Las Sociedades Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la de Medicina Interna (SEMI) y la de Cardiología (SEC) firmaron ayer martes un manifiesto en el marco de la Reunión Conjunta semFYC-SEC. IV Congreso Clínico Cardiovascular, celebrada en Alicante, para denunciar las diferencias que existen entre Comunidades Autónomas a la hora de prescribir nuevos anticoagulantes
Madrid, 14 de diciembre 2011 (medicosypacientes.com)
Las Sociedades Españolas de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la de Medicina Interna (SEMI) y la de Cardiología (SEC) firmaron ayer martes un manifiesto en el marco de la Reunión Conjunta semFYC-SEC. IV Congreso Clínico Cardiovascular, celebrada en Alicante, para denunciar las diferencias que existen entre Comunidades Autónomas a la hora de prescribir nuevos anticoagulantes como el nuevo anticoagulante oral dabigatrán. Un medicamento que precisa Visado de Inspección y que está indicado para prevenir el ictus u otros embolismos en pacientes con Fibrilación Auricular (FA) no valvular.
Se estima que en España hay cerca de medio millón de pacientes anticoagulados por FA. De ellos, según los expertos al menos un 20% podría ser inicialmente considerado para cambiar su tratamiento, por ejemplo por un mal control con los anticoagulantes clásicos.
Actualmente, mientras que en algunas CCAA, como Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, el médico de familia puede indicar este tratamiento (con el pertinente informe clínico), en otras comunidades se exige que el informe sea realizado por el especialista hospitalario, lo que requiere la derivación del paciente y la subsiguiente demora en el inicio de la anticoagulación. Se da la paradoja que desde hace años en la mayoría de estas CCAA es el médico de atención primaria el principal responsable del seguimiento y control del paciente anticoagulado crónicamente.
Para estos expertos (médicos de familia, internistas y cardiólogos), esta nueva situación supone un paso atrás y una visible desconfianza en la competencia y capacidad de coordinación de los profesionales actualmente involucrados en este proceso.
Por estos motivos, la imposibilidad de prescripción para el médico de familia carece de fundamento en el contexto actual, precisamente cuando la anticoagulación oral está incluida en la Cartera de Servicios de AP y los profesionales han adquirido amplia formación y experiencia en esta área, incluyendo la importante labor de enfermería.
La derivación de un paciente para un mero trámite administrativo no se justifica y es evidente que sobrecargará aún más las consultas de los hospitales y de los servicios de urgencias. Además, no tiene sentido mantener a un paciente que tenga clara indicación para el tratamiento, semanas o meses sin anticoagular por esta causa, expuesto a un riesgo embólico innecesario durante ese periodo. Una vez más, se producirá heterogeneidad y desigualdad en el acceso de los pacientes a una terapia ya aprobada en España y en Europa, por simples barreras geográficas.
Adicionalmente, muchas de las posibles indicaciones de los nuevos anticoagulantes van a depender de la imposibilidad o dificultad de mantener un control apropiado del rango terapéutico con los anticoagulantes clásicos como el Sintrom®. Por tanto, el médico de atención primaria está en una posición óptima para evaluar este aspecto y solicitar las oportunas interconsultas cuando esté indicado.
Desde hace años, las sociedades científicas que firman el manifiesto trabajan a favor de una óptima coordinación para una mejor atención del paciente con patología cardiovascular, tal y como se ha puesto de manifiesto en esta Reunión Conjunta SEC-semFYC de ámbito nacional, en la que han participado más de 500 especialistas. El grado de madurez alcanzado entre sociedades y especialistas se pone seriamente en duda mediante este tipo de acciones.
Ante este hecho, semFYC, SEMI y SEC quieren ponerse a disposición de las administraciones sanitarias autonómicas para optimizar la gestión del paciente que precisa anticoagulación oral en este nuevo escenario. Creen que la heterogeneidad, la desigualdad en la consideración de la competencia de sus profesionales, así como en la accesibilidad al tratamiento para los pacientes, generará malestar, irritación y confusión entre los facultativos y, adicionalmente, demoras y exposición a un riesgo innecesario para los pacientes.
