Tras su aprobación por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva será votado el próximo día 17 de diciembre en el Pleno del Congreso para ser enviado al Senado antes de Navidad
Madrid, 11 de diciembre 2009 (medicosypacientes.com/Europa Press)
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP y la abstención de CiU, el dictamen del proyecto de ley que reforma la legislación sobre el aborto, al que se han incorporado las últimas enmiendas pactadas por el PSOE con el PNV y Esquerra (ERC) e IU-ICV. Tras esta aprobación, el proyecto de ley será votado el próximo día 17 en el Pleno del Congreso para ser enviado al Senado antes de Navidad.
El PSOE cerró un acuerdo con el PNV para que la nueva Ley del Aborto obligue a las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo a informar al menos a uno de sus padres o tutores legales, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles «un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».
El PNV consideraba «imprescindible» la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o, en su caso, a los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años.
Igualmente, tal y como ofreció el PSOE, ambas formaciones han acordado un supuesto de excepción para aquellas menores que puedan alegar «fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo».
En la misma línea, el PNV subraya que, en virtud de su pacto con el PSOE, se evitarán «las invasiones competenciales» en las que, desde su punto de vista incurría el texto del Gobierno. Con este objetivo se modificará la redacción de varios artículos para que respeten las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas.
Los nacionalistas vascos también consideran «muy importante» que el proyecto de ley recoja textualmente la petición formulada desde del PNV «para la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo en el marco de la formación en valores, con una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres».
Objeción de conciencia
El presidente de la Comisión de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial, por su parte, consideró «positivo» que la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva reconozca, por primera vez en una norma, el derecho de los profesionales sanitarios a la objeción de conciencia frente al aborto. Sin embargo, ha solicitado que la objeción «no sea premiada ni castigada» y que todos los profesionales implicados en este proceso, también los anestesistas, tengan derecho a objetar. ?El derecho a la objeción de conciencia debe ser de todos los profesionales sanitarios que, de forma directa o indirecta, intervengan en el proceso, ya que todos los implicados, casi en la misma medida, son necesarios para llevar a cabo la tarea?, según sus palabras.
El proyecto de la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en el aborto.
Entre las condiciones para objetar es que debe hacerse por escrito y de manera individual para evitar las «objeciones colectivas» de todo un hospital o un servicio de Ginecología y para garantizar el derecho de la mujer a someterse a un aborto en un centro público.
A juicio del presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC, ?que se prohíban las objeciones de hospitales en bloque es lógico porque no es admisible que un servicio o un hospital realicen una objeción de conciencia». «Sólo las personas individuales tienen conciencia y cada uno tiene la suya y puede expresarla por escrito», aseveró.
También se mostró conforme con la posibilidad de que, con el objetivo de organizar el trabajo del día a día, se elabore en cada centro una lista de profesionales objetores al aborto. A su entender, se trata de una medida «para organizar la objeción, evitando abusos y haciendo respetar los derechos de todos».
No obstante, el registro «tiene que ser secreto» y debe manejarlo el jefe de servicio, encargado de coordinar las tareas, «sin necesidad de que llegue a manos del director del centro» y para evitar que, por practicar abortos o no, «se den premios o castigos», según el doctor Gómez Sancho.
También opinó sobre la propuesta, incluida en este proyecto de ley, de enseñar a practicar abortos a los alumnos de Medicina, en todas sus especialidades, y Enfermería. Según Gómez Sancho, en todas las carreras de Medicina «ya se estudia la técnica para practicar abortos, donde profundizan después ginecólogos y obstetras».
