Madrid, 28 de febrero 2013 (medicosypacientes.com/E.P.)
Tras un año sin acudir a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, la ministra Ana Mato compareció ayer para explicar las principales medidas de su Departamento en los últimos meses. En el transcurso de su intervención anunció un nuevo sistema de copago según renta para su aprobación por el Consejo Interterritorial el próximo mes de marzo. «Se van a aprobar dos nuevos tramos en el copago de medicamentos para que no paguen los mismos porcentajes los ciudadanos con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales como hasta ahora», tal como expuso
Mato reconoció, en este sentido, que «es mucha diferencia», tras la reforma sanitaria que impulsó el pasado mes de abril establecía que los ciudadanos de rentas entre 18.000 y 100.000 euros anuales debía pagar un 50 por ciento del precio de sus medicamentos. Por ello, aseguró la ministra, «se va revisar este tramo para establecer otros dos nuevos con el objetivo de intentar ser más justos».
Igualmente, avanzó que entre los meses de abril y mayo se adoptarán nuevas medidas para una nueva rebaja del precio de los medicamentos genéricos, que, como recordó, «ya son el 33 por ciento más baratos para los ciudadanos».
En su intervención Mato hizo balance de su primer año al frente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, destacando que el Sistema Nacional de Salud ha conseguido ahorrar 3.063 millones, es decir, un 42 por ciento sobre los 7.267 millones de euros que se han previsto.
Segun subrayó la ministra, «hemos reformado el SNS para hacerlo más sostenible, equitativo y de calidad, manteniendo en todo momento su carácter público y universal». «Hemos reforzado -continúo-su gestión y lo hemos orientado a las necesidades del paciente». Mato sustentó su intervención en las principales medidas adoptadas y plasmadas en el Real Decreto-Ley 16/2012 del que, aseguró, «ha cumplido el propósito para el que fue elaborado: garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones».
En cuanto al aseguramiento, la ministra recalcó que se ha ampliado la universalidad y por primera vez se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, «incluyendo no sólo a los parados de larga duración, sino también a grupos de profesionales tradicionalmente excluidos. Mato recordó, en este sentido, que «gracias al cruce de datos de las casi 45 millones de tarjetas sanitarias individuales, se ha constatado que había 800.000 titulares que constaban como beneficiarios cuando debían ser asegurados. De ellos, 200.000 eran beneficiarios de un pensionista».
En alusión a las medidas de gestión que están adoptando Comunidades Autónomas, la ministra expresó su respeto a sus decisiones «siempre que no se invadan las competencias que son exclusivas del Estado y no supongan una discriminación para los ciudadanos por vivir en una u otra Comunidad».
Mato también se refirió, entre otros aspectos, al turismo sanitario, que había supuesto un desembolso de 1.000 millones al año. En cuanto a los inmigrantes en situación irregular ha asegurado que «la cobertura es ahora mucho más amplia».
La titular de Sanidad hizo alusión, asimismo, a la Sanidad electrónica, recordando que los españoles ya poseen una tarjeta sanitaria interoperable en todo el territorio español, que se ampliará a la historia clínica digital y a la receta electrónica. Mato se ha referido, en este aspecto, a la inclusión de la interoperabilidad de las tarjetas sanitarias, a nivel europeo, en la Directiva Europea de Derechos de los Pacientes.
Con respecto a la ordenación profesional, la ministra aseguró que se está dando respuesta a las demandas históricas de los profesionales sanitarios. Se refirió al reciente acuerdo marco firmado con el Foro de la Profesión Médica que incluye, como explicó, «un área de colaboración en RR.HH. y que abarca el estudio y la definición de los criterios y garantías para el desarrollo profesional y laboral de los médicos». También incorpora -prosiguió- la definición de las estrategias para la implantación de la Gestión Clínica en los servicios de salud, como un elemento clave para la sostenibilidad del SNS.
En el transcurso de su intervención, Mato reiteró la necesidad de un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, «lo ofrecí desde el primer día de mi mandato al frente de este Ministerio, con el fin de tender puentes y aunar posturas tanto por parte de las organizaciones sociales y profesionales como de las CC.AA. y de los grupos políticos». «Es neceario más que nunca -insistió- un gran Acuerdo Nacional que, a similitud del Pacto de Toledo dote con una protección excepcional la viabilidad y sostenibilidad de los servicios básicos del Bienestar».
Se adjunta documento íntegro con la intervención de Ana Mato
Críticas de la oposición
Los grupos políticos de la oposición criticaron la gestión del primer año de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, al considerar que el deterioro del sistema sanitario ha ido en aumento, incluso algunos de los representantes de grupos políticos como PSOE e Izquierda Plural llegaron a pedir la dimisión de la actual ministra, por considerar, como en el caso del socialista Martínez Olmos «que va a acabar con la joya de la corona de los españoles», en relación a la Sanidad pública
Martínez Olmos consideró que las decisiones que ha adoptado en los meses que Mato lleva al frente del departamento perjudican la salud de los españoles, poniendo como ejemplo el derecho universal a la atención sanitaria o el copago sanitario. Al respecto, Olmos anunció que el Grupo Socialista presentará una iniciativa en el Congreso que exigirá la evaluación de las consecuencias de la aplicación del R.D. 16/2012.
Manuel Cervera, del PP, criticó, por su parte, que antes de la llegada de Mato, el Sistema Nacional de Salud estuvo «perdido y desorientado» y el Ministerio no ejerció su liderazgo, funcionó sin planificación, ni herramientas. «Se les ha olvidado hablar de los grandes hitos de gestión que ha logrado Mato. El PSOE no ha reconocido los errores cometidos anteriormente. Nadie ha tenido que pagar ninguna factura pero conocer lo que cuesta cada país sanitario es lo que hacen países europeos», indicó.
La diputada de CiU Conxita Tarruella criticó también la falta de diálogo de Mato a la hora de poner en marcha sus políticas. A su juicio, «las cosas se han hecho por decreto y sin posibilidad de colaborar», lo que hace que «se enteran de todo por la prensa» y no porque sean informados por el ministerio.
Instó a que los pacientes con enfermedades raras tengan un tope en el copago de medicamentos «bajo y, como máximo, similar al de los pensionistas», y que se introduzcan más tramos según renta de los ya creados. «No es justo que pague lo mismo el que cobra 18.000 euros que el que cobra 99.999 euros», señaló.
Para el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Gaspar Llamazares, que calificó este período como «el año negro de la Sanidad española», considera que el ahorro a corto plazo está provocando, a largo plazo un empeoramiento de la salud de los ciudadanos. Asimismo, recalcó que «en estos momentos, y ante la transformación que se le ha dado al SNS y al desmantelamiento del sistema público, se está muy lejos de alcanzar un pacto por la Sanidad», aseguró.
En línea con el anterior diputado, la portavoz de UPyD Rosa Díez recordó a Mato que «el ahorro no es siempre sinónimo de mejor eficiencia» y, como muestra de los «demoledores» efectos de la reforma sanitaria, ha citado el incremento de las quejas sobre Sanidad registradas por el Defensor del Pueblo, que se han triplicado en el último año.
Díez considera que, tras este primer año «no se ha universalizado la sanidad, no ha frenado el deterioro de los servicios sanitarios y las listas de espera continúan aumentando». Finalmente, invitó a la ministra a un acto de autocrítica y le instó a rectificar.
Isabel Sánchez, del PNV, solicitó la recuperación del principio de sanidad universal de estos últimos 30 años, así como el respeto al régimen competencial y al ordenamiento jurídico, al mismo tiempo que criticó que las CC.AA. tengan que asumir determinados costes como los de la dependencia.
Mientras, Joan Baldoví, por parte del Grupo Mixto, que también pidió la dimisión de la ministra, criticó haber dejado a los inmigrantes sin tarjeta sanitaria, «poniendo en peligro su salud y la de todos» y por haber puesto en marcha el copago, reprochando la negativa al mismo durante la campaña electoral del PP. Defendió la Sanidad pública y pidió una revisión urgente del modelo de financiación
