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Montón anuncia que se modificará el concepto de asegurado y que la cobertura sanitaria se asociará a la condición de ciudadanía

Carmen Montón presidió ayer su primer Consejo Interterritorial, tres semanas después de acceder a su cargo de ministra. La reunión con los consejeros de Sanidad se dedicó monográficamente a la universalidad de la sanidad pública. A este respecto, la ministra anunció que se modificará el R.D.16/2012 con el fin de eliminar la exclusión sanitaria, asociar la cobertura a la condición de ciudadanía y desligarla del concepto de asegurado

En su reunión con los consejeros del ramo, la ministra de Sanidad abordó los principios básicos de la modificación normativa del R.D. 16/2012 al objeto de extender el acceso a la salud normalizado a toda la población. “Es una prioridad restablecer la universalidad de la asistencia sanitaria y recuperar el derecho a la protección de la salud, ligada al concepto de ciudadanía en igualdad de condiciones”, según recalcó.

 
En esta línea, la ministra adquirió el compromiso de que las personas extranjeras en situación administrativa irregular recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. «Se trata de englobar todo el articulado que habla de exclusión sanitaria y sustituirlo por otro articulado que hable de universalidad y que ligue la asistencia sanitaria a la ciudadanía en igualdad de condiciones que los españoles». Para todo ello, el Ministerio, según recordó Montón, ha abierto un proceso de diálogo con las CC.AA. y con la sociedad civil, y, en definitiva, con todos los agentes implicados en la recuperación de la asistencia sanitaria universal.
 
El objetivo de Montón es, como explicó, devolver el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria normalizada en el Sistema Nacional de Salud para las personas extranjeras no autorizadas ni registradas, es decir, en situación administrativa irregular, en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. «Una persona en situación irregular y vulnerable que lleve más de 90 días en nuestro país podrá acceder a la prestación sanitaria a partir de un informe social que acredite su situación». 
 

Respecto a plazos, la ministra estimó que se precisan unas seis semanas para la tramitación de estas modificaciones más otros 30 días para su convalidación en el Congreso de los Diputados. «Vamos a intentar ser lo más diligentes posible y engrasar la maquinaria del Ministerio todo lo posible para poder ponerlo en marcha cuanto antes», según sus palabras.
 
Montón también aludió a cuestiones económicas, afirmando que devolver la universalidad al SNS “no va a suponer un sobrecoste, ya que, como dijo “incluso, es más gravoso acceder a la sanidad pública por la vía de las urgencias que a través de la Atención Primaria”.
 
En este sentido, en la reunión se planteó la creación de una comisión mixta con representantes de las entidades más representativas en defensa del derecho a la atención sanitaria universal que permita realizar un seguimiento de la modificación de la norma que se va a establecer. “Así lo hemos hecho en la Comunidad Valenciana, con excelentes resultados”, indicó Montón.
 
 
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