Quienes rechazan la ampliación de la Ley del tabaco, apelan al hipotético efecto negativo que tendría sobre su economía, retrayendo de acudir a esos locales al público. En el presente artículo, el Dr. Andreu Segura, expone con claridad cuál es la situación que ?en relación a la crisis económica- presentan los intereses de quienes abogan por la permisividad del consumo de tabaco y quienes defienden el derecho a la salud de quienes no desean respirar el humo del tabaco
Madrid, 13 de abril 2010 (medicosypacientes.com)
Ofrecemos el artículo de opinión realizado para ?Médicos y Pacientes? por el Dr. Andreu Segura, médico de Salud Pública y presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Crisis económica, tabaco y sanidad
Entre los argumentos para postergar la ampliación de la normativa que restringe fumar en los locales públicos destaca el eventual impacto económico negativo sobre el negocio de la hostelería como consecuencia de una hipotética retracción del acceso de los clientes fumadores a bares y restaurantes.
Como es prioritario superar la crisis económica, conviene incentivar o al menos no obstaculizar el consumo de bienes y servicios, que redundaría en un incremento del paro, el principal problema al que se enfrenta en estos momentos nuestra sociedad. Una vez superada la adversa coyuntura, estaríamos en mejores condiciones para aplicar una normativa más rigurosa puesto que el impacto recesivo tendría menos consecuencias económicas y por consiguiente menos efectos adversos sobre la ocupación.
Frente a esta lógica, que asume una parte de los empresarios del sector pero que viene condicionada en última instancia por los intereses de los productores y distribuidores de tabaco caben, al menos, dos réplicas. La primera es que el efecto económico de la ampliación de la ley sobre la hostelería es una hipótesis que debería corroborarse con datos empíricos. Y resulta que en Francia, Italia o el Reino Unido, donde la legislación es más restrictiva que en España, el acceso a bares y restaurantes no ha disminuido.
Fumar no es, en cualquier caso, la oferta esencial de bares y restaurantes. Otros son los elementos sobre los que actuar con criterios empresariales que estimulen la demanda. Salvando las distancias, hace unos años estaba permitido fumar en muchos otros locales públicos, cines y teatros, y también en el transporte público, actividades que no se han visto particularmente afectadas por la prohibición de fumar.
Quim Monzó, precisaba además que la regulación afecta solo a un tipo de consumo de tabaco, desde luego el más común, porque comporta efectos adversos sobre la salud de los no fumadores al inhalar pasivamente el humo. Masticar tabaco o inhalar polvo de tabaco no comporta riesgos apreciables para los no fumadores.
La segunda consideración en contra del argumento es que no todo crecimiento económico implica un desarrollo social conveniente. No todas las actividades que generan riqueza son justas y algunas ni siquiera son legales. De donde la apelación genérica a las razones económicas no es bastante. Precisamente una de las causas de la crisis, es la falta de especificidad y de perspectiva de buena parte de las actividades económicas. La obtención de beneficios es uno de los motores del desarrollo, pero su viabilidad se asocia a la producción de bienes y servicios de valor adecuado a las necesidades y preferencias de la población.
Los incentivos inmediatos nos exponen a potenciales efectos perversos de gran magnitud. Resulta más lógico estimular los beneficios a medio y largo plazo porque aporta más consistencia a la economía. De ahí que, basar la supervivencia de un sector económico en actividades cuya continuidad está en entredicho por razones tan importantes como la protección de la salud de la mayoría de la población, no sea la mejor alternativa.
La crisis económica requiere también racionalidad en el gasto público. Y si es comprensible la preocupación del gobierno por no recortar las prestaciones sociales, subsidios y pensiones, educación o sanidad, debido a que las clases populares son las más directamente afectadas, la imprescindible reducción del déficit hace que no haya más remedio que disminuir los costes sociales. Lo que implica elecciones difíciles y desde luego impopulares.
Una de las facetas de las crisis son las oportunidades para nuevas políticas y nuestra sanidad, como la mayoría de los sistemas sanitarios de los países ricos, se caracteriza por un elevado consumo, inapropiado en una parte no despreciable, lo que además de producir gasto tiene otros inconvenientes mayores, como el aumento de la iatrogenia – los efectos adversos que sobre la salud tienen las intervenciones sanitarias- o el estímulo de expectativas irreales sobre las posibilidades de la medicina.
Todo ello supone una merma de la autonomía personal y limita la soberanía colectiva para controlar los factores determinantes de la propia salud, algo que ya denunció la carta de Ottawa para la promoción de la salud en 1986, reclamando la reorientación de los sistemas sanitarios desde una perspectiva más comunitaria. Un cambio de orientación que no necesariamente afectaría la cuantía de las actividades económicas dedicadas a la promoción y la protección de la salud, pero si desde luego a su contenido.
Por ejemplo, arbitrar alguna compensación para los empresarios que, en cumplimiento de la ley vigente, llevaron a cabo adaptaciones en sus locales y pudieran resultar por ello afectados en su capacidad de competir con los que no lo hicieron.
Andreu Segura
Médico de Salud Pública
Presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
