Madrid, 12 de noviembre de 2102 (medicosypacientes.com)
En la carta la SESP manifiesta que esta medida no ha sido consensuada ni con los profesionales de la Sanidad Penitenciaria ni con la sociedad, que solo persigue un ahorro presupuestario, y que la misma provocaría un empeoramiento de la salud general de la población reclusa, así como una vulneración de los derechos de la asistencia médica de las personas privadas de libertad.
Para estos profesionales estas medidas desmantelan la Sanidad Penitenciaria tal y como está concebida en la actualidad y suprime uno de los servicios fundamentales que se ofrece. Además puede provocar que la decisión sobre una atención médica inmediata de los internos recaiga sobre el jefe de servicios y de los funcionarios, en cuestiones vitales para las que no están capacitados.
Por estas y otras muchas consideraciones que se reflejan en la carta adjunta en la noticia, la SESP apela a la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias para que reconsidere esta decisión que «no aporta ningún beneficio para la salud de las personas privadas de libertad y cuyo supuesto ahorro económico no justifica la supresión de las guardias médicas de presencia física en los centros penitenciarios».
