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Médicos y juristas reclaman planificación, recursos y coordinación para afrontar las crisis de salud pública

La necesidad de reforzar la planificación sanitaria, actualizar el marco jurídico y mejorar los mecanismos de coordinación entre administraciones ante futuras crisis de salud pública centró el coloquio magistral “De Wuhan a Ceuta: ¿estamos preparados legalmente para afrontar los retos de salud pública?”, celebrado en el marco del 32 Congreso Nacional de Derecho Sanitario de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS).

La mesa, moderada por el presidente de Honor de la AEDS, Prof. D. Ricardo De Lorenzo y Montero, contó con las intervenciones del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Tomás Cobo Castro; del presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, José Enrique Roviralta Arango; y del vicepresidente segundo de la AEDS, Prof. Dr. Federico De Montalvo Jääskeläinen.

El encuentro puso sobre la mesa dos experiencias que han tensionado de manera extraordinaria las capacidades del sistema: la pandemia de COVID-19 y las sucesivas crisis migratorias vividas en Ceuta. Dos escenarios distintos que, según coincidieron los ponentes, han demostrado la importancia de disponer no solo de recursos, sino también de mecanismos claros de coordinación, capacidad de anticipación y seguridad jurídica para responder con rapidez a situaciones excepcionales.

Tomás Cobo: planificación para proteger a profesionales y pacientes

Durante su intervención, el Dr. Tomás Cobo puso el foco en la situación de la profesión médica y en la necesidad de abordar problemas estructurales que condicionan la capacidad del Sistema Nacional de Salud para afrontar situaciones extraordinarias.

El presidente de la OMC señaló, entre otras cuestiones, la precariedad y temporalidad que siguen afectando a numerosos médicos, las deficiencias del modelo retributivo y las dificultades existentes para garantizar una formación médica continuada adecuada en un contexto en el que el conocimiento y la innovación avanzan a gran velocidad.

Frente a este escenario, Cobo defendió la necesidad de una mejor planificación de los recursos humanos, diseñada con la participación de la profesión médica y sus instituciones representativas. La vocación del médico y su compromiso de servicio permanecen intactos, sostuvo, pero deben acompañarse de condiciones profesionales y organizativas que permitan ejercer adecuadamente.

Asimismo, alertó sobre el desgaste acumulado tras la pandemia y la crisis de salud que afecta a los propios profesionales. Un problema que, más allá del bienestar del médico, repercute directamente sobre la sostenibilidad del sistema y la atención que recibe la ciudadanía.

La crisis de Ceuta y la capacidad de respuesta del Estado

El presidente de la OMC también recordó la situación que pudo conocer personalmente en Ceuta y planteó la necesidad de revisar los mecanismos de respuesta ante emergencias de gran magnitud.

A partir de aquella experiencia, Cobo puso el acento en una cuestión central: España dispone de recursos y capacidades para movilizar dispositivos sanitarios ante emergencias, pero es necesario garantizar que esos medios puedan activarse con la rapidez y coordinación necesarias cuando una crisis se produce dentro del propio territorio nacional.

En este sentido, defendió que las experiencias vividas deben servir para revisar los procedimientos existentes y corregir las deficiencias detectadas, de modo que los recursos disponibles puedan ponerse cuanto antes al servicio de las personas afectadas y de los profesionales que trabajan sobre el terreno.

Roviralta: “La realidad obliga al médico a denunciar las deficiencias sanitarias”

José Enrique Roviralta trasladó al auditorio la experiencia directa de los profesionales sanitarios de Ceuta durante los episodios de presión migratoria registrados en la ciudad y describió las enormes dificultades asistenciales y organizativas a las que tuvieron que hacer frente.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta advirtió de las particulares dificultades que presenta la ciudad para captar y fidelizar profesionales sanitarios y recordó su condición de territorio de difícil cobertura. A su juicio, las medidas adoptadas hasta ahora siguen siendo insuficientes frente a las necesidades reales de Ceuta y Melilla.

Roviralta reivindicó especialmente el papel desempeñado por los profesionales sanitarios en los momentos más críticos y su obligación deontológica de advertir públicamente cuando detectan situaciones que ponen en riesgo una adecuada asistencia sanitaria.

En su intervención insistió en que “la obligación de un médico es denunciar cualquier deficiencia sanitaria”, aunque hacerlo pueda tener consecuencias. Para Roviralta, señalar lo que está ocurriendo sobre el terreno forma parte del compromiso profesional y de la responsabilidad de los colegios de médicos con los pacientes y con la sociedad.

También reclamó que las lecciones extraídas de las crisis sufridas por Ceuta permitan preparar una respuesta más eficaz en el futuro, teniendo en cuenta su posición estratégica como frontera española y europea.

De Montalvo: “El marco actual es manifiestamente insuficiente”

Desde la perspectiva jurídica, el Prof. Dr. Federico De Montalvo analizó las herramientas legales de las que dispone España para afrontar una gran crisis de salud pública y fue especialmente crítico con la evolución experimentada desde la pandemia.

A su juicio, buena parte de los interrogantes jurídicos abiertos durante la COVID-19 continúan pendientes. Entre ellos señaló la determinación de qué órganos judiciales deben autorizar determinadas medidas, el grado de concreción legal necesario para limitar derechos fundamentales ante una emergencia sanitaria, la posibilidad de imponer determinadas actuaciones sobre grupos de población o el propio funcionamiento y naturaleza jurídica de los mecanismos de coordinación territorial.

De Montalvo recordó que limitar derechos fundamentales por razones de salud pública exige cumplir garantías jurídicas precisas. Por una parte, las decisiones deben sustentarse en evidencia y asesoramiento experto y, por otra, superar un test de proporcionalidad que determine si la medida es legítima, adecuada, necesaria y respetuosa con el contenido esencial de los derechos afectados.

El vicepresidente segundo de la AEDS sostuvo que, pasados varios años desde la pandemia, España todavía no ha resuelto suficientemente muchos de los problemas jurídicos que aquella emergencia puso de manifiesto, lo que podría volver a situar a jueces, profesionales y responsables públicos ante escenarios de gran incertidumbre en una futura crisis.

No basta con nuevas leyes: coordinación y lealtad institucional

El jurista incidió también en que una nueva norma, por sí sola, no garantiza una respuesta adecuada. Junto a la seguridad jurídica, consideró imprescindible mejorar la cooperación entre las diferentes administraciones de un Estado descentralizado como España.

En su análisis, la pandemia demostró la trascendencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como espacio de coordinación, pero también puso de manifiesto la necesidad de clarificar y fortalecer los instrumentos que permiten tomar decisiones conjuntas ante acontecimientos excepcionales.

Por ello, defendió que el país aproveche este periodo sin una emergencia sanitaria de dimensiones similares a la COVID-19 para reflexionar, aprender de la experiencia y construir un marco estable, pensado no exclusivamente para la crisis pasada, sino para aquellas que puedan producirse en el futuro.

Las profesiones sanitarias, un elemento esencial ante cualquier crisis

En la clausura del coloquio, el Prof. Dr. Ricardo De Lorenzo sintetizó una de las principales conclusiones compartidas durante la sesión: las grandes crisis recientes han demostrado la necesidad de mayor preparación, coordinación y capacidad de anticipación.

De Lorenzo destacó, además, el papel de los profesionales sanitarios como uno de los grandes soportes de la respuesta frente a estas situaciones y reconoció expresamente el trabajo desarrollado por los médicos y el resto de profesionales en contextos excepcionales como los vividos durante la pandemia o en Ceuta.

El coloquio dejó así un mensaje común: España cuenta con profesionales, conocimiento y capacidades para hacer frente a grandes emergencias de salud pública, pero necesita transformar las experiencias vividas en aprendizaje institucional. Una planificación adecuada de los recursos humanos, un marco jurídico más seguro, mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre administraciones y la participación de los profesionales sanitarios resultan esenciales para llegar mejor preparados a la próxima crisis.

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