Al objeto de analizar la situación en la que ha quedado este baremo de daños sanitarios, tras dos años y medio de trabajo por parte de un equipo dependiente del Consejo Asesor de Sanidad, y sacar conclusiones al respecto, la Revista OMC organizó un debate en el que varios expertos dieron su punto de vista sobre este sistema de valoración que, finalmente, no ha sido contemplado como se pretendía en la Ley 35/2015 de valoración de daños por accidentes de tráfico
Madrid, 30 de octubre 2015 (medicosypacientes.com)
El último intento de elaborar y establecer un Baremo de Daños Sanitarios se produjo en enero de 2013 con la constitución de un grupo de trabajo por mandato del Consejo Asesor de Sanidad, siendo por entonces ministra Ana Mato. Tras dos años y medio de trabajo con la participación de todos los agentes, desde Consejos Generales de Colegios profesionales sanitarios, Sociedades Científicas, con el manejo de múltiples informes y la opinión de las especialidades médicas con mayor número de conflictos, se culminó el documento hace unos meses, sin que finalmente haya sido incluido, como se pretendía, en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre sobre “Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”. En dicha normativa, lo único que se señala, en su disposición adicional tercera, es que “El sistema de valoración regulado en esta Ley servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios con ocasión de la actividad sanitaria”.
La propuesta del Grupo de Trabajo de Baremo de Daños Sanitarios, que incluía un centenar de daños/ secuelas y que se articula técnicamente mediante las correspondientes tablas y con atribución de puntos, parte de la convicción de que es necesario mejorar la situación actual de aplicación del Baremo de Accidentes de Tráfico a las indemnizaciones derivadas de actuaciones en el ámbito sanitario. Su finalidad es ofrecer una herramienta para contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en el cobro de indemnizaciones y reducción de litigios.
Con el Baremo se pretende, además, dar respuesta a una demanda del sector sanitario, que había sido ya objeto de algunos intentos previos pero, lamentablemente, fallidos.
Los impulsores de esta iniciativa defienden que la falta de criterios y de estándares de baremos contribuye a la incertidumbre y, en no pocos casos, a problemas de seguridad jurídica y de agilidad en la solución respecto de conflictos tanto cuando afectan a profesionales, como a instituciones sanitarias o a los propios pacientes. De ahí, la necesidad de un Baremo que sea de utilidad tanto para centros públicos como para centros privados.
Hasta el momento, la mayoría de las resoluciones judiciales se han apoyado en el baremo de daños para accidentes de tráfico, pero esta forma de proceder parece insuficiente por no contemplar supuestos ajenos a la accidentalidad vial y vinculados estrictamente a actuaciones de profesionales o a dificultades de funcionamiento relacionadas con la organización o la gestión sanitarias.
Al objeto de analizar la situación en la que ha quedado este baremo y sacar conclusiones al respecto, La Revista OMC organizó un debate que contó con la participación del presidente de la OMC, Dr. Juan José Rodríguez Sendín; el presidente de la Agrupación Mutual Aseguradora (A.M.A.), Dr. Diego Murillo; el abogado Julio Sánchez Fierro; el presidente de honor de la Asociación Española de Medicina de Seguros, Dr. César Borobia; el presidente de la Sociedad Española de Valoración del Daño Corporal, Dr. Eugenio Laborda; y el presidente del Colegio de Médicos de Palencia, Dr. Francisco J. del Riego.
La necesidad de un baremo sanitario es indiscutible, como se puso unánimemente de manifiesto en el debate, y como subrayó el Dr. Juan José Rodríguez Sendín. “Los efectos que tiene el baremo son rigurosamente positivos desde el punto de vista social, sanitario, judicial político, económico… No se comprende que no sea una cuestión prioritaria para este Gobierno o para el que venga”.
La propuesta de este Grupo de Trabajo, dependiente del Consejo Asesor de Sanidad, está basada, según explicó el presidente de la OMC, en la referencia que se dispone sobre la estabilidad que ha otorgado al aseguramiento en Tráfico a todo el tema de la accidentabilidad, “teniendo en cuenta el escenario en el que nos movemos como es el Sistema Nacional de Salud, al que también hay que reconocer su complejidad”.
Y es que, como advirtió el Dr. Rodríguez Sendín, “ante cualquier descuido o situación de este tipo, según la interpretación que haga el juez de turno puede llegar a costar un ojo de la cara, además de la “pena de banquillo” y el desprestigio profesional, aparte del daño al paciente. El baremo de daños sanitarios, como defendió el Dr. Borobia, “reúne una serie de características: está dirigido a aquellas personas enfermas que acuden voluntariamente al sector sanitario, a diferencia de lo que ocurre con otros baremos obligatorios implantados en España, que están más orientados a ciudadanos sanos que han sufrido un accidente”.
Este experto destacó además el hecho de que, para su elaboración, se haya contado con el consenso por parte de todos los agentes sanitarios: sociedades científicas, consejos generales de las profesiones sanitarias, organizaciones profesionales, estudiantes de Medicina, decanos de medicina, sindicatos y agentes de las Administraciones, lo que corroboró el Dr. Rodríguez Sendín: “ninguna organización profesional ha encontrado motivos para no apoyarlo, es la única vía de que los médicos podamos abordar estas cuestiones sin tener detrás la amenaza, el riesgo a la pérdida de prestigio, etc. Si no es posible introducir un mecanismo que permita descubrir dónde están los errores y dónde se producen los efectos adversos seguirá existiendo miedo a la culpa y a la responsabilidad”.
Precisamente, como subrayó Julio Sánchez Fierro, un baremo complementario de daños sanitarios aporta “seguridad jurídica, ayuda a los tribunales a la fijación de las indemnizaciones bajo criterios objetivos y permite que los montantes sean previsibles, algo que “resulta muy importante, desde el punto de vista de las cuotas o primas a abonar, al tiempo que proporciona tranquilidad al paciente”. No en vano, España registra unos índices de litigiosidad de los más altos de Europa, “por lo que todo lo que conduzca a la utilización de un baremo de indemnizaciones ha de considerarse positivo”, añadió.
En realidad, como apuntó el presidente de la OMC, “las denuncias y efectos indeseables que conocemos son sólo la punta del iceberg, ya que en la base hay una cantidad considerable de efectos adversos y errores médicos que no se conocen porque no se denuncian”. En este sentido, puso el ejemplo de Reino Unido, “donde se está animando a los médicos a que se declaren culpables y pidan perdón ante este tipo de sucesos”.
Por otra parte, y como constató el Dr. Diego Murillo, “los montantes indemnizatorios cada vez son más elevados, mientras que las primas tienen un tope, y de la diferencia ha de responder el profesional con su patrimonio personal”. Puso como ejemplo algunas sentencias relacionadas con daño cerebral en partos, en las que el montante indemnizatorio varió en función de donde se produjeron. Mientras en Andalucía la indemnización en un caso de este tipo ascendió a más de 2 millones de euros, en Galicia no superó el millón de euros. “Estas situaciones dificultan a las Aseguradoras el ajuste de primas de los seguros”, indicó.
Tampoco puede ser, como apuntó el Dr. Francisco José del Riego, que la compensación por “un daño evidente a un determinado paciente dependa de la brillantez de quien le defienda en su caso. Es decir, que conocemos los dos extremos, por un lado, indemnizaciones exageradas y en otros casos, el paciente se va con las manos vacías”. De ahí que el Dr. del Riego reclamase la urgente puesta en marcha del baremo de daños sanitarios, “inclusive para las instancias judiciales, dadas las lagunas que con respecto al ámbito sanitario se detectan. En este sentido, el baremo se convierte en una herramienta fundamental”. El punto de vista del Dr. Laborda al respecto, es que a la sociedad lo que le importa, realmente, no es el baremo médico, sino el baremo económico, es decir, el coste. Echa en falta la parte económica que es la que va a permitir a una compañía de seguros prever cuál es el capital que ha de tener inmovilizado, el riesgo por profesiones”.
¿Por qué en Tráfico sí
y en el ámbito sanitario, no?
Hasta el momento, la mayoría de las resoluciones judiciales se ha apoyado en el baremo de daños para accidentes de tráfico, sin embargo, como puntualizó el Dr. Laborda, “el baremo de tráfico y el sanitario son dos conceptos distintos. Tráfico parte de otra situación, es para el paciente sano, donde la medicina asistencial no entra, mientras que el baremo de daños sanitarios sí es del paciente enfermo, con la correspondiente repercusión patrimonial en relación a la cobertura de una póliza”.
A Sánchez Fierro le parece bien que junto al baremo de tráfico haya otro complementario de daños sanitarios. Al respecto, explicó que en los juzgados en general se muestran bastante proclives a utilizar el baremo de tráfico, puesto que para ellos representa una herramienta auxiliar importante que les va a permitir establecer el montante indemnizatorio con criterios de objetividad, seguridad, agilidad, etc. Sin embargo, en los órganos judiciales superiores, en concreto, los tribunales superiores de justicia, esto no es tan habitual, sino más “episódico en función de muchas circunstancias”.
La diferencia es notoria, en opinión del presidente de la OMC, “en el ámbito de tráfico no cabe duda de que a la industria automovilística le interesa la existencia de ese baremo, situación bien distinta en el ámbito sanitario”. “En ello tendrán que ver las voluntades de los lobby que, posiblemente, se hayan dirigido en otro sentido”.
A juicio del Dr. Laborda, “hasta podría haber una cierta responsabilidad del Gobierno”, y se pregunta al respecto “¿por qué se permite una licencia para que un coche pueda alcanzar los 300 km/h de velocidad cuando el límite está establecido en 120 km/h”.
Sánchez Fierro, no obstante, tiene una opinión favorable de la función que ofrece el baremo de accidentes de tráfico y “deseamos que lo siga haciendo”, indicó, sin embargo, advirtió que hay cerca de un centenar de supuestos relacionados con la práctica médica que no están contemplados”. Como mal menor, añadió, “ha quedado establecido en la ley 35/2015 de Baremo de Tráfico, ya publicada en el BOE, que tiene que haber un baremo de daños sanitarios, que tendrá que acomodarse a los criterios establecidos en la normativa de tráfico”. Sin embargo, “reconocer que ha de haber un baremo y que haya un mandato establecido legalmente no es exactamente lo que se buscaba, por lo que existe una sensación de insatisfacción por parte de los responsables del Grupo de Trabajo en el seno del Consejo Asesor, puesto que el resultado obtenido es muy bajo comparado con las expectativas que se nos había generado”.
Efectos de la carencia del baremo sanitario
Como coincidieron en señalar algunos de los participantes en este debate, la ausencia de un baremo específico perjudica a la sociedad en una serie de aspectos tales como inseguridad jurídica, diversidad de resoluciones judiciales muchas veces contradictorias, cuantías en ascenso gradual…,” a lo que el baremo sanitario podría poner freno, “lo cual también ayudaría a las compañías aseguradoras a la hora de establecer las primas”, como indicó el Dr. Diego Murillo.
Un problema añadido, -prosiguió- es que “ante el actual colapso de los juzgados, la resolución definitiva de un caso puede tardar hasta 10 años, como es el caso que mencioné antes en Andalucía, que está recurrida a la Audiencia Provincial, tras tres años de conocerse la condena. Y después de esta Audiencia nos queda el Supremo”. “Este es otro de los grandes escollos de la cuestión”, remarcó el presidente de A.M.A.
A juicio del Dr. Laborda “es el Gobierno quien lo planteó muy mal, no tanto desde el punto de vista médico como desde la vertiente jurídica”. Además, cree que hay magistrados reticentes a la introducción de un segundo baremo. “Para muchos jueces que proceden de escalas inferiores resulta muy cómodo utilizar el baremo de accidentes de tráfico”.
El Dr. Francisco del Riego entiende que los jueces y fiscales no sean proclives a que se les den herramientas cerradas sobre las que ellos no pueden tener la discrecionalidad técnica de la sentencia, “pero eso nadie se lo quita tampoco. Quizá con el baremo en vigencia tendrían que justificar o argumentar por qué adoptan decisiones diferentes”. Igualmente, el Dr. Rodríguez Sendín percibe “una clarísima falta de voluntad por parte del Gobierno, lo que considera indignante”. “Hay muchas más razones y no nos vamos a engañar, puesto que la demanda de este baremo se remonta a casi 20 años atrás, yo mismo he participado en, al menos, siete procesos anteriores. Este tenía un matiz especial, porque contaba con el compromiso de la ministra de Sanidad Ana Mato, lo cual puede interpretarse como un compromiso con el Gobierno, pero, después, se rompe, se suprime… sin darnos una razón sólida, tras dos años y medio de trabajo”.
Sobre esta cuestión también opinó el Dr. Murillo, quien destacó “la auténtica labor altruista llevada a cabo por el Grupo de Trabajo, y ni siquiera el ministro de Sanidad nos lo ha agradecido, pese a que no se haya puesto en marcha”. Al Dr. Rodríguez Sendín tampoco le sirve ni le encaja el argumento de que el baremo sanitario tenga que ser regulado a través de una ley específica, cuando por poner un ejemplo, “se ha aprovechado una normativa sobre Alimentación para introducir cambios en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS)”.
El Dr. Borobia coincidió en apuntar a decisiones políticas como las causantes del freno al baremo sanitario. “Se trata de una decisión política motivada por alguna razón. Para mí fue una sorpresa puesto que estaba convencido de que finalmente se iba a incorporar a la reforma normativa del baremo de tráfico, como una enmienda. Mi sorpresa fue que el Partido Popular no presentó ninguna enmienda”. El Dr. Laborda pide finalmente que al colectivo médico se le dé explicaciones por parte del Gobierno, y en concreto del presidente del Gobierno, y de los ministros de Sanidad y de Justicia, de por qué un baremo “consensuado, realizable, aplicable, no está en marcha. “Si existe el ánimo por todas las partes y agentes de sacarlo adelante, el freno debe venir por otro lado”. Y es que, como remarcó el abogado Sánchez Fierro, “la pretensión del baremo de daños sanitarios no pasa por sustituir ni el marco jurídico general de responsabilidad ni el de consentimiento informado, ni protocolos médicos ni tampoco los aspectos deontológicos, sino que se trata de una herramienta procesal que favorece, entre otros aspectos, la disminución de la litigiosidad, el pronto cobro de las indemnizaciones, y que la determinación y cuantificación de los riesgos sean asumibles”.
Baremo y CC.AA.
Ante el fracaso obtenido, el presidente de la OMC aseguró que algunos de los consejeros con los que ha tenido la oportunidad de abordar este tema, “quedaron sorprendidos”. Y es que, evidentemente, como indicó el abogado Sánchez Fierro, esta situación no es indiferente a los servicios de salud autonómicos porque tienen que hacer frente al pago de indemnizaciones, por otra parte, imprevisibles. Todo ello tiene consecuencias indeseables para el funcionamiento del servicio autonómico y para el conjunto del sistema. “Por aplicación de la legislación vigente, la responsabilidad por el mal funcionamiento de los servicios públicos se traduce en que acabe pagando, no tanto el sistema de salud, de manera genérica sino cada comunidad autónoma en lo que le concierne”.
El caso es, como explicó, “que cuando se aprueba un presupuesto sanitario no se tiene ni idea de cómo calcular posibles reclamaciones, podría ocurrir que una parte de los recursos que deberían dedicarse a la asistencia sanitaria tengan que destinarse al pago de indemnizaciones. Si, para colmo, no hay recursos suficientes, tendría que producirse una ampliación de presupuesto, con los pertinentes trámites parlamentarios, etc.”.
El letrado indicó que este tipo de procedimientos acaban, por lo general, en los tribunales, que son los que van a determinar el montante indemnizatorio en tanto no se promueva un sistema que permita una solución en el plano judicial. “Estos tribunales, en cada comunidad autónoma, pueden opinar cada uno de una manera distinta, y, por tanto, los criterios para fijar el montante indemnizatorio correspondiente no son homogéneos”
En esta línea se expresó el Dr. Borobia para quien “no tiene lógica que exista tanta variedad en cuanto a los montantes indemnizatorios”. El Dr. Laborda alegó que las Consejerías de Salud de las CC AA “tienen contratos con compañías de seguro, por tanto, todas estas previsiones no es que les venga bien a la propia consejería, sino que los servicios técnicos de cada compañía de seguros lo que harán será indicar cuáles son las técnicas y las provisiones de siniestros que tienen que tener preparadas para lo que puede venir, o para el cálculo presupuestario del próximo año”.
Proliferación de “Industria de la reclamación”
Precisamente, en este marco, lo lógico es que la indemnización por daños estuviera prevista de forma automática para que los pacientes fueran compensados sin necesidad de tener que “sufrir un martirio” y poder frenar así el auge de “la industria de la reclamación”, como indicó el Dr. Rodríguez Sendín. Puso el ejemplo de Italia donde, comentó, hay una desorbitada proliferación de denuncias contra actuaciones médicas no solo en especialidades sino también en medicina general, la causa, “una verdadera industria de las reclamaciones” lo cual es un auténtico disparate. “El asunto es que como yo me tengo que llevar esta cantidad, hay que sacar de donde no hay”. “Es inaudito entrar en una lucha comercial en función de la persona”.
El caso, según el Dr. Laborda, es que “hay médicos dedicados exclusivamente a este tipo de industria, gabinetes de abogados que ofrecen el paquete completo a cambio del 30 por ciento de la indemnización que se obtenga. Mucha publicidad por parte de gabinetes médicos que se anuncian en los periódicos”. Como añadió el Dr. Del Riego al respecto, “también hay muchos profesionales, entre peritos y abogados, que meten a la gente en callejones sin salida”. Desde que tráfico maneja su baremo, indicó, por su parte, el Dr. Borobia, proliferan estos gabinetes dedicados a las denuncias en el sector sanitario, “dan buenos resultados pleiteando, pero en realidad no ganan tanto, dado el escaso número de condenas, en comparación al elevado número de denuncias existentes”.
Medicina defensiva, en auge
Una de las consecuencias de todo este “conglomerado” es el encarecimiento de la práctica asistencial por la proliferación de la Medicina Defensiva, sobre todo en algunas especialidades, y que, por supuesto, no aporta mayor seguridad. La Medicina Defensiva, según indicó el Dr. Rodríguez Sendín, “no es que esté creciendo sino que se está multiplicando por cifras superiores a los dos dígitos/año”. En EE UU, “se habla de un encarecimiento de hasta un 50 por ciento”, “un auténtico disparate, al que hay que poner coto de manera precisa porque estamos ante un grave problema sanitario. Pero lo sorprendente es la baja sensibilidad demostrada por parte de las autoridades sobre esta cuestión. Se habla de más de 4.000 muertes evitables al año por errores y procesos adversos, de las cuales buena parte son debidas al uso incorrecto de fármacos”.
A ello se añade que el riesgo no está repartido entre los 240.000 médicos que tenemos en nuestro país, sino concentrado, sobre todo, en torno a unas siete especialidades concretas. “Y está en juego la reputación de esos profesionales que pueden acabar hundidos, si llega el caso. El escudo del que se dotan muchos es el de la Medicina Defensiva. Por poner un ejemplo, en Madrid, se registran más de 92 resonancias por 1.000 habitantes, mientras Murcia registra 25”. Al respecto, el presidente de la OMC instó a poner todos los medios para sensibilizar a la profesión y concienciar a la opinión pública. “Hay que explicar la situación en todas las ocasiones que sea posible: Congresos, reuniones de Sociedades Científicas, de Colegios de Médicos, etc., y exigir a los políticos que lo lleven a cabo”, subrayó el Dr. Rodríguez Sendín.
Como señaló, en este sentido el Dr. Murillo, la Medicina Defensiva encarece el coste de la asistencia y perjudica al enfermo. Este tipo de Medicina no sólo consiste en pedir pruebas innecesarias sino también variar la práctica asistencial sobre lo preestablecido. “Todo esto perjudica tanto a la Medicina, como al paciente, como al propio sistema sanitario”. Partiendo del millón de actuaciones sanitarias diarias que se registran en nuestro país, de las cuales las denuncias no superan las 1.000, según argumentó el Dr. Borobia quien advirtió del riesgo de meter miedo al recién especialista. “Si se le empieza a meter miedo, se echará cuanto antes en brazos de la medicina defensiva que es el peor antídoto para el miedo, porque le va a perjudicar considerablemente, ya que es un arma de doble filo para el propio profesional en el sentido de que una de esas abundantes pruebas que solicita puede volverse contra él si no sabe manejarlas al dedillo y se conoce todo a fondo. Lo que, realmente, hay que enseñarle es a actuar correctamente”.
De cualquier forma, según concluyó este experto, “la profesión médica es la de mayor riesgo del conjunto de profesiones, puesto que la mayoría de las actuaciones pasan por el dolor o por el riesgo al paciente, no en vano, los médicos somos los garantes del derecho a la vida y a la salud recogido en la Constitución”.
Carta al ministro de Sanidad
Durante la tramitación de la Ley “Reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”, el pasado mes de junio, el presidente de la OMC, Dr. Rodríguez Sendín, se dirigió al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para solicitarle que el baremo de daños sanitarios fuera incluido en la referida normativa, teniéndose en cuenta una serie de consideraciones. Entre ellas cabe destacar que la propuesta de Baremo se articula técnicamente mediante las correspondientes tablas y con atribución de puntos. Dicha propuesta, además, está plenamente disponible y se ajusta al modelo y a la metodología aplicable a daños y perjuicios de tráfico, facilitando así su gestión y adecuándose a la línea de interpretación que vienen aplicando los Tribunales. El Dr. Rodríguez Sendín demandaba que el Baremo sanitario, que incluye un centenar de daños/secuelas, se pudiera aprobar dentro del Proyecto de Ley que regula el nuevo Baremo aplicable a los daños y perjuicios en accidentes de circulación. No regular cuanto antes el Baremo de daños sanitarios, según advertía, “perjudica especialmente a la seguridad de los pacientes, a los ciudadanos y al Sistema Nacional de Salud incrementando innecesariamente sus costes además de tener que hacerse cargo con sus presupuestos de imprevisibles indemnizaciones, en perjuicio de la sostenibilidad del gasto asistencial”.
En definitiva, carecer del Baremo de Daños Sanitarios equivale, a su juicio, a “seguir desconociendo con la profundidad precisa la epidemiologia de los errores y procesos adversos sanitarios. Hacer imposible o muy difícil corregir y prevenir errores y procesos adversos sanitarios, y contribuir a una litigiosidad innecesaria que aumenta exponencialmente en el sector sanitario”. Asimismo, “se contribuye a reforzar la cultura de la culpa, miedo, frustración y desconfianza, aumentando y extendiendo la incertidumbre de los profesionales que se ven obligados a actuar protegiéndose en evitación de procesos adversos”. Además de fomentar una costosa e indeseable medicina defensiva con los riesgos consiguientes para los pacientes.
