El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Sanidad que la futura Ley de Salud Pública, anunciada por el Gobierno para los próximos meses, tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad, para que estas necesidades encuentren el debido encaje en las políticas de salud pública. Este colectivo trabaja en un documento sobre las principales propuestas en materia de discapacidad
Madrid, 27 de mayo 2009 (medicosypacientes.com)
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Sanidad y Política Social que la futura Ley de Salud Pública, anunciada por el Gobierno para los próximos meses, tenga en cuenta la perspectiva de la discapacidad, para que estas necesidades encuentren el debido encaje en las políticas de salud pública.
Con vistas a que la futura normativa incluya las demandas de la discapacidad, el CERMI está elaborando un documento de posición en la materia, en el que aparecerán sistematizadas las principales propuestas de este grupo de población.
Para el CERMI, la nueva Ley debe garantizar el acceso, la accesibilidad y la inclusión en igualdad de condiciones. En este contexto, una de las prioridades más importantes es el acceso a la asistencia prolongada y a los servicios de apoyo para las personas con discapacidad.
Los factores más destacados deben comprender la compensación de los efectos negativos de las discapacidades en términos de salud; la habilitación y la rehabilitación; la atenuación de las consecuencias económicas y sociales de la discapacidad, y de las desigualdades en materia de salud.
También han de ser objetivos importantes de cualquier política de salud pública en relación con la discapacidad la de reducir la exclusión social, eliminar obstáculos y barreras, facilitar la movilidad y aprovechar el potencial de las tecnologías de la información.
El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a más de 4.500 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los casi cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.