El Dr. Luis Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, y el Dr. Juan José Rodríguez Sendín, expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), en esta quinta entrega de la ronda de opiniones bajo el título de "Profesionalismo Médico, Economía y Sociedad" actualizan la coyuntura económica con una visión prospectiva
El pasado nueve de setiembre tomaron posesión de su cargo en el Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad de Madrid, para un mandato de cuatro años, el nuevo Presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Tomás Cobo, así como los otros miembros del Órgano de Gobierno de la Comisión Permanente, en un Acto, que más allá del marco y de la presencia institucional en el mismo, mostró por parte de todos los intervinientes el compromiso incondicional de nuestra Institución Colegial con los Principios y Valores del Sistema Nacional de Salud (SNS) y con el conjunto de la sociedad.
Sin duda, estos pronunciamientos y otros manifiestos declarativos de disponibilidad por parte del Consejo General de Médicos de España han sido siempre una constante en la España democrática; sin embargo, nuestra misión institucional de agencia en la Configuración, Desarrollo y Transformación del SNS desde su constitución, hace ya más de 35 años, ha sido insuficiente y discontinua con los diferentes Gobiernos de la Nación y Autoridades Sanitarias Centrales y Territoriales, incluso en aquellas políticas profesionales que nos incumbían muy directamente, por estar estrechamente vinculadas a la promoción, desarrollo y legitimación social de la profesión médica.
Por el contenido y compromisos adquiridos en las exposiciones del mencionado Evento, tanto por parte de nuestra máxima Autoridad Sanitaria, la Sra. Ministra, Dña. Carolina Darías, como por el Presidente Dr. Tomás Cobo como representante corporativo de la profesión médica en España, se abre tenuemente la puerta de la colaboración basada en la confianza mutua, para articular un espacio de diálogo e iniciativas compartidas, que contribuyan a fortalecer los pilares del propio sistema, con nuestra participación activa en aquellos procesos de reforma y de modernización sanitaria que entendemos preferentes y urgentes. En Román Paladino, y para no caer en el olvido, manos a la obra, aquí y ahora….
Veníamos analizando……
En la entrega anterior señalábamos el importante logro de seguir avanzando en el proceso de vacunación, superando ya el 80% de cobertura con pauta completa de la población diana; no obstante, los expertos prudencialmente nos siguen indicando y alertando sobre la presencialidad del virus y la dinámica de trasmisión continua en esta quinta ola, así como la preocupación por las nuevas variantes -cuyo grado de contagiosidad e infección todavía desconocemos- que pueden interaccionar en nuestro medio vital y cambiar las tendencias epidémicas y asistenciales hoy esperanzadoras.
Y lo son porque todos los indicadores de seguimiento de la pandemia Covid-19 están mejorando significativamente (tendencia a la baja), sí bien con diferencias notables entre territorios, tales como las tasas de incidencia, los ingresos hospitalarios (agudos), los índices de positividad diagnóstica, el (%) ocupación de camas en UCI (críticos), el número de fallecidos (exitus) -siempre desolador-…… pero que sin embargo, es obligadamente responsable mantener estrictamente todos los sistemas de prevención activos sobre todo en aquellos entornos de mayor/alto riesgo y vulnerabilidad, y -con especial atención en el inicio del curso escolar-, así como otras medidas limitantes y coactivas a la interacción y contactividad humana no bien justificada. La consecución de un nivel de incidencia inferior a 25 por 100.000 habitantes nos otorgaría un nivel apropiado de protección comunitaria y seguridad sanitaria.
Proponíamos también reforzar nuestra cultura plural y pluralista, y ahondar en las raíces sociológicas de nuestra identidad que entroncan con el mejor profesionalismo médico, en un momento en el que creemos que las transformaciones sociales de nuestro tiempo, irrumpen críticamente en las motivaciones esenciales, «intra y extramuros”, de las nuevas generaciones de médicos -diálogo intergeneracional- que acceden al sistema sanitario.
Carecemos, al menos nosotros, de un análisis riguroso para poder explicar los cambios en la estructura motivacional de la profesión médica en las últimas tres décadas, más allá de que el modelo teórico de evaluación de las motivaciones humanas sigue siendo válido para conocer los criterios o juicios de valor intrínsecos en el ámbito decisional. Por ejemplo, como comprender o fundamentar la variación –mutación– radical en las preferencias de los médicos graduados en el proceso de elección de la especialización dentro del sistema MIR. Una reflexión, al caso, quizás simplista o reduccionista, pudiera inclinamos a pensar que son las oportunidades laborales, vinculadas por supuesto a los incentivos utilitaristas, o sesgos monetarios de interés -motivaciones extrínsecas- los que vienen a marcar, con total legitimidad, las prioridades en la elección, dado que facilitan la compatibilidad entre la actividad pública y privada, y generan además mayor atractividad y deseabilidad (por tanto, demanda) en la cultura de la sociedad actual.
A decir verdad, esta visión es muy compartida en nuestra profesión; sin embargo, es muy posible también que otros factores motivacionales pudieran discernir o aclarar preferencias de elección, algunos de naturaleza social (visibilidad-redes, reputación,…), tipología y características sociológicas de la demanda atendida, personalización del servicio y valores empáticos asociados, y posiblemente otros más trascendentes o efusivos conforme a la cultura de masas, filosofía de vida y acervo social dominante en nuestro tiempo-comunidad de ciudadanos-. Sin duda, es necesario investigar sobre esta materia, para mejor conocer las motivaciones profesionales y sociales de las jóvenes generaciones de médicos que acceden en su formación práctica al sistema sanitario, porque ello nos permitirá gestionar de forma más apropiada las políticas y desarrollos profesionales, así como planificar y ordenar los procesos de cambio en la organización sanitaria y en los microsistemas asistenciales.
Asimismo, en términos de coyuntura económica se analizaban para nuestro país aquellos aspectos que entendemos más relevantes en el proceso de recuperación ya iniciado tras el severo impacto económico y social derivado de la pandemia Covid-19, teniendo presente las ayudas provenientes de los Fondos Europeos a través de sus dos instrumentos más notables dentro del Next Generation-EU: El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el denominado Fondo REACT-UE, cuyos importes ya fueron reseñados para nuestro país. Todas las reformas acogidas a estos Fondos Europeos y contempladas en el Plan Nacional, afectarán directa o indirectamente a nuestro SNS, y por consiguiente, es conveniente hacer un seguimiento de las mismas dentro del escenario macroeconómico nacional y territorial en el ciclo actual de expansión y recuperación.
Los juicios de valor de la sociedad contemporánea que nos interrogan
Hemos venido comentando que en la modernidad contemporánea el concepto más avanzado de sociedad civil, más allá de interpretaciones procedentes de las ciencias positivistas o fundamentos culturales y sociológicos, consideramos que integra no sólo al tejido social y comunitario -plural y pluralista- en sus diferentes modalidades asociativas, sino también, al sistema de democracia liberal asentado en la convivencia y diversidad, y la economía de mercado, tal y como se contempla en nuestra Constitución.
Creemos importante partir de una visión sistémica de lo que denominamos narrativamente sociedad civil en la era moderna, porque nuestras raíces proceden de una tradición anglosajona de más de dos siglos de existencia en donde valores como la libertad, igualdad o fraternidad, más allá de la falibilidad humana y la disgregación social generada por la industrialización, las migraciones y la secularización, perduraron en el imaginario de la política, la economía y los entramados sociales.
Realmente, es a los filósofos escoceses del siglo XVIII a quienes debemos las razones superiores para establecer condiciones de derechos de ciudadanía, comunidades éticas, conciliación de libertades individuales y colectivas, sociedad civilizada (ordenada), y que hoy hemos transitado en Occidente, en un contexto de democracia liberal, economía de mercado y sociedad plural, a una cultura de moralidad y ejemplaridad pública, integración y capital social, estado del bienestar, vida digna, comunidad moral, esfera de la solidaridad,….. Sin embargo, hoy creemos, que esta barrera ética protectora de la dignidad humana, más allá del consenso político-moral del relato institucional, ha sufrido una “metamorfosis” radical, en donde la lógica del mercado sustentado por los grandes imperios/gigantes económicos ha establecido un dominio imperativo posiblemente “irreversible??” sobre todo el entramado político, institucional, social y cívico. El mundo es un escenario tecnológico (bélico)-comercial global y los ciudadanos normales de “a pie” somos meros agentes secundarios a su servicio, más allá de los afables y académicos discursos que afloran en el debate público. Sólo con una mirada compasiva a nuestro querido SNS, tenemos la respuesta confirmatoria.
Aproximarnos conceptualmente a éste modelo complejo de sociedad civil -de la raíz latina civilis-, del que como ya hemos señalado formamos parte dentro del tejido asociativo, y en donde confluyen disciplinas, categorías y sistemas sin clara delimitación de fronteras como la economía, la política, la jurisprudencia, la antropología lingüística, las ciencias sociales, la filosofía humanística, la cultura contemporánea y la ética, es en alguna medida enigmático para poder entender nuestra historia y el hábitat central de la vida.
Cualquier pregunta, decisión o acción exige contemplar, más bien tener presente, en un ejercicio de análisis reflexivo y sistemático, todas las dimensiones, perspectivas, enfoques y multi-disciplinas propias de la vida académica y social que anteriormente hemos mencionado, lo que significa identificar e interpretar nuestra propia historia dentro del pensamiento moderno, con sus “luces y sombras”, asumiendo una responsabilidad activa para garantizar las libertades y los derechos de ciudadanía.
Desde la sociología política, está muy enraizada la creencia de que la consolidación democrática en nuestro país ha sido fruto del contrato social implícito y de la vertebración de un consenso liberal democrático entre las fuerzas políticas y sociales, y las propias instituciones económicas y de libre mercado legitimadas por nuestra Constitución.
Si bien es cierto este relato, también es importante señalar que un estado social y democrático de derecho bajo un modelo de gobernanza participativo, ha mostrado empíricamente ser más robusto con una sociedad civil movilizada -bajo un tejido asociativo regulado y protegido-, basada en el consentimiento popular en su condición de ciudadanía y en las legítimas competencias subsidiarias orientadas hacia un proyecto moral de transformación social y modernización. Porque la calidad democrática de las instituciones y los organismos públicos sucumbe cuando se degrada o se inhibe en su responsabilidad la sociedad civil en todas sus formas de sociabilidad, privacidad y garantía pública de derechos sustantivos.
Para la profesión médica, los principios de igualdad y la libertad como valores primigenios de una sociedad civil articulada y renovada nos representan como propios en el espacio público en donde debemos hacer valer nuestra función agencial principal en el SNS, no como un dominio simbólico o elitista, sino como un ente social con disposición y capacidad de proteger derechos fundamentales institucionalizados de ciudadanía sanitaria desde una función de tutela, arbitraje y mediación en la esfera política, económica y asociativa, junto a una interlocución formal preferente en aquellos ámbitos de actuación en donde se determinen políticas públicas que afecten directamente al profesionalismo médico y a sus programas de desarrollo, promoción y calidad prestacional, así como en aquellas normas reguladoras que promuevan cambios organizativos y de procesos esenciales en el microsistema asistencial, nuestro verdadero y preferente “lugar de encuentro” -médicos y pacientes-.
No hemos reflexionado suficientemente sobre cómo articular convincentemente nuestra presencia activa en la sociedad civil, ese lugar común, en donde la cultura de profesionalismo éticamente persuasivo, y sin pretenciosidad alguna, debe ser identificada en todos los entramados sociales como una aportación de servicio confiable a la convivencia y al bien común. Este posicionamiento es determinante para poder así representar los intereses que la sociedad civil nos otorga y garantizar sus derechos y cobertura de necesidades en salud, a la vez que participar efectivamente en los ámbitos institucionales de gobernabilidad sanitaria.
Posiblemente este desarraigo social no es por déficit de representación o de convicciones, sino porque nuestra cultura profesional es frágil y contingente, y que para hacerla más robusta y perdurable deberemos implicarnos más en los diferentes entramados e instituciones de la sociedad civil dentro de la esfera pública de libre pensamiento, para así reforzar nuestras virtudes cívicas y compromisos morales, reconciliando desde la Rectoría Colegial los diferentes y legítimos intereses tanto en el ámbito público como privado.
Quizás también es explicativode esta imperfecta visión la superficialidad o el insuficiente fundamento de nuestro ideario profesional, la propia forma de expresarnos y de comunicar, a veces “de oídas”, lo cual nos debe impulsar a ser autocríticoscon nuestro método de trabajo excesivamente utilitarista, pragmático y práctico, relegando a un segundo plano principios fundamentales y reflexiones filosóficas y sociológicas para la acción.
Avanzando los Presupuestos Generales del Estado -2022
En las próximas semanas se presentarán los Presupuestos Generales del Estado -2022, en donde según las previsiones del Gobierno de la Nación se mantendrán las condiciones de excepcionalidad en relación a la suspensión de las reglas fiscales (interrumpidas el pasado 6 de octubre de 2020), es decir, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto, y que este nuevo marco presupuestario ha sido ratificado en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre, conforme a las recomendaciones de la Unión Europea y como consecuencia de la crisis generada por la pandemia. Ello no implica renunciar al compromiso de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal, y por tanto, se mantendrán los objetivos de reducción del déficit público (tasa de referencia del 5% para el 2022: 3.9% Administración Central; 0.6% CC.AA; 0.5% Seguridad Social), con una tendencia decreciente conforme al Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido a Bruselas, junto con el Programa Nacional de Reformas-2021.
El pasado 27 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2022 en 196.142 m€ (límite de gasto no financiero: 169.787m€; más los Fondos Europeos: 26.355m€), prácticamente similar al de 2021 (196.097m€). Por tanto, este límite de gasto incorpora los mencionados 26.355m€ procedentes de los Fondos Europeos (Next Generation-EU), de los que 25.662m€ corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 733m€ al REACT-EU. Estos últimos son básicamente recursos de libre disposición para las CC.AA. que no se incluyen en el techo de gasto.
En un próximo texto, una vez que analicemos el borrador de los mencionados Presupuestos Generales del Estado -2022, trataremos de evaluar aquellas partidas que han sido asignadas al Departamento de Sanidad para seguir enfrentando la crisis pandémica y fortalecer el SNS.
Actualizando la coyuntura económica con una visión prospectiva
La Información de coyuntura económica del Gobierno de España nos proporciona una visión panorámica que consideramos clave para valorar la propia recuperación sanitaria, tanto desde la perspectiva económica general, como del marco presupuestario 2021-2022.
Hemos venido señalando que la pandemia del Covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la actividad económica de nuestro país y que se ha caracterizado por su naturaleza asimétrica, afectando especialmente a aquellos sectores económicos más dependientes de la interacción social.
En los paneles de consenso se sigue manteniendo la previsión de crecimiento (PIB) para 2021 y 2022 realizada en el Programa de Estabilidad, situada en el 6,5% y el 7%, respectivamente; el crecimiento acumulado en estos dos años permitirá alcanzar los niveles de actividad Pre-Covid-19 en la segunda parte de 2022.
Más allá de este indicador macroeconómico -PIB-, es deseable tener presente también otras métricas que aporten información sobre la calidad del crecimiento. Simon Kuznets, considerado “padre” del PIB, indicador de referencia desde hace casi un siglo, reconocía en 1934 que “es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional”.
En todo caso, con este patrón de crecimiento revisado para 2021, es el sector exterior el que pasa de ser detractivo a contribuir mínima pero positivamente al mismo (0.1%). Por otro lado, la demanda nacional reduce ligeramente su contribución al crecimiento del PIB en 2021, hasta los 6,5%. En lo que respecta al 2022, se mantiene el patrón de crecimiento publicado en el Programa de Estabilidad, y de acuerdo con el mismo la demanda nacional contribuye al crecimiento en un 6,7% y el sector exterior en un 0,2%.
Además, también se ha comentado previamente, que el consumo privado se está viendo impulsado por la reapertura progresiva y el ahorro neto “embalsado” de los hogares (en el primer trimestre de 2021 se cuantifica un ahorro de unos 60.000 millones de euros. Este importe permitirá una recuperación progresiva del consumo, más rápida que en crisis anteriores, retomándose los niveles de consumo Pre-Covid-19 en 2022.
El tercer factor de la demanda interna, la inversión (formación bruta de capital), se revisa a la baja su crecimiento en el sector de la construcción para 2021, hasta el 6,1%, frente al 8,5% publicado en el Programa de Estabilidad 2021. Por el contrario, se revisa al alza el crecimiento de la inversión en bienes de equipo en un 0,3%, llegando hasta el 16,5% para este año. En lo que respecta a la inversión en bienes de equipo, retornaría a su nivel Pre-Covid en este ejercicio 2021, como consecuencia de que su crecimiento se ha revisado al alza, y la inversión en construcción lo haría en 2022. Por último, en relación al sector exterior, las exportaciones de bienes de equipo durante el primer trimestre permiten también una revisión al alza en 2021.
Una vez concluido el periodo álgido (punta) vacacional, la previsión del sector turístico se mantiene para 2021, destacando una recuperación parcial del turismo extranjero que se estima ha alcanzado un nivel ligeramente inferior al 50% respecto al registrado en 2019, y una recuperación del turismo nacional del 75% respecto a ese mismo año.
Inquieta la aceleración coyuntural de los precios durante el segundo trimestre del presente año, lo que ha provocado una revisión al alza del deflactor del consumo privado para 2021, manteniéndose la previsión para 2022; así, para este 2021, hasta el 1,9%, consecuencia de la presión al alza de los precios energéticos, fundamentalmente gas y petróleo. Al menos a corto plazo, los precios de la energía estarán provocando un repunte del IPC. Sin embargo, la inflación subyacente (excluyendo precios energéticos y productos frescos no elaborados) sigue en niveles mínimos. Para finales de este 2021, se espera una transición hacia un escenario de normalización del nivel de precios; consiguientemente, los expertos coyunturalistas estiman que se irán desacelerando progresivamente: por un lado, por el impacto de los precios de la energía que irá estabilizándose, a medida que se normalice la recuperación económica y se diluyan los efectos base; por otro, la inflación subyacente irá recuperando progresivamente sus niveles Pre-Covid-19.
Algunas encuestas económicas (PMIs) indican que se están produciendo retrasos en el envío de mercancías y que hay bolsas de escasez de materiales intermedios, lo que presiona al alza los costes de producción que, por ahora, parecen haber sido absorbidos a través de márgenes, pero que pueden trasladarse a los precios de consumo en los próximos meses.
Por otro lado, se mantienen las previsiones de empleo y la tasa de paro para 2021 y 2022, en línea con lo publicado por los principales organismos de previsión nacionales e internacionales (Banco de España, Funcas, BBVA Research, OCDE, Comisión Europea, FMI, BM,…….). Se espera que la tasa de paro se sitúe en 2021 en el 15,2% y que continuará descendiendo hasta el 14,1% en 2022, muy en línea con las previsiones referidas.
Las políticas gubernamentales han suavizado el impacto social negativo de la crisis. Según datos de (CaixaBank Research, Inequality Tracker: https://inequality-tracker.caixabankresearch.com/) las transferencias públicas habrían contribuido a mejorar el Indice de Gini de desigualdad salarial en 2,5% en abril de 2021. Según este informe, en los primeros momentos de la crisis (segundo y tercer trimestre de 2000), las subvenciones públicas habrían reducido la desigualdad en más de 8,5%.
Las medidas gubernamentales públicas de apoyo desplegadas desde marzo de 2020 para cubrir los déficits de liquidez, han mitigado también el deterioro de la solvencia empresarial y con ello, el riesgo de cierre -generado por la pandemia- en empresas viables. Sí bien es cierto, que la persistencia de déficits de liquidez en el bienio 2020-2021, pudiera generar un mayor riesgo de cierre para empresas viables hasta que la recuperación económica permita el reequilibrio de los balances y una menor necesidad de recurrir a la financiación externa.
Así, en ausencia de las medidas públicas adoptadas, se estima que la pandemia habría provocado un aumento en el porcentaje de empresas con un elevado riesgo de cierre (del 9% en 2019 al 14% en 2020) por culpa de los déficits de liquidez severos. Las líneas de avales -ICO- habrían mitigado en gran medida el deterioro de la posición de liquidez contribuyendo a reducir en un 9% el número de empresas viables con déficits de liquidez severos (del 14% al 5%), incluso por debajo de los niveles pre-pandemia. Estas ayudas directas -ICO- podrían reducir del 17% al 9% el porcentaje de empresas con un riesgo de cierre elevado al persistir sus déficits de liquidez severos. Por tanto, a la luz de lo expuesto, estas líneas de avales -ICO- han reducido fuertemente el -efecto de histéresis- sobre el tejido productivo viable como consecuencia de la pandemia.
Por último, y como también ya hemos señalado, los Fondos Europeos (Next Generation-EU) contemplados en el Plan de Recuperación, supondrán un volumen muy relevante de transferencias netas procedentes de la Unión Europea (UE) para la economía española y generarán un impacto sobre el crecimiento económico y el empleo tanto en el corto como en el largo plazo. La programación prevista implica que un 80% de los Fondos llegarán en los años 2021 a 2023, lo cual exige en primer lugar desplegar un amplio plan de reformas durante los próximos tres años.
Por cierto, ya llevan con nosotros desde hace unas semanas dos agentes comisionados (todavía recordamos a los denominados “hombres de negro”) de la UE para el seguimiento y control del uso y aplicación que ya estamos ejecutando de los Fondos, conforme a los planes y proyectos comprometidos por nuestro país en la UE. Ya sabemos que no hay nada gratis, “aviso para navegantes”.
Entre líneas extraemos algunas breves consideraciones finales…..
1.- El barómetro CIS sigue señalando en su última entrega que la inmensa mayoría de los españoles considera que el SNS está infrafinanciado y otorga preferencia a la mejora de la financiación sanitaria, a la vez que también considera (más de un 80%) que son necesarias reformas para mejorar su funcionamiento. Sí atendemos a esta información, las preferencias de la mayoría social están claras, y que son concordantes con los análisis comparados en el contexto paneuropeo en relación al gasto sanitario público y a los procesos de modernización necesarios para nuestro país.
2.- Siendo muy improbable en la coyuntura económica actual y en base a la lógica funcional de las agendas políticas, un aumento sustantivo en la participación del gasto sanitario en el conjunto de la economía (PIB) para converger con los países socialmente más avanzados de la eurozona, el verdadero debate reformista habrá que centrarlo en aquellas prioridades sanitarias inaplazables (por ejemplo, atención primaria……) para una apropiada asignación de recursos económicos, así como en el modelo de distribución de rentas, dado que el actual es técnicamente anacrónico, injusto e insostenible.
Al menos en las últimas tres décadas, y sobre la viga maestra del instrumento financiero -presupuesto- del SNS, el proceso sutil de intercambiabilidad de factores/rentas ha ido siempre en la misma dirección (rentas del trabajo por rentas del capital), dando vida funcional y sostenibilidad financiera al sistema sanitario público exclusivamente a través de un modelo de crecimiento externamente sostenible -prioridad política-. Decir que han sido las rentas del trabajo, es decir, los salarios reales menguantes de los profesionales sanitarios, el principal determinante explicativo en la sostenibilidad financiera del SNS, es una evidencia técnica irrebatible. Cualquier análisis de ciclos/series comparado en las rúbricas presupuestarias principales así lo constata.
Los agentes sociales -de diferente perfil ideológico y profesional- que legítimamente representan en el ámbito de las relaciones laborales a los trabajadores o empleados del SNS, más allá de las reivindicaciones ordinarias y previsibles -por todos conocidas- frente a las Administraciones Sanitarias Públicas de la que forman parte, no consta en su haber análisis riguroso alguno documentado sobre cómo y porqué las rentas del trabajo han sido las verdaderamente sacrificadas en la ya larga historia de nuestro sistema sanitario, frente a las líneas o rúbricas presupuestarias crecientes y “casi” siempre incontroladas y desestabilizantes para el SNS, ocasionadas esencialmente por el incremento del gasto en medicamentos motivado por el abusivo e injustificado precio de las nuevas moléculas, sobre las que sorprendentemente no se pronuncian ni se espera que lo hagan…..??, por esa cultura sindical persistente de que cada agente social gestiona preferentemente sus propios intereses, sin duda también legítimos, y no tanto los del conjunto del sistema y de la sociedad.
3.-Por lo señalado anteriormente, no hay riesgo de que el SNS “descarrile” financieramente; y sí, puntualmente, la tesorería sanitaria demora llamativamente el pago a proveedores, tenemos experiencia –ya vivida- en rescates asistidos; hicimos referencia a ellos. Los verdaderamente interesados (nunca mejor dicho, por interés) en mejorar la financiación del sistema, no son tanto los nobles y efusivos “defensores de la sanidad pública” (qué también, pero por otras razones), sino todos los agentes económicos extractores -globales o nacionales- de la cadena de valor integrada del sector, concentrados en el Big-Farma y Big-Tech, incluyendo canales, comercio minorista especializado -retail- y niveles de meso-distribución, intermediación y como no, los facilitadores internos que contornean por los aledaños de la gobernanza del sistema.
Los medios de comunicación –la gran mayoría- afines o al servicio de estos intereses, legítimos por supuesto, además de una defensa a ultranza de los mismos y neutralización colusiva de toda discrepancia, tienen también la misión de distracción -con todo tipo de escaparates y parafernalias- de lo que verdaderamente es importante -trascendente- para el sistema sanitario y la sociedad, con el objetivo de mantener/mejorar indefinidamente el actual statu quo.
Todos sabemos cómo los medios de difusión adoctrinan a las masas, hoy preferentemente vía redes sociales, y manipulan eficientemente los resortes de la psicología colectiva. Por cierto, quizás nos lo tenemos que hacer mirar, porque la profesión médica en nuestro país puede pertenecer al elenco de agentes distraídos, solamente nos tenemos que comparar con los colegas británicos, nórdicos o de la Europa Continental, para entender y contrastar esta realidad.
4.-Siendo a nuestro entender esto cierto, como también lo es el “maltrato” retributivo al conjunto de las profesiones sanitarias del sistema público (hambruna salarial), y muy particularmente en términos comparados a la profesión médica, es un terreno bien abonado para que afloren posibles tendencias, tentaciones y desviaciones impropias en las conductas profesionales que tradicionalmente hemos identificado como deontológicas y éticamente ejemplarizantes, y por las que hemos recibido el reconocimiento y aprecio de la sociedad.
No debemos por tanto aceptar ni justificar en nuestra cultura profesional y social formas de compensación rentista sutiles, que todos bien conocemos, y que pudieran estar vinculadas a potenciales actuaciones irregulares y/o conflictos de interés entreverados de naturaleza diversa; monetaria, social, reputacional, moral ….. La grandeza de la profesión médica no puede quedar en entredicho ni mancillar nuestra dignidad profesional por prácticas, que siendo muy minoritarias, y que a buen seguro el mercado higieniza, no son internalizables en la cultura moral del profesionalismo médico.
5.-Hoy, los ámbitos de autoridad sanitaria, están básicamente “covitizados”, y no es esperable, que en las actuales circunstancias, se tomen iniciativas y promuevan políticas profesionales que incluyan la redistribución de rentas en el sector sanitario -en función de competencias, niveles de responsabilidad, leadership en programas cooperativos, evaluación de resultados asistenciales y económicos mensurables, rediseños organizativos de base multidisciplinar, intrapreneurship en estrategias de calidad asistencial….., máxime cuando en los próximos años es previsible que la senda de crecimiento económico en el SNS seguirá ajustada a un techo de gasto exigente. Es aquí donde nosotros deberemos estar, en el verdadero debate sanitario que el sector económico dominante -con sus adláteres- trata de ocultar o distraer. No son pocos los que se han dejado abducir o seducir por el lado oscuro del sistema, para tener presencialidad -visibilidad- allí donde se otorgan “medalleros” o reconocimientos espúreos, y aunque ya nada sorprende en estos “festivales”, por cierto nada ingenuos, un segmento importante de Autoridades Sanitarias se exhibe en los mismos sin rubor ni decoro alguno, incluyendo la celebración de reuniones directivas con las “financiaciones oportunas” para ello. Lo que nos mueve una vez más a pronunciarnos “un poco de vergüenza y respeto a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, por favor”.
Si las Instituciones Colegiales representativas de la profesión médica y los agentes sociales con mayor conciencia, visión y capacidad, no avanzan con preferencia en esta materia, el desequilibrio en las rúbricas presupuestarias del SNS a favor de las rentas de capital, que ha sido una constante en las últimas décadas, quedará imperturbable e indefendible. Porque no olvidemos, que sí están haciendo en su propio interés bien “los deberes”, todos aquellos agentes económicos y comerciales que sin pertenencia orgánica al sistema sanitario público, presionan verticalmente sobre el ámbito gubernamental y regulador para mantener y mejorar su actual status de privilegio. Lo acabamos de constatar muy recientemente el cómo imperturbables agentes gremiales, con insaciables e irracionales demandas sobre sus competencias, se pasean –bajo palio– en el Congreso, con el beneplácito de la denominada clase política. Insólito pero real.
