La secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, habla en esta entrevista, extraída de la publicación oficial de MUFACE, y firmada por Chus Sáez, de cuestiones tan relevantes como los retos concernientes a MUFACE, al que considera ?pieza fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud?. Asimismo, aborda otras cuestiones como la Administración Electrónica, el nuevo modelo de función pública, o de la formación de los empleados públicos
Madrid, 15 de febrero 2011(medicosypacientes.com)
La secretaria de Estado para la
Función Pública, Consuelo Rumí.
-Como responsable y mutualista de MUFACE, ¿qué retos se plantea para el organismo?
-MUFACE es una pieza fundamental dentro del Sistema Nacional de Salud, tanto por el volumen de población a la que asiste como por su presencia en todo el territorio nacional. Y es un organismo que ha sido pionero, en muchos aspectos, del modelo de Administración Pública que tenemos que consolidar y potenciar de cara al futuro. Ha sabido abrirse a las nuevas tecnologías ?ahí están los servicios que ofrece a sus mutualistas y beneficiarios por Internet? y tiene una larga tradición de colaboración con el sector sanitario privado. Desde el momento en que llegué a mi nueva responsabilidad, asumí como una prioridad reforzar la colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Colaboración que ya está ofreciendo excelentes resultados, como el refuerzo de la presencia de las Mutualidades en los distintos grupos del Consejo Interterritorial de Salud y la implicación en los proyectos de futuro, como la receta electrónica, la Historia de Salud Digital, la asignación del número de Tarjeta Sanitaria Individual para todos los mutualistas y beneficiarios o el control e inspección médica de las situaciones de incapacidad temporal de los mutualistas, que llevamos a cabo en colaboración con el INSS. También destacaría la nueva gestión de la prestación farmacéutica, aspecto en el que quiero recordar que MUFACE ha negociado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España el nuevo Concierto que sustituirá al vigente desde 1989. Asimismo, en el actual marco de estrecha colaboración con las entidades firmantes del Concierto de Asistencia Sanitaria en territorio nacional, se ha creado con todas ellas un grupo de trabajo específico para abordar la plasmación en su ámbito de todos estos proyectos y de otros que puedan plantearse. MUFACE está asumiendo reformas y liderando proyectos innovadores para alcanzar la excelencia en la gestión pública de la atención sanitaria a nuestros mutualistas, y ésa es la senda que vamos a mantener.
-¿Qué tiene que decir ante los rumores que se han difundido sobre la inminente desaparición de MUFACE y la alarma creada entre los sindicatos por la publicación el pasado 3 de diciembre del Decreto Ley que integra a los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social en lugar de en el régimen de Clases Pasivas?
-El Decreto Ley no afecta a la existencia y continuidad de MUFACE, que está absolutamente asegurada. De hecho, la Mutualidad tiene garantizados sus presupuestos y está trabajando mano a mano con las entidades sanitarias para el desarrollo del Concierto vigente y la preparación del Concierto del año 2012, en el que se mejorarán las prestaciones asistenciales y al que se pretenden incorporar nuevas compañías. MUFACE ha firmado un convenio que mejorará la prestación farmacéutica de los mutualistas, con la previsión de incluir, entre otras medidas, la receta electrónica. En la agenda del Gobierno, por tanto, no entra cambiar el modelo de asistencia sanitaria de las mutualidades, sino mejorarlo día a día. Además, hay que dejar claro que el Decreto Ley del 3 de diciembre no cambia absolutamente en nada el régimen de asistencia sanitaria de las mutualidades administrativas; se trata de una modificación para la mejora de la Seguridad Social que afecta única y exclusivamente a las pensiones. El citado Decreto Ley afirma literalmente que la propuesta de integración de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social afecta exclusivamente a las Clases Pasivas, y que se mantiene con el mismo alcance la acción protectora gestionada en la actualidad por las respectivas mutualidades de funcionarios. El Gobierno, por tanto, va a seguir haciendo una apuesta decidida por MUFACE.
-¿Cuál debe ser el papel de la Administración en época de crisis?
-Las Administraciones Públicas deben estar siempre al servicio de la sociedad, son las encargadas de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y eso es algo que cobra aún mayor importancia, si cabe, en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo. El Gobierno ha adoptado medidas duras y difíciles en una situación dura y difícil con el fin de reducir el gasto público. Somos muy conscientes del esfuerzo que estas medidas suponen para los colectivos afectados por el ajuste, pero era necesario abordarlas para reducir el déficit público. Y lo que puedo decirle es que el Gobierno reconoce y agradece ese esfuerzo.
-¿Cree que la medida de revisión salarial del sueldo de los funcionarios puede ser incompatible con el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012?
-En absoluto. Como ya he dicho en ocasiones anteriores, el Acuerdo que firmamos con los sindicatos en septiembre de 2009 contiene hasta medio centenar de medidas, la mayoría de las cuales no se ven afectadas por la decisión del Gobierno de reducir los salarios de los empleados públicos. En el marco de las medidas que siguen vigentes figuran algunas cuestiones tan importantes como la nueva ley de Función Pública en la Administración General del Estado, cuya tramitación se iniciará próximamente. Se trata de un texto de gran calado en cuya elaboración, estoy convencida de ello, los sindicatos van a demostrar una vez más su sentido de la responsabilidad.
Estamos hablando de un nuevo modelo de Función Pública para sentar las bases de una Administración más eficaz y más moderna, una Ley que debe abordarse desde la colaboración y el trabajo conjunto. La citada Ley es sólo un ejemplo, hay otros asuntos, como la creación del Observatorio del Empleo Público, en los que también se ha trabajado de forma conjunta con los sindicatos.
-Usted ha valorado el esfuerzo de los casi tres millones de empleados públicos y ha reconocido la importancia de su labor, ¿cómo puede transmitirles este reconocimiento?
-Siempre que he tenido la oportunidad, he expresado públicamente ese reconocimiento a la labor que desempeñan los empleados públicos; lo hago ahora como responsable política al frente de la Secretaría de Estado para la Función Pública. Pero quienes me conocen saben que también lo he hecho antes, porque, como la gran mayoría de españoles estoy convencida de que España cuenta con empleados públicos cualificados, profesionales y con una gran vocación de servicio público. Empleados públicos son quienes nos atienden cuando queremos cambiar de empadronamiento, quienes atienden a los enfermos en los centros sanitarios o los que colaboran en la educación de nuestros hijos. Los empleados públicos son, en definitiva, la columna vertebral del Estado. Y, francamente, creo que no tenemos nada que envidiar a otros países de nuestro entorno.
-Es evidente que el Observatorio de la Función Pública que se acaba de aprobar va a jugar un papel clave.
-Efectivamente. Va a ser un organismo previsto en el acuerdo que el Gobierno firmó con los sindicatos en septiembre de 2009 y cuya misión será la de realizar un diagnóstico en profundidad de la situación del empleo público para, posteriormente, formular propuestas de actuación para lograr un mejor rendimiento de nuestro capital humano. Por cierto, la creación del Observatorio no va a suponer la creación de nuevas estructuras y, por tanto, no supondrá coste adicional alguno.
-¿Va a seguir siendo el Plan de Formación de los empleados públicos uno de los objetivos de su departamento?
-Por supuesto. Garantizar la mejor formación de nuestros empleados públicos es una de las prioridades del departamento que dirijo. Por una razón muy sencilla: porque ellos, los empleados públicos, son el mejor activo de nuestra Administración y, desde ese punto de vista, una mejor cualificación redundará en un mejor servicio a los ciudadanos.
-La ONU ha premiado a España por la calidad de los servicios que la Administración General del Estado presta a los ciudadanos a través de Internet. A tres años de la aprobación de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, ¿cuál es el grado de cumplimiento de la Ley y qué retos se plantea?
-La Ley de Servicios Electrónicos se ha cumplido en su práctica totalidad. De hecho, en la actualidad, el 100% de los trámites pueden iniciarse vía electrónica y más del 98% realizarse en su totalidad. Sinceramente, creo que no todo el mundo es consciente del gran salto que hemos dado en Administración Electrónica. Ocupamos el quinto puesto en el ranking europeo y el noveno en el mundial. En sólo un año hemos avanzado 11 puestos y ese avance ha sido reconocido recientemente por Naciones Unidas, que, efectivamente, ha premiado al Gobierno de España por nuestro progreso en Gobierno electrónico.
-Se está hablando de centrar los esfuerzos en que los ciudadanos conozcan la utilidad real de la Administración Electrónica y hagan uso de ella, pero ¿no temen que esta implantación pueda abrir otra brecha de discriminación para los colectivos menos favorecidos?
-Efectivamente, ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en conseguir un mayor uso de la Administración Electrónica por parte de los ciudadanos. Hemos construido la casa, hemos abierto sus puertas y ahora estamos invitando a todo el mundo a que pase y compruebe las ventajas de los servicios electrónicos. Las estadísticas nos dicen que las campañas de divulgación aumentan de manera significativa el uso de la Administración Electrónica, y que cuando alguien utiliza esa vía para realizar algún trámite, como puede ser la presentación de la declaración de la renta o la solicitud de una beca, la incorpora con total normalidad a su vida diaria y se olvida de la gestión presencial.
Por otra parte, la llamada «brecha digital» está disminuyendo a gran velocidad. Hace unos años, muchas zonas rurales de nuestro país no contaban con conexión a Internet, pero eso está cambiando y el número de personas con acceso a la Red aumenta cada día gracias a iniciativas como el Plan E, un instrumento que está permitiendo la modernización de las administraciones locales. De hecho, este Plan ha permitido la financiación de cerca de 3.000 proyectos locales dedicados a desarrollo tecnológico, relativos en su mayoría a la Administración Electrónica.
-La modernización de los Servicios Públicos es una realidad y uno de los retos que el Gobierno se ha marcado es la reducción de cargas administrativas, ¿en qué fase nos encontramos?
-En fase de claro cumplimiento. Algunas de estas cargas, que son las actividades que deben llevar a cabo las empresas y los ciudadanos para cumplir con las obligaciones legales, se han quedado obsoletas debido a la evolución tecnológica y al cambio de relación entre la Administración y la sociedad, y generan costes inútiles que constituyen, además, un lastre para la actividad económica.
-En su discurso de investidura, el Presidente del Gobierno, anunció el compromiso de reducir las cargas administrativas para las empresas en un 30% para el año 2012, un compromiso que supera en cinco puntos al adoptado por la UE. Según las estimaciones realizadas por la OCDE, la reducción del 30% supone un ahorro de alrededor de 15.000 millones de euros en los costes de funcionamiento de las empresas españolas.
-Hoy, en estos momentos de dificultades económicas, es más necesario que nunca revitalizar nuestro tejido productivo, y hacia ese objetivo van dirigidas las propuestas en las que estamos trabajando, que podrían reducir esos costes de funcionamiento del sector productivo en torno a los 10.000 millones de euros. Una cifra desde la que, con la colaboración de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, podremos alcanzar con holgura el objetivo de ahorrar esos 15.000 millones.
Chus Sáez. Revista MUFACE Nº217.
