El director general de Farmacia, doctor Agustín Rivero, ha asistido a la Asamblea General de la OMC, para explicar a los presidentes de los colegios de médicos de toda España, diversos aspectos del Real Decreto Ley 16/2012, en especial, el referido al aseguramiento y a la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular que “es el que más controversia ha generado” y ha asegurado que “ningún paciente va a dejar de ser asistido”.
Madrid, 3 de septiembre de 2012 (medicosypacientes.com)
El director general de Farmacia, doctor Agustín Rivero, ha asistido a la Asamblea General de la OMC, para explicar a los presidentes de los colegios de médicos de toda España, diversos aspectos del Real Decreto Ley 16/2012, en especial, el referido al aseguramiento y a la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular que “es el que más controversia ha generado” y ha asegurado que “ningún paciente va a dejar de ser asistido”.
El director general de Farmacia, que ha acudido a la Asamblea General de la OMC en representación de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, quien en un principio se había comprometido a acudir, pero que, al final, no ha podido asistir por motivos de agenda. El Doctor Rivero, tras agradecer la invitación de la OMC, expresó su deseo de que esta etapa se caracterice por “el diálogo, el consenso con todos los agentes sanitarios que nos permita alcanzar los acuerdos necesarios para salir de esta situación y las reformas precisas que hagan sostenible el SNS, como así lo ha manifestado la ministra”.
El tema de la asistencia a los inmigrantes en situación irregular centró la mayor parte de su intervención ante los representantes de los 226.000 médicos que ejercen en España y también aludió a otros asuntos como la reforma del gasto farmacéutico, la central de compras, la implantación de la historia clínica digital y la receta electrónica.
Los médicos expresaron al director general de Farmacia sus dudas ante la aplicación de este Real Decreto, la colegiación universal, el anuncio de la ministra en Valladolid sobre las retribuciones a los profesionales, la atención sanitaria de pacientes que se mueven de unas comunidades a otras y, en especial, la atención sanitaria a personas que no están aseguradas como los inmigrantes irregulares.
Tras su participación en la Asamblea General de la OMC, en la que manifestó que el Ministerio de Sanidad siempre respetará las actuaciones de los médicos basadas en sus deberes deontológicos, el director general de Farmacia explicó a los medios de comunicación que el tema de la inmigración ilegal se había abordado “desde el punto de vista de la deontología, es decir, si los médicos van a ver o no a los pacientes”.
“Lo que el Ministerio ha hecho –dijo- es establecer un Real Decreto de Aseguramiento en el que establece quien tiene ese nombre aseguramiento y beneficiario, basado en el informe del Tribunal de Cuentas que dice que hay una falta de facturación de 1.000 millones de euros como consecuencia de lo que en general se denomina turismo sanitario. Por eso el Ministerio ha establecido quienes son los asegurados y beneficiarios y en ese sentido en el RDL aparece quien no tiene esa tarjeta sanitaria y las posibilidades que tiene desde el punto de vista sanitario, personas menores de 18 años, embarazadas y los casos de urgencia”
Insistió en las palabras de la Ministra de Sanidad de que “ningún paciente va a dejar de ser visto”, y dijo que, como médico “si tengo un paciente delante de mí, no le voy a preguntar si tiene o no tarjeta, lógicamente le voy a asistir. Otra cosa es la facturación; ese es un tema administrativo y de gestión y serán los servicios de salud los que tendrán que ver quién cobra esa factura por la atención que se ha hecho a ese paciente y los que establecerán los protocolos de actuación ante esos casos especiales”
Insistió ante los medios en que “el Ministerio es la autoridad sanitaria que establece unas líneas básicas de asistencia” pero luego “son las Comunidades Autónomas las que tienen la potestad para gestionar sus recursos en función de la población”, pero “todas las CCAA cumplirán el Real Decreto, todas atenderán a menores de 18 años, mujeres embarazadas y a los pacientes que estén en urgencias, independientemente de que cada CCAA establezca su protocolo de procedimiento de actuación ante casos especiales”.
Según el director general de Farmacia, a los inmigrantes irregulares “no se les va a tratar de diferente manera en cada sitio. El paciente será visto. Lo que será de diferente manera es la facturación de ese tratamiento que se le va a hacer al paciente”
Explicó que no es un problema el hecho de que esta medida se empiece a aplicar desde hoy sin que existan fórmulas de facturación. “Eso sucede –dijo- como cuando uno va a un centro de salud o a un hospital y no presenta la tarjeta. Luego te llega la factura a casa, vuelves, muestra la tarjeta y no te la cobran” y añadió que “hay comunidades que ya han establecida la fórmula para cobrar la factura. Existen convenidos con otros países y también la Agencia Española de Cooperación Internacional tiene convenios, acuerdos y apoyo para proyectos sanitarios, de educación con 44 países a nivel internacional, subsaharianos, América Latina, América Central… Por lo tanto, serán los servicios de salud los que tendrán que ver cuál es la fórmula más adecuada para que esas facturas se paguen”.
Afirmó que “también tenemos europeos que están ilegales en nuestro país, que se prejubilan, recogen todo su dinero y vienen a España y actúan como si fueran personas que tienen derecho a su asistencia sanitaria en España, y no la tienen y ellos también pueden pagar esa asistencia”.
Sobre la posibilidad de que las personas que no estén aseguradas paguen una cuota anual, el director general de Farmacia dijo que “eso fue una nota que salió publicada y se está todavía recibiendo información por parte de las CCAA en relación a esa nota, pero sí que es verdad que, en una de ellas, hay convenios especiales por los que, pagando una cuota, tendrán derecho a una asistencia sanitaria”.
También se refirió a si se va a cobrar a los inmigrantes que regularicen su situación dentro de seis meses, como ha propuesto Galicia. “Eso podría hacerse –afirmó-. Hay países en Europa que lo están haciendo -creo que Austria o Suecia, no recuerdo bien cuál de los dos- cuando se regularizan, le pasan la factura” e insistió en que “son las CCAA las que establecerán los protocolos de actuación para que esto sea factible y no tengamos que pagar todos los españoles 1.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas”.
“Este tema –añadió- también está en relación con una directiva de la UE en su punto siete en el que dice que ninguna persona puede venir a nuestro país si su asistencia se puede dar en el suyo. Por lo tanto, todos esos temas son los que tienen que gestionar las propias comunidades autónomas”.
El director general de Farmacia dijo que “ tenemos que dejar claro algo que no se ha hecho hasta ahora, que el abuso en algunos casos como por ejemplo el turismo sanitario, se debe de acabar, por el bien de todos, para que el SNS sea sostenible” – y añadió que – “cada CCAA establecerá un protocolo de actuación y, lógicamente, cuando una factura no pueda pagarse pues no se podrá pagar pero hay que atender a la persona”. Además, aseguró que estos casos se podrán resolver a través de los diferentes programas sociales, de programas de salud pública etc…y resaltó que estos supuestos representarán un porcentaje mínimo”.
Sobre el número de personas que podrían verse afectadas por estas nuevas medidas afirmó que “hemos estado cruzando información con el INE y podríamos hablar de 130.000-150.000 personas. También hemos visto un número total de aproximadamente 500.000 personas que no usan en este momento la tarjeta y es posible que ya no estén en nuestro país; por eso creo que es muy importante empezar de cero ahora, saber a quién tenemos asegurado y/o beneficiario, qué personas hay de forma irregular para saber exactamente la situación actual, algo que hasta ahora la desconocíamos”.
Finalmente, preguntado por las críticas de la oposición que acusan al Ministerio de “desmantelar el SNS” con medidas como la desfinanciación de 417 medicamentos, el doctor Rivero explicó que “actualmente hay 18.000 medicamentos en el vademécum, de los cuales 13.000 medicamentos se financian por el SNS y que España es junto con Francia y Alemania, el país que tiene más de 10.000 medicamentos en su vademécum, cifra a la que el resto de Europa no llega”.
