El. Dr. Mariano Casado, vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), ha escrito un capítulo en el libro ‘La vida y la muerte: tiempo de vivir hasta morir’, editado por el Colegio de Médicos de Badajoz, en el que realiza un análisis médico-legal de las formas de morir. En este artículo destaca que “la profesión médica también tiene derecho a opinar”
Suelo decir, que para poder opinar hay que saber de lo que se está hablando, y cuando se hace referencia a la «muerte» y a las «formas de morir», los médicos quizás sean de los que tienen mayor conocimiento y capacidad para hacerlo. La muerte, no es solamente un básico fenómeno de tipo biológico, sino que además incluye materias de gran y amplio significado de tipo antropológico, ético, religioso, jurídico y por supuesto, médico-legal.
En referencia a la “forma de morir”, socialmente se habla y mucho sobre tres cuestiones, como la humanización de la muerte, el derecho a morir dignamente y cómo afrontar el proceso del final de la vida.
Con respecto a la «humanización», es un tema complejo, el cual tiene que ver no solo con el enfermo, sino que encierra otros elementos o factores (personal sanitario, administradores, políticos…) y que se refleja no solo en la gestión ordinaria de la asistencia sanitaria, sino también en la propia medicina, en la investigación, en la educación, en los valores…, en definitiva humanizar vincula al ámbito de la cultura, y una cultura más humana es sin duda aquella que respeta la vida, pero sin olvidar que tanto el dolor como el sufrimiento son verdaderas realidades humanas.
En cuanto al «derecho a morir dignamente» o «derecho a una muerte digna», término con el que particularmente no estamos de acuerdo, se defienden actualmente diversas posiciones sociales, que tratan de persuadir para así alcanzar ganar adeptos y finalmente su conquista.
Los que defienden este término, lo conceptualizan como un logro, que permite garantizar tanto la voluntad como la dignidad del paciente, cuando llega el momento de morir, aunque en ocasiones plantean prácticas que, desde nuestro punto de vista, resultan más o menos restrictivas o incluso abusivas.
Y el tercer punto, hace referencia a cómo afrontar el proceso del final de la vida. En la actualidad se está planteando la más que probable regulación jurídica del incorrectamente denominado «derecho a morir», y reafirmo lo de incorrecto, pues resulta algo incompatible, ya que un derecho siempre hace referencia «a algo bueno», bien sea a la salvaguarda de intereses o bienes de las personas, pero no alcanzo a incluir este derecho dentro del «derecho a morir» y consecuentemente intentar que una ley sobre esta materia pueda mejorar en cierta manera cómo morir en la sociedad actual, resultando una auténtica quimera. Es cierto que hay que debatir y mucho sobre las cuestiones relacionadas con el final de vida, que no son pocas, y no solo dejarlo limitado al debate reiterativo y exclusivo de eutanasia sí o eutanasia no.
Resulta evidente y nadie pone en duda, que las leyes son un agente de equilibrio social, de concesiones de libertades y de sucesión de posibilidades de una vida mejor para la sociedad y para las personas, y precisamente por ello considero que para una posible regulación de temas relacionados con el final de la vida y con la forma de morir, el poder Legislativo no puede ir por un lado y el mundo del Derecho, el de la Medicina e incluso el de la Ética por otro.
No olvidemos que si a la hora de plantear en la sociedad un debate sobre la «forma de morir», solamente se hace en base a criterios políticos y sin tener en cuenta que todo lo científico y lo humano está impregnado de valores y con una importante carga ética y si no se tiene en cuenta a esto, podremos concluir con que la solución al tema puede resultar peligrosa y hasta marcada por una importante carga de deshumanización.
Pero supongamos que la eutanasia y el suicidio asistido se legalizan, que parece ser lo más objetivo a tenor de lo propuesto y comprometido por los dirigentes políticos, ¿qué pasará con la profesión médica?, ¿se le podrá obligar a que la realicen?, y en su caso ¿conocen los médicos lo que establece el proyecto de ley de despenalización, en cuanto a su actuación?, ¿se pretende que la profesión médica pueda ejercer a la vez como encargado de la salud de las personas y ser capaz de poder producir, al mismo tiempo, la muerte de forma intencionada?, sabiendo, por si acaso no lo saben, que el protagonismo que se le otorga a los médicos en esta norma legal es la de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, aunque esta haya sido la que ha hecho su petición expresa.
Realmente, los pacientes pueden y deben opinar, sobre todo en cuestiones que le afectan directamente. Pero, no confundamos que la libertad del paciente, enunciada en su consentimiento, pueda significar un deber del médico para llevarlo a cabo, sino más bien, esa libertad, debe representar no la eliminación del paciente sino la protección de éste.
