos Generales de las profesiones sanitarias de Médicos, Enfermería y Farmacia, de sindicatos, pacientes, Sociedades Científicas, y estudiantes de Medicina
Madrid, 23 de marzo 2012 (medicosypacientes.com)
Médicos, enfermeros, farmacéuticos, Administración sanitaria, Políticos, Sociedades Científicas, Sindicatos y Pacientes se han unido para celebrar el “Día Nacional contra las Agresiones”, celebrado ayer jueves, 22 de marzo con una serie de actos entre los que cabe destacar una Jornada de concienciación que contó con la participación del Ministerio de Sanidad, de los Consejos Generales de las profesiones sanitarias de Médicos, Enfermería y Farmacia, de sindicatos, pacientes, Sociedades Científicas, y estudiantes de Medicina.
Bajo el título, “Visiones ante un problema creciente”, intervinieron: el doctor Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC; Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería; Luis Amaro, tesorero del Consejo General de Farmacéuticos; Gonzalo Camarero, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; el doctor Patricio Martínez, secretario general de la CESM; además del secretario general de la OMC, el doctor Serafín Romero, que actuó de coordinador de la jornada.
Como recordó el secretario general, el doctor Serafín Romero, en la introducción del tema, el Día Nacional contra las Agresiones se instituyó en 2011, y comienza a consolidarse, después de que durante años las Organizaciones Profesionales hayan luchado para hacer frente e intentar disminuir una lacra que ha ido en aumento, a partir de su compromiso con los ciudadanos.
El presidente de la Organización Médica Colegial partió de la premisa de que violencia no tiene justificación bajo ningún concepto, para pasar a distinguir dos tipos de agresiones con manejo distintos. Una de ellas es la agresión que se produce a causa de una intencionalidad clara de obtención de rentabilidad, cuando un ciudadano concreto pretende obtener algo de un médico, del sistema, de la consulta, bien un medicamento, un parte de baja ante una situación falsa, incierta, hay pacientes que pueden agredir para obtener una rentabilidad. Otra situación bien distinta, explicó, la presenta aquel paciente que agrede en un momento determinado porque está sufriendo y se rompe con sus expectativas, y hay que tratarlos de forma distinta.
En este terreno, como indicó en un momento de su intervención, “los Colegios estamos obligados a dispensar un tratamiento precoz lo antes posible a partir de que se haya producido la agresión. Si todos los agentes contribuimos en la parte que nos corresponde, probablemente, obtengamos resultados favorables en esta lucha contra las agresiones”.
Asimismo, recordó que “las obligaciones de los profesionales están enfocadas a la salud y a su protección, sin entender si se pertenece a un ámbito concreto bien público o bien privado”. “No queremos que se nos proteja por el hecho sólo de ser ciudadanos españoles sino como servidores de un servicio público, puesto que los profesionales somos los que garantizamos que ese servicio público se mantiene en un nivel suficiente de respeto y de honorabilidad, porque no hay otra manera de beneficiar a todos”.
El doctor Rodríguez Sendín advirtió, por otra parte, que “si el sistema público se desprestigia y sus agentes son víctimas de actos violentos, va a suceder con toda probabilidad que adoptemos posiciones defensivas que llevan a un encarecimiento insoportable de las bases del Estado de Bienestar”.
Además, indicó que pese a que, cuantitativamente, la proporción de agresiones no es grande si se compara con el número de actos que realizamos el conjunto de la profesión sanitaria su impacto va a condicionar la respuesta de los profesionales de por vida. Es por ello que instó a la Fiscalía a que acelere el proceso de reconversión y de toma de decisiones, puesto que no llegamos a entender porqué a unos profesionales se les da un trato diferente que a otros. En este sentido, señaló que en las CC.AA. donde existen acuerdos firmados con la Fiscalía la respuesta a la agresión es más ágil y eficaz.
El presidente de la OMC insistió en el papel de los Colegios para colaborar en la recuperación del médico agredido y pedir su traslado si fuera preciso y a la mayor prontitud, en colaboración con las Administraciones sanitarias, y subrayó la importancia de denunciar los incidentes de violencia que sufran los profesionales, sobre todo, para evitar el sufrimiento que genera este tipo de actos.
Concluyó apostando por la continuidad de la labor del Observatorio de Agresiones de la OMC y por la consolidación de la celebración de este Día Nacional.
La Administración sanitaria estuvo representada por el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, el doctor Javier Castrodeza, quien resaltó que el Ministerio es consciente de la importancia del reconocimiento y protección de los facultativos, y de su repercusión en la calidad de los servicios de salud, ya que, como dijo, “cuando éstos no son los adecuados todos salimos perdiendo: los pacientes, los profesionales y el sistema sanitario”.
Destacó la importancia de la cuantificación y análisis de las agresiones para llegar al origen del problema y poder adoptar las medidas oportunas tanto de gestión como legales para minimizar o reducir a cero el problema, y poder ofrecer la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesionales de la salud, y mejorar la satisfacción del profesional y la calidad de su asistencia.
Por otra parte, informó de que la política de RR.HH. va a ocupar un lugar preferente dentro de las actuaciones previstas en el Ministerio de Sanidad en la presente legislatura, por ello, como indicó, “estamos abiertos al diálogo y a la colaboración y al trabajo conjunto con las organizaciones sanitarias”.
La voz del sector laboral la puso el secretario general de la CESM, el doctor Patricio Martínez, quien abogó por mejorar el ambiente en los servicios sanitarios donde pueda fluir una buena relación entre el médico y el paciente.
El doctor Martínez considera preciso dotar adecuadamente el puesto de trabajo del médico para que pueda desarrollar el ejercicio de la profesión en las mejores condiciones, y para evitar que salgan perjudicados tanto el médico como el enfermo.
Detrás de estos actos, según indicó, “suele haber una demanda insatisfecha de pruebas, recetas, bajas laborales, etc. Y pese a que hay establecidos protocolos determinados de actuación, la verdad es que el médico todavía no ha entrado en la dinámica de la denuncia”. El doctor Martínez destacó, al respecto, la labor conjunta realizada en el sector sanitario (Sindicatos, Colegios de Médicos, Asociaciones de Pacientes,…) en los últimos años en este terreno, lo cual, en su opinión, “ha contribuido notablemente a la lucha contra esta lacra, creando un caldo de concienciación frente a este tipo de actos”.
Gonzalo Camarero, fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado recordó que el Código Penal establece, a través de varios de sus artículos, una protección genérica para todos los ciudadanos, incluidos los médicos. Como explicó, se quiso dar, a partir de 2008, un paso más para la protección en algunos casos a los profesionales sanitarios aplicando el delito de atentado. Camarero destacó que el problema básico que se produce al respecto, es que el delito de atentado está incluido entre los delitos contra el orden público, éste último un concepto jurídico complejo. Se parte, por tanto, de que lo que se trata es de proteger la función prestacional de la Administración, donde estarían incluidas tanto la Sanidad como la Educación.
Por otra parte, hay que tener en cuenta el concepto de funcionario que establece el art. 24.2 del Código Penal, “alguien designado por la ley, por elección o por nombramiento de la autoridad competente”. El problema es que, en base a la legislación vigente, no todos los profesionales que ejercen profesiones sanitarias estarían protegidos, fundamentalmente, los que trabajan en el ámbito privado o, incluso, en un sistema concertado, como tampoco estaría protegido totalmente el que ejerce por la mañana en el ámbito público y por la tarde en el privado, en este caso sólo estaría durante el ejercicio de su actividad en lo público. Esta es la situación actual de protección que permite el Código Penal, según resumió el representante de la Fiscalía, con las penas asociadas al delito de atentado que oscilan de uno a tres años, o de dos a cuatro cuando se hayan utilizado armas o instrumentos peligrosos en la agresión.
Otras profesiones muy expuestas también a este tipo de agresiones son las de enfermero y farmacéutico como recordaron sus máximos representantes. El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, explicó, durante su intervención, algunas de las acciones llevadas a cabo en su organización para atajar este tipo de situaciones, habiendo diseñado distintos tipos de propuestas dirigidas, por una parte, a prevenir situaciones de tensión y conflicto entre los profesionales y los pacientes, y, además, ofrecer la asistencia sanitaria y psicológica que se precise.
También citó la creación de un observatorio sobre violencia en enfermería, la formación en habilidades de comunicación en situaciones difíciles, la petición a la Fiscalía del reconocimiento legal como delito de atentado contra la autoridad sanitaria, y la cobertura de una póliza de responsabilidad civil que incluya asistencia legal frente a las agresiones.
Luis Amaro expresó, en nombre del Consejo General de Farmacéuticos, la adhesión a la celebración de este Día Nacional contra las Agresiones, y expuso la situación difícil de los farmacéuticos puesto que ejercen en un ámbito privado pero a la vez prestan un servicio público. Destacó, en este sentido, la labor emprendida por los Colegios de Farmacéuticos para ofrece a los farmacéuticos, por un lado, seguridad y facilitarle, pot otro, procedimientos a seguir en caso de sufrir una agresión.
Finalmente, la representante de los Pacientes, Begoña Barragán, miembro del Foro de Pacientes, indicó que cuanto mejor esté formado, informado y educado el paciente menos utilizará la violencia.
“Las Asociaciones –dijo- tenemos mucha labor por delante sobre la formación a los pacientes, un terreno sobre el que nos estamos moviendo ya, haciéndole conocedor del sistema y de las herramientas que hay a su alcance para tramitar quejas o para denunciar si fuera preciso”.
Barragán abogó por una buena comunicación entre el médico y el paciente y una buena formación también por parte de los profesionales, lo cual puede contribuir a evitar que se desencadenen este tipo de situaciones. Insistió, finalmente, en que “bajo ningún concepto los pacientes nunca vamos a apoyar soluciones que impliquen agresiones”.
