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FEDE discrepa con Sanidad sobre el criterio adoptado para la adquisición de tiras reactivas para el control de la diabetes

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) ha mostrado su «total disconformidad» con el criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad para la adquisición de tiras reactivas para el control de la diabetes, avisando de que esta medida perjudicará «gravemente» la calidad de vida de los pacientes, ya que reducirá el número de medidores de glucemia disponibles en el mercado

 

Madrid, 14 de febrero 2013 (medicosypacientes.com)

La Federación de Diabéticos Españoles (FEDE) ha mostrado su «total disconformidad» con el criterio adoptado por el Ministerio de Sanidad para la adquisición de tiras reactivas para el control de la diabetes, avisando de que esta medida perjudicará «gravemente» la calidad de vida de los pacientes, ya que reducirá el número de medidores de glucemia disponibles en el mercado.

De esta forma, desde Federación han alertado de que la compra de tiras reactivas va a «limitar» el acceso actual a los sistemas de medición de glucemia «más apropiados» en cada caso; «deteriorará» la adherencia al tratamiento y «perjudicará» la eficiencia del autoanálisis y de la propia terapia; planteará un escenario de cambio de glucómetro cada dos años, «sin tener en cuenta» que la diabetes es una patología crónica; y «no tendrá en cuenta» la inversión de tiempo necesario de los equipos de salud para reentrenar periódicamente a los pacientes en el uso de un nuevo dispositivo.

«Va a vulnerar la innovación tecnológica como fuente adicional de valor añadido para la optimización del tratamiento, limitando el acceso futuro a la misma. Una innovación que, hasta la fecha, ha estado disponible en España sin que representase un incremento de costes para el Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, va a ignorar por completo las recomendaciones de los grupos de expertos en esta materia sobre la necesidad de una amplia accesibilidad de sistemas para la individualización de los tratamientos», ha zanjado la Federación.

La puesta en marcha de un nuevo sistema de adquisición centralizada de compra de tiras reactivas de glucemia, adoptado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), para ser utilizadas por los pacientes con diabetes junto con los medidores para el autocontrol de su diabetes, según FEDE, establece como «criterio único» de adjudicación el precio, y reduce de forma «drástica» los productos actualmente disponibles en el mercado para el control de la diabetes.

«Esto genera una situación de disponibilidad de producto prácticamente monopolística», ha denunciado el presidente de FEDE, Ángel Cabrera, quien ha calificado a esta medida de «absolutamente inapropiada» y ha lamentado que se haya adoptado teniendo en cuenta «sólo» el criterio económico. Dicho esto, ha recordado que en España hay más de 5 millones de personas que padecen esta enfermedad.

El pasado 28 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, las dos primeras licitaciones para las compras centralizadas de medicamentos y productos sanitarios con 14 Comunidades Autónomas, el INGESA (dependiente de Sanidad y responsable de la gestión sanitaria en Ceuta y Melilla) y los Ministerios de Defensa y del Interior, entre las que se encontraba la de las tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre.

Entre los objetivos de la licitación centralizada está la obtención de mejores precios en la adquisición de productos, pero también persigue mantener la calidad y unificar los criterios técnicos que deben cumplir los productos en las Comunidades Autónomas adheridas, voluntariamente, al proceso, así como dotar de mayor transparencia a los contratos derivados del Acuerdo Marco, según informó en su momento el Ministerio de Sanidad, que también detalló las adhesiones a estas licitaciones: el INGESA y los de las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, la Rioja y la Comunidad Valenciana. Asimismo, participan el Ministerio de Defensa y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.

 

 

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