En la 'Ley 25 de Emergencia social', primera iniciativa parlamentaria de Podemos registrada la pasada semana en el Congreso se pide, entre otros puntos, la supresión de dos artículos del decreto 16/2012, por el que se puso en marcha el copago farmacéutico
Podemos señala, entre sus argumentos, que «las restricciones impuestas en los últimos años respecto del acceso a sanidad y a los medicamentos ha incorporado a nuestra sociedad la pobreza farmacológica y asistencial, lo que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida en muchos estratos de la sociedad», .
En este sentido, alerta de que el 5,2 % de los encuestados en sondeo anual del Gobierno sobre la sanidad pública aseguran no poder pagar alguno de los fármacos que les ha recetado un médico. «Si se extrapola el porcentaje, resulta que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para hacer frente a sus tratamientos médicos», precisa.
Asimismo, dicha formación política dice que el grupo de trabajo de utilización de fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) ha realizado una encuesta que refleja que «uno de cada cuatro facultativos percibe que tiene algún paciente que está dejando de tomar un fármaco por motivos económicos».
Además, lamenta que tras la entrada en vigor de esta norma se produce «un gran cambio de modelo sanitario» en el que la universalidad es sustituida por un sistema de aseguramiento, de forma que «nacen ciudadanos con derecho a recibir atención sanitaria y ciudadanos excluidos de dicha atención».
Según denuncia el partido que lidera Pablo Iglesias, la transformación que se ha producido «sin debate parlamentario y con una fuerte oposición social y de quienes trabajan en el sistema sanitario», que no sólo han mostrado su rechazo, sino que también han declarado su objeción a una norma que «vulnera su propia deontología y que va en contra de la preservación y mejora de la salud de la sociedad en su conjunto».
Además, dice que este decreto ley de abril de 2012 ha avalado una serie de prácticas, como la facturación, la arbitrariedad o «las comunicaciones hostiles al paciente», que provocan «miedo» en la población vulnerable y alejamiento del sistema sanitario, con el consiguiente riesgo tanto para la salud individual como para la salud colectiva.
En este sentido, recuerda por un lado que diversas comunidades autónomas discreparon públicamente de la norma, y plantearon recursos de inconstitucionalidad que aún se encuentran pendientes de resolución, y por otro que la aplicación y el desarrollo normativo en las distintas comunidades autónomas han sido absolutamente heterogéneos.
En algunas de ellas, dice que los cambios respecto a la situación previa han sido mínimos, mientras que en otras se está yendo más allá del propio decreto ley, lo que ha generado situaciones de exclusión sanitaria no avaladas por la ley.
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