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Rodríguez Sendín ha afrontado su reelección al frente del CGCOM en medio de medidas y ajustes sanitarios

La reelección del Dr. Juan José Rodriguez Sendin como  presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha marcado el primer semestre de la corporación que ha redoblado sus esfuerzos para buscar vías de consenso entre todo el colectivo médico para afrontar la difícil situación que atraviesa el sistema sanitario público, en general, y la situación de los profesionales, en particular

Madrid, 1 de agosto 2013 (medicosypacientes.com)

La reelección del Dr. Juan José Rodriguez Sendin como  presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha marcado el primer semestre de la corporación que ha redoblado sus esfuerzos para buscar vías de consenso entre todo el colectivo médico para afrontar la difícil situación que atraviesa el sistema sanitario público, en general, y la situación de los profesionales, en particular.

El proceso electoral culminó con las elecciones el 9 de marzo, que supusieron un respaldo mayoritario al Dr. Rodríguez Sendín, quien fue reelegido como presidente con el 82,6 por ciento del electorado. Repite así en la presidencia del máximo organismo de representación de los médicos con su segundo mandato.

En las mismas elecciones fueron reelegidos también los doctores Jerónimo Fernández Torrente, como vicesecretario, y José María Rodríguez Vicente, como tesorero. Y el Dr. Fernando Rivas fue elegido como representante nacional de la Vocalía de Médicos con Empleo Precario.

«Compromiso de los profesionales en la defensa del SNS» y la petición de un consenso político que permita «introducir las reformas necesarias para mejorar los procesos de racionalidad y un mejor gobierno del SNS y sus instituciones» han sido los ejes que han marcado la política de la OMC en estos seis meses de 2013, siguiendo la línea continuista en estos objetivos de los últimos cuatro años.

Compromiso, responsabilidad, transparencia y consenso son las líneas que resumen la política de la Comisión Permanente de la corporación que, con la preocupación centrada en los recortes que se han venido produciendo en todas las CC.AA y la adopción de medidas por parte de todas las Administraciones, ha intensificado sus esfuerzos para lograr un consenso profesional y sumar fuerzas para alcanzar objetivos y metas comunes con las demás organizaciones y que ha tenido su máximo exponente en el acuerdo rubricado el 30 de julio entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Foro de la Profesión Médica.

Desde la OMC se ha pedido reiteradamente y se explicita en este acuerdo histórico un gran acuerdo político que permitiera introducir reformas necesarias para mejorar los procesos de racionalidad y un mejor gobierno del SNS y sus instituciones.

También y respondiendo a una repuesta mayoritaria de la profesión médica en particular y de las profesiones sanitarias en general, ha mantenido una actitud crítica ante la internalización/privatización la gestión de lo público, argumentado que «el ánimo de lucro, las leyes del mercado y las reglas imprescindibles en otros ámbitos sociales, no son compatibles ni pueden en ningún caso estar por encima de los valores de la profesión médica, del compromiso con los ciudadanos y con los pacientes, ni con los objetivos y fines substanciales del SNS», como ha expuesto el presidente de la OMC en reiteradas ocasiones, en las que ha defendido la colaboración público-privada que viene existiendo en el sistema sanitario español.

Encuentros con líderes políticos en busca del pacto por la sanidad

En busca de ese consenso político por la sanidad, la hoja de ruta de la Comisión Permanente de la OMC ha estado marcada en estos seis meses por numerosos encuentros con presidentes autonómicos y responsables de sanidad de diferentes CC.AA, así como responsables políticos de todos los partidos con representación parlamentaria.

Se iniciaron en diciembre de 2012 con el Presidente de Galicia, Alberto Nuñez Feijoo, y han continuado a lo largo de estos seis meses con los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Aragón, Luisa Fernanda Rudi; Baleares, José Ramón Bauzá; Extremadura, José Antonio Monago y La Rioja, Pedro Sanz. Han solicitado encuentros con todos los presidentes autonómicos y los máximos responsables políticos de todos los partidos con representación parlamentaria.

En estos encuentros con presidentes autonómicos, se ha mantenido también reuniones con los responsables de las consejerías de salud de todas estas autonomías, Rocio Mosquera (Galicia), Antonio María Sáez Aguado (CyL), Ricardo Oliván (Aragón), Luis Alfonso Hernández Carrón (Extremadura), Martí Sansaloni (Baleares), José Ignacio Nieto (La Rioja), así como con Boi Ruiz (Catalunya).

También han mantenido encuentros con responsables políticos de diversos partidos: Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE; Trinidad Jiménez, Secretaria de Política Social del PSOE; José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso; Concepció Tarruella (CiU) portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, y Rosa Diéz, portavoz del Grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

La OMC ante Prescripción en base a Equivalente Terapéuticos

Ante las medidas que se han impulsado desde diferentes administraciones sanitarias autonómicas sobre la prescripción en base a equivalentes terapéuticos, el CGCOM hizo público un manifiesto en defensa de la actuación profesional y del deber Deontológico que tiene el médico ante su paciente y el cuidado de su salud.

En este manifiesto, la corporación reiteraba, ante las administraciones sanitarias y ante la sociedad que el médico ha de poder ejercer con libertad la función de prescribir, situando en primer lugar los intereses del paciente, con criterios de estricta eficiencia, compatibles con la eficacia del tratamiento y sin más limitaciones que las derivadas de la normativa establecida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Para la OMC, las guías, protocolos, así como las aplicaciones informáticas de prescripción deben ser instrumentos de ayuda que la administración sanitaria, con el consenso de las sociedades científicas y con transparencia, pone a disposición del médico para que, en base a la mejor evidencia disponible y a su propia experiencia profesional, adopte la decisión terapéutica más adecuada para cada paciente, considerando sus circunstancias personales y los aspectos económicos derivados de su actuación profesional.

En este manifiesto, dejaba claro que el hecho de que un determinado número de medicamentos se clasifiquen en un mismo grupo terapéutico o compartan una misma indicación terapéutica no supone necesariamente que siempre puedan considerarse alternativas terapéuticas equivalentes o alternativas terapéuticas de eficacia similar.

Y, finalmente, expresaba que la corporación no se opone a que se profundice en este ámbito, siempre y cuando estas declaraciones de equivalencia se realicen por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y estén basadas en ensayos clínicos diseñados con esta finalidad, de acuerdo con directrices internacionales aplicables a nuestro país.

La Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME) se adherió a este posicionamiento de la OMC, así como diversas asociaciones de pacientes, entre ellas, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y ocho asociaciones integradas en la Alianza General de Pacientes (AGP).

La aprobación en julio, de la Ley del Medicamento por el Congreso de los Diputados que estable una regulación específica para los medicamentos biosimilares y un control por parte de la Agencia Española del Medicamento de los equivalentes terapéuticos, vino a hacerse eco de la reivindicación de la Organización Médica Colegial y de la mayoría de sociedades científicas y de pacientes.

Rechazo al Real Decreto de Jubilaciones

El Real Decreto Ley 5/2013 de 15 de marzo para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, conocido en el sector como decreto del «jubilado activo» han centrado también los esfuerzos de la OMC al afectar a una gran parte del colectivo médico que compatibiliza su jubilación con el ejercicio profesional por cuenta propia o por cuenta ajena.

El rechazo al Real Decreto por las Vocalías de medicina privada por cuenta propia de la corporación al mismo ha sido claro así como las dudas e incertidumbres, en especial para los profesionales médicos autónomos, al mantener la compatibilidad entre el ejercicio profesional y el cobro de la pensión de jubilación y establecer que la pensión no se percibirá íntegramente, sino al 50%.

Las vocalías de medicina privada por cuenta propia y ajena analizaron en una asamblea conjunta este Real Decreto 5/2013 que cambia por completo las condiciones de los médicos para poder seguir ejerciendo tras la jubilación y que se publicó sin previo debate ni posibilidad de alegaciones, por lo que mostraron su más absoluto rechazo.

Desde el colectivo médico se solicitó al Gobierno la paralización de la aplicación de este decreto o que al menos se arbitren amplios plazos de aplicación, de varios años, para no perjudicar de forma irreversible a quienes en su proyecto vital han optado por prolongar el ejercicio profesional más allá de la jubilación, y dar opción a buscar otras alternativas a los médicos más jóvenes, que quedarían advertidos del cambio de las condiciones para cuando accedan a la jubilación.

Para las vocalías de medicina privada con este decreto se incide, una vez más, en expropiar derechos al colectivo médico, consiguiendo justamente el efecto contrario que persigue de favorecer la continuidad laboral, puesto que obligará, si no se cambian las condiciones, a dejar el ejercicio privado al 95% de los médicos jubilados que actualmente lo compatibilizan con el cobro de la pensión, provocando una brusca descapitalización humana y de conocimiento.

Para este colectivo, a esta medida se añade al daño ocasionado por la reducción de la vida laboral de los 70 a los 65 años en la mayoría de comunidades autónomas por un simple afán de ahorro, sin tener en cuenta el valor añadido de la experiencia y el conocimiento, y que una vez más contraviene el contrato entre los profesionales médicos y la sociedad, en que a cambio de entrar muy tarde en la vida laboral por la larga duración de los estudios, y de mantener la formación continuada y el perfeccionamiento profesional, el médico pueda ejercerlas mientras mantenga bien sus condiciones físicas y mentales.

 

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