El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha cifrado en 5 millones de euros la cantidad recaudada por el Gobierno regional con el euro por receta, durante sus 25 días de vigencia en el mes de enero y gracias a las 7,2 millones de recetas que, según aseguró, han expedido las farmacias
Madrid, 5 de febrero de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
«Sobre el importe de 7,2 millones de recetas expedidas, la cantidad tiene que ser de unos 5 millones de euros», afirmó Ossorio. No obstante, ha matizado que aunque sí conoce la cifra de recetas expedidas, las de la cantidad recaudada no la sabe «con seguridad».
Además, el consejero recordó que algunas de las recetas expedidas, como las dirigidas a los pacientes crónicos, no estaban sujetas al euro por receta. Por otro lado, Ossorio incidió en que, aunque hay que ver la evolución de las partidas de ingresos y de gastos, «si fuera necesario se tomará algún tipo de decisión» para compensar el «desfase en los ingresos» de 83 millones de euros que puede provocar la suspensión del euro por receta.
«Es posible que suceda como el año pasado cuando recibimos 113 millones que no esperábamos y que esos 113 millones compensen los 83 del euro por receta», aventuró Ossorio en referencia al incremento de los ingresos en 2012 por encima de la cantidad estimada en las cuentas regionales.
No obstante, Ossorio recalcó que la tasa del euro por receta, que supone 83 de los 15.700 millones de euros previstos en la partida de ingresos para este año, «no es una medida que se haya establecido para obtener ingresos». «Se hizo para conseguir que no haya 100 millones de recetas como hubo en Madrid en el 2012», subrayó.
El Tribunal Constitucional dejó en suspenso la medida a finales de enero
El Tribunal de garantías suspendió, de forma idéntica a lo que resolvió el pasado día 15 de enero en relación con la misma medida que se aplicaba en Cataluña, la medida del cobro del euro por receta en la Comunidad de Madrid.
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se traduce en su suspensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
