El Consejo de la Asociación Médica Mundial (AMM), reunido durante su 232.ª Sesión del Consejo en Belgrado, ha aprobado una versión revisada de la Declaración de la AMM sobre la Atención Médica a las Personas Migrantes, reafirmando que el acceso a la atención sanitaria es un derecho humano fundamental y que la asistencia médica debe prestarse únicamente en función de la necesidad clínica, sin discriminación.
La política revisada subraya la creciente vulnerabilidad a la que se enfrentan muchas personas migrantes en todo el mundo, incluidas personas refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes en situación irregular y personas desplazadas, cuyo acceso a la atención sanitaria se ve a menudo socavado por barreras legales, sociales, económicas o políticas.
La declaración destaca que el miedo y la inseguridad pueden impedir que las personas busquen atención médica urgente y pueden obstaculizar que los médicos desempeñen sus funciones profesionales y éticas. «Nadie debería tener miedo de buscar atención médica. Los médicos deben poder atender a los pacientes sin intimidaciones ni barreras», afirmó la Dra. Jacqueline Kitulu, presidenta de la AMM.
Como parte de la revisión, la AMM insta a los gobiernos a abstenerse de llevar a cabo actividades de control migratorio en hospitales, servicios de urgencias y otros entornos sanitarios, así como en sus inmediaciones. La política también exhorta a los gobiernos a garantizar condiciones de vida seguras, servicios esenciales y recursos sanitarios adecuados para las poblaciones migrantes.
Asimismo, la AMM reafirma que nunca se debe obligar a los médicos a participar en acciones punitivas o judiciales contra personas migrantes, ni a negar tratamientos médicamente necesarios. Los médicos deben disponer del tiempo suficiente, apoyo de interpretación y recursos adecuados para evaluar y atender de manera apropiada a los pacientes migrantes.
Con la adopción de esta declaración revisada, la Asociación Médica Mundial reitera su compromiso histórico con la ética médica, los derechos humanos y la protección del acceso equitativo a la atención sanitaria para todas las personas, con independencia de su estatus o circunstancias.
