El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha convocó ayer, de nuevo, a los médicos funcionarios de la región para abordar el «Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril. El encuentro, retransmitido por videoconferencia en todos los Colegios de Médicos de la región, sirvió para analizar la normativa desde el punto de vista jurídico, valorándose su posible inconstitucionalidad. Los asambleistas acordaron esperar a lo que ocurra hoy, 17 de mayo, fecha en la que el RDL se va a debatir y aprobar en las Cortes, para adoptar medidas conducentes a defender sus derechos como colectivo
Ciudad Real, 17 de mayo 2012 (medicosypacientes.com)
El Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha convocó ayer, de nuevo, a los médicos funcionarios de la región para abordar el «Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones que obliga a la integración del personal funcionario al servicio de instituciones sanitarias públicas».
Durante el encuentro, retransmitido por videoconferencia en todos los Colegios de Médicos de la región (incluyendo las sedes de Alcázar de San Juan y Talavera), se analizó el Real Decreto-Ley desde el punto de vista jurídico tras una presentación del vocal de Atención Primaria del colegio de Médicos de Ciudad Real, Rafael Martínez Pardo. Se detectó, por una parte, contradicciones entre esta disposición y otras normas por las que se rigen los profesionales sanitarios como el Estatuto Marco y el Estatuto Básico del Funcionario. Podría, asimismo, incurrir en conflicto de competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado. Además, se considera que los plazos que plantea la disposición son insuficientes tanto si se opta por la integración en los servicios de salud como personal estatutario, como por permanecer la situación actual obligando a las Comunidades Autónomas a que les adscriban a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas. En ambos casos se requieren unos procedimientos de los que se desconocen los plazos.
Por otra parte, se valoró la posible inconstitucionalidad del Real Decreto-ley y la posibilidad de remitir la norma al Tribunal Constitucional para que sea él el que decida si es contrario a la Constitución. Desde un punto de vista formal, se cuestiona si el contenido de dicha disposición es realmente urgente para ser incluida en el RDL 16/2012; la incertidumbre y la falta de predeterminación normativa que tiene esta disposición produce una inseguridad jurídica, incertidumbre, en contra del principio constitucional recogido en el art. 9.3 de la Constitución, como es el de la seguridad jurídica. Además, es el Estado el que ha dictado una normativa básica sobre la función pública y es el Estado el que debe de resolver todo el desarrollo del proceso de integrase o no del funcionario, y no las Comunidades Autónomas que tienen una competencia extraordinaria para regular la situación de cómo quedarían estos colectivos. Esta falta de determinación del Estado es la que puede ser considerada inconstitucional.
Desde el punto de vista material, se recordó que los funcionarios públicos tienen unos derechos, que emanan de la propia Constitución y que no pueden ser vulnerados. Parece claro que existe una desviación del poder legislativo. En base a lo establecido por el Tribunal Constitucional, “una ley tiene que dictarse para la finalidad para la que está diseñada la Constitución, y no para una finalidad distinta, por tanto, una ley podría ser inconstitucional si burlara o desnaturalizara su propia finalidad”. En este sentido, esta disposición les da como única opción a estos profesionales médicos, obligados, por otra parte, a integrarse como estatutarios al servicio de las Comunidades Autónomas, a dejar de hacer lo que estaban haciendo, propio de su profesión”.
Tras el debate generado en torno a esta disposición, los asistentes acordaron esperar a lo que ocurra hoy, 17 de mayo, donde se va a debatir y aprobar en las Cortes el Real Decreto-ley, para adoptar medidas conducentes a defender sus derechos como colectivo.
