La Dra. Beatriz Domínguez-Gil, presidenta de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) fue la encargada de moderar la segunda mesa de la sesión científica “El médico en la donación y el trasplante de órganos: implicaciones éticas”
Esta mesa abordó el tráfico de órganos y turismo de trasplante, y tuvo como ponentes al Dr. Ravindra Sitaram Wankhedkar, presidente de la Asociación Médica de la India; a la Dra. Marta López-Fraga, responsable del programa de donación y trasplantes del Consejo de Europa, a la Prof.ª Dominique Martin, profesora asociada en Bioética y Profesionalismo en la Universidad de Deakin; y al Prof. José Antonio Lorente, director del programa DNA-Pro-ORGAN.
El Dr. Ravindra Sitaram Wankhedkar abogó por la importancia de la educación tanto a la sociedad como a los profesionales en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos e incidió en la importancia de las leyes para garantizar el buen funcionamiento de los trasplantes y evitar la trata de personas y el tráfico de órganos, además de concienciar acerca de la importancia de la donación.
Además, expuso que «ningún médico debería llevar a cabo un trasplante utilizando un órgano que se ha obtenido de forma ilícita». De acuerdo con Wankhedkar, «si existen sospecha sobre el origen de este órgano, no debería ser utilizado»
La segunda ponencia, que realizó la doctora Marta López-Fraga, giró alrededor del papel del profesional sanitario en la lucha contra el tráfico de órganos. López-Fraga afirmó que alrededor del ”5-10% de los trasplantes de riñón realizados cada año son resultado del tráfico de órganos”.
De acuerdo con la doctora existen tres puntos esenciales en los que el papel del profesional sanitario es decisivo en la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos: “la evaluación de posibles donantes y receptores, el manejo de pacientes que planean o pueden estar considerando viajar al extranjero para un trasplante y el manejo de pacientes que reciben un trasplante y regresan a casa para recibir atención de seguimiento”. Por último, hizo hincapié en la necesidad “de regular los viajes para trasplantes y de prevenir y combatir el turismo de trasplantes”.
La Prof.ª Dominique Martin explicó que existen algunas circunstancias bajo las que el profesional sanitario no está obligado a respetar la confidencialidad médico-paciente, como cuando “la violación de la confidencialidad es necesaria para evitar un mayor daño a los demás o cuando determinadas personas están en riesgo de sufrir daños”.
La profesora Martin concluyó que “los profesionales de la salud pueden tener deberes éticos y profesionales de recopilar y reportar información sobre presuntos delitos relacionados con el trasplante, especialmente cuando se espera que la presentación de informes reduzca el riesgo de daños futuros a otros”. Además, resaltó que “pueden surgir tensiones entre los deberes de informar y las obligaciones de respetar la privacidad y confidencialidad del paciente”; y que el alcance de los deberes de presentación de informes y su peso ético “dependerán del contexto en el que se producen y sobre los sistemas que garantizan que la información se utilizará de manera eficaz y que las personas vulnerables serán protegidas de cualquier daño”.
La última ponencia de esta sesión científica, fue presentada por el profesor José Antonio Lorente, quien explicó que el DNA-PRO-ORGAN es un programa “que pilota y promueve la creación de una base de datos de muestras biológicas de referencia para poder realizar análisis de ADN en caso necesario y comprobar el origen de un órgano y el lugar donde fue trasplantado”. Todo ello, de acuerdo con el profesor Lorente, “permite comprobar que el procedimiento se realizó con todas las garantías legales incluido el consentimiento informado”.
Por último, José Antonio Lorente expuso que “estas bases de datos de muestras biológicas, pueden, de acuerdo a la legislación de cada país y en coordinación con la policía, convertirse en bases de datos automatizadas”, que puede ayudar a realizar búsquedas “en casos de denuncias de donaciones forzadas o de cadáveres a los que se les ha extraído un órgano sin seguir los procedimientos necesarios incluido el consentimiento de la víctima o su familia”.
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