El Dr. Mariano Casado, vocal de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Badajoz, analiza en este artículo el papel que desempeña la Medicina Legal en la sensibilización contra la violencia sexual infantil
Todos los días conocemos, por diferentes medios de comunicación, casos relacionados con violencia sexual cuyas víctimas son los menores y, aunque resulta habitual, lo cierto es que cada vez que se conoce un nuevo caso, incrementa la conmoción por la noticia, pero igualmente el asqueo y hasta el desagrado hacia las “personas” que cometen estos tipos de actos.
Estas situaciones, calificadas por algunos como una verdadera epidemia sexual, es en cierta manera real, y prueba de ello es que se dan casos en todos los países y en diferentes grupos sociales y culturales, lo cual se transforma en una cuestión verdaderamente seria e importante, ya que básicamente cuando hablamos de violencia sexual contra los menores, hacemos referencia a una grave violación de los derechos de estos, y donde aparte de ser una monstruosidad social, hay otros muchos que apartan la mirada o eximen sus responsabilidades.
Efectivamente, es un problema de proporciones descomunales, con derivaciones emocionales y psicológicas devastadoras para quienes lo sufren y con consecuencias a corto y largo plazo, al verse afectada la salud mental de las víctimas.
Pero, ¿es real esta alarma social?, parece ser que sí e incluso está cuantificada tanto a nivel nacional como internacional, estimándose que afecta a un 10-15% de los niños y hasta un 20-25% de las niñas en las diferentes sociedades y lo que aún resulta más grave, es que un 60% de estas víctimas no reciben ningún tipo de ayudas. Por tanto y a tenor de estos datos, es evidente que se trata de un gravísimo problema a tener muy en cuenta, que va más allá de las fronteras de los estados, de las culturas y de los diferentes estratos sociales.
Igualmente es un tema complejo por sus formas de manifestarse y aunque las más conocidas y reseñadas, son el abuso sexual, el acoso, la violación o la explotación sexual en el ámbito de la prostitución o de la pornografía infantil, no se puede olvidar que existen otras variadas manifestaciones igualmente penosas, como la mutilación de órganos sexuales, el casamiento de menores, la no aceptación de la identidad sexual, el rechazo de la homosexualidad o bisexualidad o incluso la transgresión de los derechos sexuales de los menores con algún grado de discapacidad.
Además, existe otro plus y es que puede ocurrir en los diferentes ambientes en que se desenvuelve el menor; en los propios hogares, en instituciones, en los centros escolares, en las instalaciones deportivas o de actividades de ocio, dentro de las comunidades, etc.
Y por último, a todo lo anterior se añade el rápido y amplio desarrollo de Internet y de otras técnicas de información que promueven con gran facilidad y disponibilidad las comunicaciones, el intercambio y los contactos desde cualquier lugar.
Ante estos hechos, nos podríamos plantear muchas preguntas, ¿qué está ocurriendo actualmente? ¿quizás haya más casos ahora que en tiempos pasados?. La respuesta no es sencilla, pero básicamente creo que no, lo que ocurre es que durante muchas décadas hubo una inhibición social ante estos temas, que incluso se vio favorecida por el encubrimiento, el silencio, el desinterés y hasta la trivialización mostrada por los diferentes estamentos, ya fuese el legislativo, el educativo e incluso la propias profesiones que algo tienen que aportar, circunstancias que en muchas ocasiones han hecho que una vez descubiertos ya estuvieran prescritos judicialmente y el agresor quedara impune.
Pero afortunadamente y mediante el reconocimiento del impacto y las consecuencias negativas que estos actos tienen en la vida y en el desarrollo de los menores víctimas, así como el reconocimiento del menor como sujeto de derechos, parece que la cuestión comienza a tener un cambio, aunque este sea ínfimo.
Ahora y como siempre suele ocurrir, mediante la información o conocimiento de casos ha situado a la violencia sexual a menores en el primer plano de la actualidad y a sus agresores, considerados como verdaderos depredadores sexuales, que aunque han actuado durante años y años con la más estricta impunidad y amparado en algún tipo de poder, de engaño y de coacciones sobre estos menores, es momento de poner algún tipo de remedio a este repugnante tema.
Y, ¿dónde queda la profesión médica en todo este entramado?. Sin duda que la violencia sexual a los menores es un tema impactante y de gran responsabilidad, y donde los médicos y fundamentalmente los médicos pediatras, tienen un gran desafío, comenzando por la necesidad de tomar conciencia y sensibilización sobre este tema. No se puede olvidar la gran e importante participación que puede hacer la profesión tanto en el bienestar como en la protección de los menores.
Pero hay que ser igualmente conscientes del porqué la profesión médica no llega adonde debiera llegar o donde se le espera que llegue. Es algo muy simple, ya que en ocasiones la profesión médica deja de lado o incluso olvida el vínculo o contrato social que tiene con la sociedad y fundamentalmente en el compromiso de esa palabra que tanto se nos lleva la boca de pronunciar como es la Salud, donde si importante es el paciente igual de importante es el propio profesional, pues si este no sabe responder a las demandas de aquel su trabajo queda en nada.
Legalmente hay muchas normativas al respecto y que son aplicables a este indicado compromiso de la profesión médica, y que sin entrar en detalles, sí parece oportuno hacer referencia al menos a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por España en 1990. En ella se establece la obligación de los Estados para adoptar las medidas legislativas que permitan la protección a los niños contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual, y a protegerlos de todas las formas de explotación y abuso sexual. Del mismo modo, se hace referencia al acuerdo de tomar “todas las medidas de carácter nacional, bilateral o multilateral que sean necesarias para impedir: a) la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.
Y a nivel del Estado, igualmente de interesante es la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, donde se instaura la necesidad de determinar medidas de actuación en situaciones de riesgo y de desamparo, estableciendo un principio de actuación inmediata y regulando los principios que han de regir la intervención de los servicios especializados.
Y ¿cómo se pueden dar respuestas?, aquí la respuesta es aún más sencilla, pues nada más que existe una y esta es la formación médica en temas tanto médicos como legales y aquí se aprecia una limitada información y formación. De ahí que para ser efectivos y eficaces sea esencial comenzar con una sensibilización sobre esta materia, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como Hospitalaria, facilitando una mayor preparación tanto teórica como práctica, para poder garantizar una detección precoz y eficaz e incluso una prevención real del abuso sexual a menores.
Es evidente que existe una falta de referencia médico-legal en el ámbito asistencial. De ahí que sea preciso que se organicen de una forma genérica las unidades de Medicina Legal en los diferentes Centros Sanitarios, como un elemento de colaboración que participe en el proceso asistencial de cada caso, teniendo presente que el acto médico no solamente es conocimiento técnico o científico, sino que hay parcelas de componentes éticos y deontológicos y por supuesto legales.
Estas Unidades hospitalarias de Medicina Legal, son lugar de consulta, de referencia y de resolución de estos asuntos y de orientación sobre la forma de actuar, de denunciar, de notificar…
Además con este «eslabón» en la cadena asistencial se aumenta la implicación de los propios centros sanitarios y directamente mejora o garantiza de forma más eficaz el cometido de las propias instituciones sanitarias.
